Honduras: Víctimas Lencas encabezan movilización durante juicio de Berta Cáceres, exigen captura de autores intelectuales, inclusión en caso de corrupción y cancelación de proyectos inconsultos en territorios del país
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Tegucigalpa, Honduras | 17 de mayo de 2021
Víctimas y sus aliados del mortífero modelo extractivo hondureño salieron a las calles de la capital del país para exigir el cese inmediato de los proyectos energéticos, mineros, turísticos y forestales que empresas privadas están ejecutando con todo el apoyo del Estado mediante actos de violencia y corrupción, y sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y rurales afectadas.
La movilización masiva fue convocada por el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y acompañada por los movimientos territoriales, feministas y estudiantiles después de 18 días de juicio contra David Castillo, acusado de ser coautor y parte de la estructura criminal detrás del asesinato de Berta Cáceres, cofundadora del COPINH y organizadora del movimiento indígena y social que fue asesinada en su hogar el 2 de marzo de 2016 para frenar su lucha contra la imposición del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
Este proyecto, propiedad de la familia Atala Zablah, no contó con el consentimiento del pueblo Lenca afectado, por lo que fue impuesto en confabulación con las fuerzas armadas y alcaldías locales, complicidad que ha sido evidenciada durante la exposición de las pruebas en el proceso contra David Castilo. La lideresa Lenca, mujer, defensora del territorio hondureño, fue reconocida nacional e internacionalmente por su labor de reivindicación de los derechos indígenas soberanos para la protección de la tierra, el agua, los bosques, y por denunciar un modelo económico y político extractivo, basado en el despojo que proliferó en Honduras tras el golpe de Estado de 2009.
El Consejo Indígena Lenca de Río Blanco organizado en el COPINH, en representación de las víctimas del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, lideraron la movilización que culminó en la Corte Suprema de Justicia, donde presentaron el personamiento para ser reconocidos como víctimas legales y acusación privada en el caso conocido como “Fraude en Gualcarque”, un caso paralelo al juicio por el asesinato, que expone cómo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, respaldado por inversiones multimillonarias de bancos multilaterales, recibió sus licencias para operar mediante actos de corrupción y reproduciendo patrones de violencia sobre las comunidades afectadas.
Las comunidades Lencas de Río Blanco fueron víctimas de violencia, amenazas, atentados, criminalización y vieron destruidos sus cultivos de subsistencia en el marco de la implementación ilegal del proyecto energético. Además, la empresa hidroeléctrica también negoció un acuerdo fraudulento de compra de energía con el Estado hondureño para defraudar en decenas de millones de dólares a Honduras. Hasta la fecha, los tribunales han rechazado la participación legal del COPINH en el caso de fraude a petición de los acusados, entre ellos David Castillo, pero es imposible negar que el pueblo Lenca de Río Blanco sea víctima del proyecto Agua Zarco y la acción legal de hoy debería llevar a su inmediata incorporación al proceso judicial.
“Para una familia económica y políticamente súper privilegiada como los Atala Zablah, era imposible que una mujer indígena cuestionara su lógica machista, capitalista y racista. Después de una larga campaña de desprestigio, vigilancia, ataques y criminalización basada en el odio, el racismo y la misoginia, el crimen contra Berta Cáceres fue cometido por una estructura criminal debido a los costos políticos y económicos para la familia Atala Zablah. Exigimos justicia para Berta, la captura de los autores intelectuales quienes no están siendo procesados y justicia para Honduras con la cancelación de los proyectos que no cuentan con el consentimiento de las comunidades afectadas”, dijo Berta Zúniga, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora general del COPINH.
Los tribunales deberán responder a la solicitud del Consejo Indígena de Río Blanco de ser incorporado como víctima en el caso “Fraude sobre el Gualcarque,” en un plazo de tres días, mientras que el juicio por asesinato se prevé que se prolongue hasta junio. Hasta la fecha, el Estado de Honduras ha negado procesar los autores intelectuales detrás del asesinato de Berta Cáceres, a pesar de las abrumadoras pruebas que apuntan al papel de los ejecutivos de la familia Atala Zablah en el crimen.
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