Juicio del Fraude sobre el Gualcarque ¡Sin avances, sin justicia!
Por falta de resolución de la Sala de lo Constitucional de la nueva Corte Suprema de Justicia se mantiene sin sentencia el caso de Fraude Sobre el Río Gualcarque.
Seguimos exigiendo que la Justicia sentencie a los corruptos que fueron la raiz de la violencia sufrida por la comunidad de Río Blanco y del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
En marzo de este año, finalizó el Juicio en el caso del Fraude Sobre el Río Gualcarque en donde se evacuaron decenas de medios de prueba, entre testimonios, documentos y pericias, que demostraron la responsabilidad penal de las 6 personas imputadas en los delitos de Fraude, Violación de Deberes de los Funcionarios, Falsificación de Documento, Uso de Documento Falso y Usurpación de Funciones.
En el juicio se demostró que todos los delitos se realizaron en una articulación criminal y corrupta de funcionarios del Estado para beneficiar a la empresa DESA creada por David Castillo y posteriormente de la familia Atala Zablah, en violación de los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco. Se estableció claramente que la constitución de dicha empresa y sus actuaciones fueron abiertamente corruptas con el objetivo de obtener millonarios financiamientos internacionales.
Los actos de corrupción fueron realizados entre los años 2009 y 2012 para otorgar ilegalmente la concesión del Río Gualcarque a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) en fraude al Estado de Honduras y la comunidad Lenca, por parte de Roberto David Castillo Mejía, asistente de la gerencia de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, Gerente de la ENEE, Carolina Castillo Argueta, asistente de la gerencia de la ENEE, Raúl Pineda Pineda, alcalde de San Francisco de Ojuera, Luis Espinoza Mejía, director de recursos hídricos de SERNA y José Carbajal Flores, jefe de hidrología de SERNA.
En junio de 2022, la defensa de David Castillo presentó un recurso de amparo con el objetivo de exculparlo en el caso, alegando la solicitud de amnistía.
No obstante, en abril de 2022, el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción rechazó por unanimidad la petición de amnistía, dejando claro que no se concedería ningún tipo de exoneración a Castillo. Debido a que el no cumple con los parámetros del decreto de amnistía, y por lo tanto no es amnistiable.
La resolución de este proceso se encuentra paralizada debido a un recurso de reposición presentado por la defensa de David Castillo el 16 de marzo de 2023, contra la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, la cual desestimó el recurso de amparo el 17 de octubre de 2022.
Hasta la fecha, la resolución de este amparo no ha sido emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La demora en esta revisión genera incertidumbre sobre el avance y la conclusión de este caso.
Una vez más, la justicia en Honduras retrasa la toma de decisiones en un fallo emblemático que establecerá un precedente en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas de Honduras.
Este caso marca la primera vez en la que una comunidad indigena es parte activa en un proceso de corrupción que afectó sus derechos humanos y que además, culminó con el asesinato de una líder indígena y ambientalista como Berta Cáceres. El ejercicio pleno de los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco en este proceso es significativo y trascendental en la lucha por los Derechos de las comunidades.