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Boletín: David Castillo debe ser juzgado y castigado por el asesinato de Berta Cáceres.

Causa Berta Cáceres.

24 de agosto de 2020. (HERE in English)

La justicia hondureña por norma debió haber juzgado a David Castillo por su involucramiento como co autor en el asesinato de Berta Cáceres antes del 2 de marzo de 2020. Sin embargo, cerca de 2 años y medio del inicio del proceso y 4 años y medio después del crimen, no ha habido juicio oral para la persona que es enlace entre el grupo sicarial y quienes tomaron la decisión.

La audiencia preliminar, en la que se decide el paso a la etapa de juicio oral se suspendió en 4 oportunidades por las prácticas dilatorias de la defensa de Castillo, esta fue concluida el pasado viernes 21 de agosto no sin grandes preocupaciones por parte de las víctimas debido a serias irregularidades.

El juez Carlos Irías quien desarrolló el final de la audiencia tiene 3 días para dar resolución y definir el paso del proceso a juicio oral y público.

La Corte Suprema de Justicia cambió la jueza del caso.

Dos días antes de realizarse la audiencia, se anunció el cambio intempestivo de la Jueza Liseth Vallecillo, quien conoció el proceso desde sus inicios y que así mismo, junto a la corte de apelaciones y el poder judicial, permitió los injustificados retrasos.

La jueza fue reemplazada por el juez de Jurisdicción Nacional Carlos Irías, por lo que el equipo legal denunció la violación al principio jurídico de inmediación.

Este tipo de maniobras genera preocupación y sospechas sobre los motivos de la separación de la jueza. El COPINH ha exigido que se esclarezcan los motivos y si tiene relación con actos de corrupción para beneficiar a David Castillo, derivados de influencias indebidas propiciadas por el retraso del proceso judicial y por la clara búsqueda de impunidad en este caso.

Audiencia preliminar sin transparencia y sin víctimas.

El actual juez Carlos Irías León, actuando de manera arbitraria expulsó a las víctimas del proceso de la sala de audiencias, violando su derecho de ser parte del proceso y a su vez, negó la posibilidad de transmitir de manera pública y transparente un proceso de interés público y de alto impacto, como el mismo poder judicial ha catalogado . 

Días antes de la realización de esta audiencia preliminar, la Misión de Observación Calificada del proceso de búsqueda de justicia en la causa Berta Cáceres, compuesta por organizaciones y personas expertas en derechos humanos y procesos judiciales, envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando se garantice la publicidad, así mismo la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos . Sin embargo fue desoído .

El derecho a la participación de las víctimas, a la publicidad y transparencia del proceso, claramente despierta mucho temor de los sectores de poder involucrados en este crimen. Quienes pretenden un proceso amañado sin verdad, justicia o reparación.

Justicia asediada.

Claramente las demoras del proceso han sido utilizadas por las personas involucradas en el crimen para realizar influencias indebidas para favorecer a David Castillo y así intentar evitar un juicio en el que salga la verdad.

La familia Atala, determinadores de la muerte de Berta Cáceres, intentan evitar a toda costa que David Castillo sea sentenciado, puesto que este es el vínculo directo con sus acciones criminales y la verdad de la planificación del asesinato de Berta Cáceres. Por eso intentan influir en actores de un sistema de justicia ya corrompido.

La prueba es contundente contra David Castillo, Daniel Atala y los Atala Zablah.

El abogado Juan Sánchez Cantillano, quien fue parte de las acusaciones y criminalización contra Berta Cáceres antes de su asesinato, pretenden con un discurso que nadie cree, cuestionar la prueba de los vínculos de David Castillo con los ya condenados por la autoría material, como con Daniel Atala Midence, quien efectuó pagos con la orden de los hermanos Atala Zablah, para perseguir, atacar, instrumentalizar a las fuerzas de seguridad del Estado y finalmente dar muerte a Berta para terminar con la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. 

Sin embargo, sus propias comunicaciones hablan y se puede constatar en los más de 30 tomos que existen en los expedientes 388-2017 y 414-2018 por el asesinato de Berta Cáceres.

David Castillo debe ser llevado a juicio oral y público y sentenciado como co-autor del asesinato de Berta Cáceres. El poder judicial está en el deber de resolver en juicio oral, con todas las garantías de la ley,  los estándares que la causa y que todo el pueblo exige en favor de la verdad y la justicia integral.