Carta abierta de Bertha Zuniga sobre Directiva DDSC UE (ES+EN)
RE: Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad de la Unión Europea
Estimados miembros del Parlamento Europeo, Representantes de los Estados miembros de la UE en el Consejo de la Unión Europea, Comisario Europeo de Justicia Sr. Didier Reynders, Comisario Europeo de Mercado Interior Sr. Thierry Breton,
Les escribo desde Honduras en relación con la propuesta de la Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad en la Unión Europea. En nombre del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), les pido que se asegure de que esta directiva sea lo más robusta y eficaz posible. En particular, me preocupa enormemente la limitada eficacia de esta propuesta de directiva si no incluye plenamente al sector financiero y, como tal, puede no impedir brutales abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, como los que ha sufrido mi familia.
Mi madre fue asesinada por defender los derechos de nuestra comunidad, por orden de una empresa que recibía financiación de inversionistas europeos. En nuestra lucha por la justicia, exigimos una mayor rendición de cuentas y obligaciones más estrictas a las empresas e inversionistas europeos para que respeten los derechos humanos. Por ello, nuestra comunidad y mi familia nos sentimos alentadas al saber que la legislación propuesta sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial establecerá obligaciones jurídicamente vinculantes para que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Se trata de una gran oportunidad para que la UE muestre su liderazgo a la hora de garantizar que las empresas actúen de forma responsable. Sin embargo, para que sea significativa y eficaz, la legislación debe incluir la responsabilidad de toda la cadena de valor de una empresa, permitir a las víctimas acceder a la justicia e incluir todas las relaciones comerciales, incluidas las relaciones de inversión.
Me preocupa enormemente que el proyecto legislativo no incluya plenamente las mismas obligaciones de diligencia debida para el sector financiero que para otras empresas. Además, lo que es extremadamente preocupante es la posición acordada por los Estados miembros de la UE en el Consejo de la UE de diciembre de 2022 de hacer que la inclusión del sector financiero sea opcional para los Estados miembros. En los próximos meses, a medida que esta directiva se acerque a un acuerdo final entre las tres instituciones de la UE implicadas, me consternaría ver cómo se debilita aún más el potencial de esta legislación.
Mi madre, Berta Cáceres, nació en La Esperanza, Honduras, en 1971, en el territorio del pueblo indígena Lenca. A los 22 años cofundó el COPINH, cuyo objetivo central es la defensa de los derechos territoriales y fundamentales del pueblo Lenca. Durante los últimos años de su vida, Berta Cáceres fue nombrada Coordinadora General del COPINH, y realizó una activa campaña contra las concesiones otorgadas por organismos estatales hondureños tras el golpe de Estado de 2009. Estas concesiones ilegales permitieron la explotación de tierras comunales en territorios indígenas y violaron los derechos especiales de los pueblos indígenas a ser consultados de manera libre, previa e informada.
Una de las luchas más activas fue la defensa del río Gualcarque, donde la empresa hondureña DESA intentó imponer por la fuerza el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Ante la negativa del Estado hondureño a escuchar las quejas de la población local, la comunidad estableció un bloqueo de carreteras. Al impedir efectivamente la construcción del proyecto, la empresa, en alianza con el Estado hondureño, desplegó la represión, el hostigamiento y la violencia contra las comunidades, el COPINH y especialmente contra Berta Cáceres.
Hasta los últimos días de su vida, Berta condenó la financiación y el apoyo logístico proporcionados por bancos y empresas europeas al DESA. Tras el asesinato de mi madre en marzo del 2016, estas entidades financieras y empresariales se desvincularon del crimen. Tras las detenciones de miembros de DESA, y su enjuiciamiento por su rol en el crimen, la empresa alemana y los bancos holandés y finlandés se retiraron finalmente del proyecto.
La vida de Berta Cáceres es irremplazable. Una de las líderes indígenas y sociales más importantes de Honduras fue vilmente asesinada, y los tribunales hondureños han declarado culpable al presidente de DESA por rol en la planificación y ejecución de su asesinato. Junto con el COPINH, busco justicia plena para mi madre. A pesar de saber que no volverá, deseo profundamente que nadie más tenga que vivir el dolor de un crimen así.
La situación en Honduras no es única, este tipo de delitos se repiten en varios países de América Latina y en otras regiones del mundo. Por eso, como pueblo Lenca, apoyamos la demanda de que haya una mayor regulación de las empresas, bancos e inversionistas europeas, para evitar que se repitan abusos como el que le ocurrió a mi madre. Las empresas europeas deben aplicar las mismas normas de derechos humanos que se aplican en Europa cuando operan en países como Honduras, donde la vida de quienes defienden sus territorios está seriamente amenazada.
En nuestro caso, si los inversionistas europeos hubieran estado obligados por la legislación de la UE a llevar a cabo un proceso significativo de evaluación de los riesgos para los derechos humanos, habrían concluido que el proyecto se estaba llevando a cabo sin el consentimiento de nuestras comunidades indígenas lencas y, como tal, no haber entablado una relación comercial con DESA desde el principio. Si los agentes financieros están exentos de esta legislación, no se podrán evitar nuevos casos de violencia extrema contra los defensores de los derechos humanos.
Además, es crucial que se mejore la legislación para que las comunidades afectadas como la nuestra puedan acceder a la justicia. En la propuesta de directiva siguen sin abordarse los importantes obstáculos que dificultan en la práctica la presentación de demandas complejas y costosas contra empresas de la UE. La directiva debe garantizar una distribución justa de la carga de la prueba, asegurar que los plazos de prescripción para interponer demandas de responsabilidad sean razonables, que los demandantes puedan recurrir a mecanismos de recurso colectivo y que las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos tengan derecho a interponer acciones representativas en nombre de las víctimas.
