La justicia para Berta está en riesgo.
El COVID-19 COMO EXCUSA PARA LIBERAR A ASESINOS (HERE in English)
El pasado 7 de Abril COPINH denunció que trabajadores de la familia Atala Zablah, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Berta Cáceres, pudiesen ser puestos en libertad aprovechando la crisis por el Covid-19. Así también la posible excarcelación para David Castillo, el único autor intelectual que ha sido capturado hasta la fecha.
La liberación selectiva de violadores de derechos humanos, es una muestra más de la corrupción e impunidad que promueve la dictadura de Juan Orlando Hernández. Mientras defensores y defensoras de los ríos, de la tierra, son criminalizados y judicializados, como es el caso de los compañeros de Guapinol y como lo hicieron con Berta Cáceres, el Estado de Honduras y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) demuestran claramente la injusticia en los privilegios y la protección de la que gozan -como es el caso de David Castillo- agresores, asesinos y responsables de crímenes como el de Berta Cáceres.
Hasta la fecha el INP no ha contestado las exigencias de información sobre la posible excarcelación y privilegios en que se mantienen los asesinos de Berta Cáceres.
Rep. Jim McGovern: “Honduras no debe usar el coronavirus como excusa para liberar a los hombres que asesinaron a Berta Cáceres” Congresista EE.UU
Erika Guevara Rosas: “El COPINH denuncia información sobre la posible liberación de dos de los condenados por el asesinato de la prominente defensora de los derechos humanos y lideresa Lenca #BertaCáceres” Directora para Las américas @AmnistiaOnline.
TeleSur: Alerta, dos asesinos de Berta Cáceres podrían ser liberados en Honduras
Criterio.hn: Asesinos de Berta Cáceres serían dejados en libertad en medio de crisis: alerta el Copinh
¿Y EL JUICIO DE DAVID CASTILLO CUANDO?
A 4 meses del término de privilegiada prisión preventiva que cumple David Castillo por su responsabilidad en el crimen de Berta Cáceres, a su defensa no le ha quedado más que inventar otra campaña de difamación en contra del COPINH, ante la claridad de las pruebas que lo vinculan al crimen. El pasado 10 de Octubre se suspendió por tercera vez la audiencia preliminar en contra de David Castillo por las acciones dilatorias de su defensa.
Actualmente, se está a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva un recurso que fue interpuesto de manera irregular por la defensa de David Castillo, hace más de 6 meses, con el que buscan anular prueba fundamental sobre la vinculación de los criminales.
Este juicio pondrá en evidencia pública la participación de David Castillo en la coordinación del asesinato junto a Douglas Bustillo, así como su rol de enlace como eslabón clave hacia la familia Atala Zablah. Los medios de prueba son claros e involucran a sectores de poder económico, político y militar, que hoy mismo, en medio de esta crisis, representan la descomposición del estado hondureño.
BCIE vende su participación para desvincular su responsabilidad en crimen de Berta Cáceres.
El COPINH sobre desvinculación del BCIE al proyecto Agua Zarca
La desvinculación del BCIE de dicho proyecto de muerte, responde a la claridad que ya existe en la responsabilidad que tuvieron sus socios, la familia Atala Zablah, como responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, y por lo cual, sus empleados fueron ya condenados con una sentencia que ratificó el “consentimiento de la junta directiva de DESA” en los sistemáticos ataques, persecución, violencia y finalmente asesinato de Berta.
El BCIE no retiró su financiamiento consciente de su responsabilidad en la muerte de 6 compañeras y compañeros en Río Blanco y de Berta. La salida que escogió el BCIE es la de vender la deuda a un consorcio suizo, dando paso a que se pueda reactivar el proyecto hidroeléctrico.
Es decir, el Río Gualcarque, que defendió Berta Cáceres, aún sigue concesionado ilegalmente y con inversionistas. Así también siguen amenazadas las comunidades del proyecto “Tren de carga para Honduras”, que invadiría a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur en la isla de Amapala, territorios ya criminalizados y amenazados de ser desplazados, y detrás de esto el apoyo económico del BCIE..