¿Por qué deben ser condenados los ex-funcionarios involucrados en el caso Fraude sobre el Gualcarque?
En marzo de 2016, el asesinato de Berta Cáceres conmocionó al mundo. Su incansable lucha por la protección de los territorios de la comunidad Lenca y su oposición al Proyecto Agua Zarca la enfrentaron a poderosos intereses, que acabaron con su vida.
El proyecto Agua Zarca, impulsado por la empresa de la familia Atala Zablah, tenía como objetivo la explotación del Río Gualcarque para la generación de supuesta “energía renovable” para el Estado de Honduras. Sin embargo, la comunidad de Río Blanco denunció las ilegalidades y la violencia asociada al proyecto, desenmascarando un entramado de corrupción en la concesión.
Durante el juicio oral y público que finalizó el 23 de marzo de 2023, la Comunidad de Río Blanco fue aceptada como víctima, y se demostró que la concesión del Río Gualcarque fue un fraude que involucraba corrupción, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos por parte de funcionarios públicos.
En este proceso judicial, se escucharon testimonios cruciales de la comunidad indígena y expertos técnicos. Así mismo, fue obligado a testificar el empresario Jacobo Atala Zablah, presidente de inversiones Las Jacarandas y uno de los dueños de la empresa DESA, por su relación con los hechos.
Se logró demostrar que en 2007, David Castillo, miembro de la Junta de Intervención de las Fuerzas Armadas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), conoció los planes estatales para la explotación del río Gualcarque, y utilizó esta información para crear “Agua Zarca” junto a Carolina Castillo. A su vez, David Castillo tuvo en su poder comunicaciones sobre el contrato para DESA y participó de la reunión de Junta Directiva 1078 en la que se discutía la aprobación del contrato.
También se ha descubierto que el proyecto fue ilegal desde su concepción, al no cumplir con los requisitos mínimos establecidos. Además, existía otro proyecto en la zona, propiedad de la ENEE, conocido como “Gualcarque 420”.
En 2009, utilizando a Roberto Abate y Yovani Abate como testaferros, David Castillo fundó la empresa DESA mientras ocupaba el cargo de Coordinador de Gestión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La empresa DESA, no adquirió la licencia ambiental necesaria antes de formalizar el contrato de venta de energía al Estado de Honduras. La Comisión Nacional de Energía confirmó esta falta, revelando una grave omisión en el cumplimiento de los requisitos ambientales esenciales para el proyecto.
El proyecto Agua Zarca y sus contratos se vieron envueltos en ilegalidades, resultando en un fraude al Estado por un total de 370 millones de lempiras. A pesar de las irregularidades, el Estado se comprometió a pagar esta suma, generando un compromiso económico significativo.
Un peritaje presentado por el Ministerio Público evidenció que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca no era viable debido a deficiencias en el volumen de agua requerido. Además, se descubrió que el documento de compraventa del terreno donde se construiría la represa era falso, constituyendo un claro caso de fraude.
Otra de las irregularidades que se demostró en el juicio fue que los contratos de operación y de aguas emitidos por la SERNA carecían de legalidad al no cumplir con los requisitos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Asimismo, la empresa DESA, de la cual Castillo y la familia Atala formaban parte, no obtuvo la licencia ambiental antes de la firma del contrato de venta de energía al Estado hondureño.
La empresa DESA, presentó un estudio de factibilidad, realizado cuando no tenían permiso para hacerlo. El permiso para realizar el estudio fue dado el 14 de diciembre de 2009 y el estudio fue realizado en octubre de 2009. Aún así fue aprobado por los funcionarios de la SERNA. A su vez, el contrato hecho por David Castillo para que su empresa DESA fuese beneficiada por el Estado contenía beneficios ilegales, como la compra de Potencia, puesto que este beneficio era solo para empresas licitantes y DESA no lo era.
Se logró comprobar que David Castillo y Martínez Lozano, promovieron la firma del contrato 043-2010 entre DESA y la ENEE, sin que DESA estuviera inscrita en la ONCAE, requisito obligatorio para vender al Estado.
Otra de las pruebas que demuestran la culpabilidad de los imputados fue la confirmación la falsificación de documentación pública por parte del ex-alcalde de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda Pineda, quien afirmó haber realizado una consulta con la comunidad, cuando en realidad nunca tuvo lugar. Este documento fue utilizado por David Castillo y la abogada Karla Aguilar en trámites públicos relacionados con el proyecto.
Los seis acusados en este caso, quienes se enfrentan a cargos de corrupción son:
- Roberto David Castillo Mejía: Ex-militar, ex funcionario de la ENEE. Gerente de la empresa DESA y co-autor del asesinato de Berta Cáceres.
- Roberto Aníbal Martínez Lozano: Ex-gerente general de la Empresa Nacional de Energía (ENEE).
- Carolina Lizeth Castillo Argueta: Ex-Funcionaria de la ENEE, asesora legal de DESA
- Luis Eduardo Espinoza Mejía: Técnico de la SERNA.
- José Mario Carbajal Flores: Jefe de Hidrología y Climatología de SERNA.
- Raúl Pineda Pineda: Ex-alcalde de San Francisco de Ojuera.
El viernes 3 de abril se conocerá el fallo del juicio que dejó en evidencia a los funcionarios públicos implicados en el fraude, pero aún queda pendiente la responsabilidad de aquellos que se beneficiaron de esta corrupción: la familia Atala Zablah.