Desde su puesto, pueden ayudar a garantizar que esta legislación europea destinada a proteger los derechos humanos sea lo suficientemente sólida y eficaz como para evitar que se repitan casos como el que ha golpeado a mi familia, y que también permita a las víctimas acceder a la justicia en los tribunales europeos cuando ocurran abusos.
Atentamente,
Bertha Zúniga Cáceres, Coordinadora General
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
RE: The European Union Corporate Sustainable Due Diligence Directive
Dear Members of the European Parliament, Representatives of EU Member States on the Council of the European Union, European Commissioner for Justice Mr Didier Reynders, European Commissioner for Internal Market Mr Thierry Breton,
I am writing to you from Honduras regarding the proposed European Union (EU) Corporate Sustainable Due Diligence (CSDD) Directive. As this crucial piece of legislation is being finalised in the coming months ahead, on behalf of the Civic Council of Popular and Indigenous Organisations of Honduras (COPINH), I call on you to ensure that this directive is as robust and effective as possible. In particular, I am greatly concerned about the limited effectiveness of this proposed directive if it doesn’t fully include the financial sector, and as such it may fail to prevent brutal corporate human rights abuses, like what my family have experienced.
My mother was murdered for defending the rights of our community, on the orders of a company that was receiving funding from European investors. In our struggle for justice, we demand greater accountability and stronger obligations on European companies and investors to respect human rights. As such, our community and my family are encouraged to learn that the proposed Corporate Sustainability Due Diligence legislation will establish legally binding duties for businesses to respect human rights and the environment. This is a great opportunity for the EU to show leadership in ensuring that companies act responsibly. However, to be meaningful and effective, the legislation needs to include responsibility for a company’s entire value chain, enable victims to access justice, and to include all business relationships, including investment relationships.
I am highly concerned that the draft legislation does not fully include the same due diligence obligations for the financial sector as for other companies. Furthermore, what is extremely worrying is the agreed position of EU Member States at the Council of the EU in December 2022 to make inclusion of the financial sector optional for Member States. In the months ahead, as this directive gets closer to a final agreement between the three EU institutions involved, I would be dismayed to see the potential of this legislation weakened even further.
My mother, Berta Cáceres, was born in La Esperanza, Honduras, in 1971 in the territory of the indigenous Lenca people. At the age of 22 she co-founded COPINH, which has the aim of defending the territorial and fundamental rights of the Lenca people at its centre. During the last years of her life, Berta Cáceres was appointed General Coordinator of COPINH, and actively campaigned against concessions granted by Honduran state bodies after the coup d’état in 2009. These illegal concessions enabled the exploitation of communal land in indigenous territories and violated the special rights of indigenous peoples to be consulted in a free, prior and informed manner.
One of the most active struggles was defending the Gualcarque river, where the Honduran company DESA tried to impose the “Agua Zarca” hydro-electric project by force. Following the Honduran State’s refusal to listen to the complaints of local people, a road blockade was set up by the community. As this effectively prevented the construction of the project, the company, in alliance with the Honduran State, deployed repression, harassment and violence against the communities, COPINH and especially against Berta Cáceres.
Until the last days of her life, Berta condemned the financing and logistical support provided by European banks and companies to DESA. After my mother’s murder in March 2016, these financial and business entities disassociated themselves from the crime. Following the arrests of members of DESA, and their prosecution for their involvement in the crime, the German company, and the Dutch and Finnish banks ultimately withdrew from the project.
The life of Berta Cáceres is irreplaceable. One of the most important indigenous and social leaders of Honduras was vilely murdered, and the Honduran courts have found the president of DESA guilty for co- collaboration in ordering her murder. Together with COPINH, I seek full justice for my mother. Despite knowing that she will not return, I deeply wish that no one else has to live through the pain of such a crime.
The situation in Honduras is not unique, this type of crime can be seen repeatedly across several Latin America countries and in other regions of the world. Therefore, as Lenca people, we support the demand that there should be greater regulation of European companies, banks and investments, to avoid the repetition of abuses like what happened to my mother. European companies must apply the same human rights standards that are applied in Europe when they operate in countries such as Honduras, where the lives of those who defend their territories are seriously threatened.
In our case, had the European investors been obliged by EU law to undertake a meaningful process of assessing human rights risks, they should have assessed that the project was being undertaken without the consent of our indigenous Lenca communities, and as such, not entered into a business relationship with DESA from the outset. If financial actors are exempt from such legislation, further cases of extreme violence against human rights defenders will be failed to be prevented.
Furthermore, it is crucial that the legislation is improved to enable affected communities like ours to access justice. The significant barriers to being practically able to take complex and expensive cases against EU companies remain unaddressed in the draft directive. The directive needs to ensure a fair distribution of the burden of proof, ensure that the limitation periods for bringing liability claims is reasonable, that claimants have recourse to collective redress mechanisms, and that civil society organisations and trade unions are entitled to bring representative actions on behalf of victims.
In your position, you can help ensure that this European legislation aimed at the protection of human rights will be robust and effective enough to prevent the type of case which has affected my family from happening again, and that it also enables access to justice for victims in European courts when abuses still happen.
Sincerely,
Bertha Zúniga Cáceres, General Coordinator
The Civic Council of Popular and Indigenous Organisations of Honduras (COPINH)
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