Boletín n° 15: Comienza juicio contra David Castillo, nuevas pruebas vinculan a Daniel Atala.
Después de superar innumerables obstáculos interpuestos por la defensa legal del imputado David Castillo, dieron inicio las audiencias de juicio oral y público. Sin embargo, debido a una nueva recusación de parte de la defensa legal al tribunal, la cuarta en esta etapa, se suspendieron las audiencias hasta que sea resuelto este recurso por parte de la corte de apelaciones.
No obstante, el corto inicio del juicio contra David Castillo permitió presentar nuevas pruebas por el equipo legal que representa a la familia de Berta Cáceres y al COPINH que vinculan a la familia Atala con pagos realizados a David Castillo días antes del crimen en el marco de conversaciones para proveer “logística” a la estructura sicarial.
Daniel Atala transfirió a David Castillo más de 1 millón de dólares 2 días antes del asesinato de Berta Cáceres.
Daniel Atala Midence, Gerente Financiero de DESA, realizó un pago a PEMSA S.A -empresa dirigida por David Castillo en Panamá– por un monto de 1 millón 254 mil dólares. Este dinero fue transferido 2 días antes del crimen, en el marco de conversaciones para la entrega de dinero de parte de David Castillo a Douglas Bustillo, militar condenado por coordinar el operativo de asesinato.
Esta sería una de las pruebas que conecta a la autoría intelectual con el grupo sicarial ya condenado en 2018 que demuestra la forma en la que se instrumentalizan las empresas en Honduras para la realización de acciones ilícitas y criminales.
La falta de investigación por parte del Ministerio Público hondureño sobre los movimientos financieros de los implicados e investigados es evidenciado por esta iniciativa de las víctimas de presentar nuevas pruebas, más aún cuando el banco intermediario, banco BAC, es presidido por uno de los señalados autores intelectuales del crimen, Jacobo Atala Zablah.
Mientras Daniel Atala realizaba una transacción dirigiendo más de un millón de dólares a una empresa controlada por David castillo, los vaciados telefónicos dan cuenta de comunicaciones en las que David Castillo materializa un compromiso económico, un supuesto préstamo a Douglas Bustillo, horas antes de que este coordinara el operativo de asesinato de Berta Cáceres.
“Existe prueba irrefutable y contundente no sólo para la condena de Castillo, sino prueba que abre vinculaciones con otras responsabilidades que hoy gozan de impunidad” detalló Berta Zúniga en las afueras de la Corte Suprema de Justicia en una conferencia de prensa.
Las víctimas son eje fundamental de esta causa, deben ser escuchadas.
Una vez iniciado el juicio el Tribunal, negó la presencia de Laura Zúniga como víctima directa y parte de este proceso a la audiencia, y con la exclusión de observadores internacionales y de organizaciones de Derechos Humanos que habían solicitado el ingreso a la sala, como se había permitido en otras ocasiones con las medidas sanitarias pertinentes. Las víctimas tienen derecho a ser parte de los procesos que buscan esclarecer la verdad para garantizar justicia en estos casos, por lo tanto cumplen un rol prioritario dentro un juicio oral y público, no son periféricas.
Ante esta situación que continúa excluyendo a los pueblos al acceso a la justicia, Laura Zúniga envió una carta al Tribunal exigiendo respeto y garantía a sus derechos como víctima. Esto generó reacciones de parte de Organizaciones de Derechos Humanos y autoridades internacionales llamando a la realización de un juicio transparente y con todas las garantías para las víctimas de este crimen .
En Honduras la corrupción mata, la justicia debe actuar
En este país y en muchos países de Latinoamérica, existe un patrón de violencia y corrupción que asesina a quienes reivindican sus derechos y de los bienes naturales. El asesinato de Berta Cáceres tiene su origen en los actos de corrupción con los que se aprobó el funcionamiento y concesión al Proyecto Agua Zarca, de la familia Atala Zablah.
Estos actos de corrupción develados y denunciados por Berta Cáceres y el COPINH reflejan la práctica criminal de los dueños de empresas privadas que persiste en la actualidad en una serie de proyectos de generación de energía y de minería que se imponen en el país, ejemplo de estos es el caso de la comunidad de Guapinol en contra de la minera Los Pinares/ecotek de Lenir Pérez.
A pesar de las violaciones a sus derechos, las vidas que ha arrebatado la corrupción, por parte del Estado y las motivaciones criminales de la empresa de la familia Atala Zablah, de las que ha sido víctima la comunidad de Río Blanco, el COPINH ha sido excluido hasta ahora como acusación privada para ser parte del caso Fraude sobre el Gualcarque. Se sigue a la espera de la resolución de un amparo para que la Corte Suprema decida sobre el asunto. Existe un claro modelo de corrupción que estuvo enfocado en neutralizar la lucha en defensa del Río Gualcarque, que hoy sigue imperando e imponiendo sus estructuras criminales sobre los territorios.
Resumen juicio David Castillo día 1
Resumen Juicio David Castillo día 2