Carta Bertha Zúniga a Comisionados de la Unión Europea – UE (ES+EN)

Bertha Zúniga, Coordinadora General del COPINH, se dirige a la Comisión Europea mediante una carta para solicitar que se garantice una legislación sólida y eficaz ante la propuesta de ley de la Unión Europea sobre un “Gobierno Corporativo Sostenible”.

“Le escribo desde Honduras en relación con la propuesta de legislación de la Unión Europea (UE) sobre Gobierno Corporativo Sostenible. En nombre del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), le pido que se asegure de que la legislación sea sólida y eficaz, con el fin de evitar los brutales abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, como los que ha sufrido mi familia.”

Sr. Didier Reynders, Comisionado de Justicia

Sr. Thierry Breton, Comisionado de Mercado Interior

Comisión Europea

28 de octubre de 2021

RE: La propuesta de ley de la Unión Europea sobre Gobierno Corporativo Sostenible

Estimado Comisionado Reynders, Estimado Comisionado Breton,

Le escribo desde Honduras en relación con la propuesta de legislación de la Unión Europea (UE) sobre Gobierno Corporativo Sostenible. En nombre del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), le pido que se asegure de que la legislación sea sólida y eficaz, con el fin de evitar los brutales abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, como los que ha sufrido mi familia.

Mi madre, Berta Cáceres, nació en La Esperanza, Honduras, en 1971, en territorio del pueblo indígena Lenca. Desde muy joven fue sensible a la condición de violencia y discriminación de las mujeres Lencas. A sus 22 años cofundó el COPINH, cuyo objetivo es defender los derechos territoriales y fundamentales del pueblo Lenca.

Decenas de comunidades Lencas se organizaron con la necesidad de obtener el reconocimiento de sus derechos de propiedad sobre las tierras ancestrales y además de luchar para la desmilitarización de Honduras.

Durante los últimos años de su vida, Berta Cáceres fue nombrada coordinadora general del COPINH, y realizó una activa campaña contra las concesiones otorgadas por organismos estatales tras el golpe de Estado de 2009. Estas concesiones ilegales permitieron la explotación de tierras y recursos comunales en territorios indígenas de todo el país. Dichas concesiones violentaron los derechos especiales de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada.

Una de las luchas más activas fue la defensa del río Gualcarque, donde la empresa hondureña DESA intentó imponer por la fuerza el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Frente a la negación del Estado de escuchar las denuncias de la población local, la comunidad estableció un bloqueo de carreteras. Al ser este un método efectivo para evitar la construcción del proyecto, la empresa, en alianza con el Estado, desplegó la represión, hostigamiento y violencia contra las comunidades, el COPINH y especialmente contra Berta Cáceres.

Desde 2013 y hasta los últimos días de su vida, Berta denunció el financiamiento y el apoyo logístico que bancos y empresas europeas brindaban a DESA. Luego del asesinato de mi madre, en marzo de 2016, estas entidades financieras y empresariales se desvincularon del crimen. Sin embargo, el impacto del crimen y la protesta pública fue tan grande que tuvieron que congelar los fondos temporalmente. Tras las detenciones de miembros de DESA y su procesamiento por su implicación en el crimen, la empresa alemana y los bancos holandés y finlandés tuvieron que retirarse del proyecto.

La vida de Berta Cáceres es insustituible. Una de las más importantes lideresas indígenas y sociales de Honduras fue vilmente asesinada y los tribunales hondureños han declarado recientemente culpable al presidente de DESA por haber colaborado en ordenar su asesinato. Ahora, junto con el COPINH, busco la justicia integral para mi madre y a pesar de saber que ella no volverá, deseo profundamente que nadie más tenga que vivir el dolor de un crimen como este.

La situación en Honduras no es única, este tipo de crímenes se repiten en varios países de América Latina y en otras regiones del mundo. Por eso, como pueblo Lenca, apoyamos la demanda de que haya una mayor regulación de las empresas, bancos e inversiones europeas, para evitar que se repitan abusos como el que le ocurrió a mi madre. Las empresas europeas deben aplicar las mismas normas de derechos humanos que se aplican en Europa cuando operan en países como Honduras, en el cual la vida de quienes defienden los territorios está seriamente amenazada.

Es muy alentador para nuestras comunidades saber que la Comisión Europea tiene previsto proponer una legislación que establezca obligaciones jurídicamente vinculantes para que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Se trata de una gran oportunidad para que la UE muestre su liderazgo a la hora de garantizar que las empresas actúen de forma responsable. Sin embargo, para que sea significativa y eficaz, la legislación debe tener un amplio alcance. Debe incluir la responsabilidad de toda la cadena de valor de la empresa y abarcar todas las relaciones comerciales, incluidas las de inversión.

La legislación debe también exigir a las empresas que se comprometan de forma significativa con las comunidades afectadas y los defensores de los derechos humanos. En nuestro caso, si las empresas y los bancos europeos hubieran estado obligados por la legislación de la UE a llevar a cabo un proceso significativo de evaluación de los riesgos para los derechos humanos, deberían haber evaluado que el proyecto se estaba llevando a cabo sin el consentimiento de nuestras comunidades indígenas Lencas, y como tal, no haber entablado una relación comercial con DESA desde el principio.

Por último, dadas las graves e importantes amenazas a las que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, la legislación debería exigir a las empresas que evalúen y aborden explícitamente los riesgos de represalias relacionados con su cadena de valor como parte del proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente.

Comisario Reynders, y Comisario Breton, pueden ayudar a garantizar que esta legislación europea destinada a la protección de los derechos humanos sea lo suficientemente sólida y eficaz como para evitar que este tipo de casos se repitan, y que también permita el acceso a la justicia de las víctimas en los tribunales europeos cuando se produzcan abusos.

Atentamente,

Bertha Zúniga Cáceres Coordinadora general

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)


Mr Didier Reynders, Commissioner for Justice

Mr Thierry Breton, Commissioner for Internal Market

European Commission

28th October 2021

RE: The proposed European Union law on Sustainable Corporate Governance

Dear Commissioner Reynders, Dear Commissioner Breton,

I am writing to you from Honduras regarding the proposed European Union (EU) Sustainable Corporate Governance legislation. On behalf of the Civic Council of Popular and Indigenous Organisations of Honduras (COPINH), I call on you to ensure that the legislation is robust and effective, in order to prevent brutal corporate human rights abuses, like what my family have experienced.

My mother, Berta Cáceres, was born in La Esperanza, Honduras in 1971 in the territory of the indigenous Lenca people. From a very young age, she was sensitive to the violence and discrimination experienced by Lenca women. At the age of 22 she co-founded COPINH, which has the aim of defending the territorial and fundamental rights of the Lenca people at its centre. Dozens of Lenca communities organised themselves to fight to obtain recognition of their property rights over their ancestral lands, and to fight for the demilitarisation of Honduras.

During the last years of her life, Berta Cáceres was appointed General Coordinator of COPINH, and actively campaigned against concessions granted by state bodies after the coup d’état in 2009. These illegal concessions enabled the exploitation of communal land and resources in indigenous territories throughout the country. They violated the special rights of indigenous peoples to be consulted in a free, prior and informed manner.

One of the most active struggles was defending the Gualcarque river, where the Honduran company DESA tried to impose the “Agua Zarca” hydroelectric project by force. Following the Honduran State’s refusal to listen to the complaints of local people, a road blockade was set up by the community. As this effectively prevented the construction of the project, the company, in alliance with the Honduran State, deployed repression, harassment and violence against the communities, COPINH and especially against Berta Cáceres.

From 2013 until the last days of her life, Berta condemned the financing and logistical support provided by European banks and companies to DESA. After my mother’s murder in March 2016, these financial and business entities disassociated themselves from the crime. However, the impact of the crime and the public outcry was so great that they temporarily froze their funding. Following the arrests of members of DESA, and their prosecution for their involvement in the crime, the German company, and the Dutch and Finnish banks ultimately withdrew from the project.

The life of Berta Cáceres is irreplaceable. One of the most important indigenous and social leaders of Honduras was vilely murdered, and the Honduran courts have recently found the president of DESA guilty for co- collaboration in ordering her murder. Together with COPINH, I seek full justice for my mother. Despite knowing that she will not return, I deeply wish that no one else has to live through the pain of such a crime.

The situation in Honduras is not unique, this type of crime can be seen repeatedly across several Latin America countries and in other regions of the world. Therefore, as Lenca people, we support the demand that there should be greater regulation of European companies, banks and investments, to avoid the repetition of abuses like what happened to my mother. European companies must apply the same human rights standards that are applied in Europe when they operate in countries such as Honduras, where the lives of those who defend their territories are seriously threatened.

It is deeply encouraging to our communities to hear that the European Commission is planning to propose legislation that will establish legally binding duties for businesses to respect human rights and the environment. This is a great opportunity for the EU to show leadership in ensuring that companies act responsibly. However, to be meaningful and effective, the legislation needs to be broad in scope. It needs to include responsibility for a company’s entire value chain, and include all business relationships, including investment relationships.

The legislation must also require companies to meaningfully engage with affected communities and human rights defenders. In our case, had the European companies and banks been obliged by EU law to undertake a meaningful process of assessing human rights risks, they should have assessed that the project was being undertaken without the consent of our indigenous Lenca communities, and as such, not entered into a business relationship with DESA from the outset.

Finally, given the grave and significant threats faced by human rights defenders around the world the legislation should require companies to explicitly assess and address risks of reprisals linked to their value chain as part of the human rights and environmental due diligence process.

Commissioner Reynders, and Commissioner Breton, you can help ensure that this European legislation aimed at the protection of human rights will be robust and effective enough to prevent this type of case from happening again, and that it also enables access to justice for victims in European courts when abuses do happen.

Sincerely,

Bertha Zúniga Cáceres, General Coordinator

The Civic Council of Popular and Indigenous Organisations of Honduras (COPINH)


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