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CARTA PÚBLICA

Honduras debe respetar el derecho de las víctimas indígenas a participar en las causas judiciales que les afecten.

(English below)

Las organizaciones abajo firmantes instamos al Estado de Honduras a garantizar y respetar los derechos de las victimas indígenas lencas y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) del proceso penal “Fraude sobre el Gualcarque” en Honduras.

Las audiencias contra 16 funcionarios, acusados de haber otorgado ilegalmente la concesión para operar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el sagrado río Galcarque se están celebrando sin la participación de personas y comunidades lencas afectadas directamente y su representación legítima, el COPINH.

Berta Cáceres, como fundadora y coordinadora del COPINH denunció las ilegalidades incurridas al otorgar las licencias y permisos. Después de las debidas investigaciones, en marzo de 2019, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC, ahora UFERCO) presentaron requerimiento contra de 16 funcionarios, entre ellos David Castillo, por delitos contra la administración pública para lograr la explotación del Río Gualcarque, entre estos: delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.

Aunque al inicio del proceso, el COPINH participó como víctima y como acusación privada, a solicitud de la defensa de los imputados, fue excluido por la Corte de Apelaciones Penal Nacional en materia de Corrupción. En Noviembre de 2019, COPINH presentó amparo para garantizar sus derechos constitucionales de participar en el proceso penal, fue admitido el 23 de enero de 2020 por la Sala de lo Constitucional sin embargo no ha sido resuelto. Ahora, el caso judicial ha avanzado considerablemente y las audiencias de pruebas se desarrollan sin dicha resolución y por ende si participación de las víctimas.

Las demoras del Poder Judicial en responder a las acciones legales en un plazo oportuno están teniendo un impacto negativo para las víctimas y sus derechos constitucionales acceso a la justicia, al debido proceso y derechos fundamentales contemplados en convenciones internacionales en materia de pueblos indígenas para participar en la búsqueda de la justicia.

Requerimos que el Estado de Honduras tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, y, en particular, llamamos a resolver prontamente el recurso pendiente y a permitir la participación directa del COPINH y la comunidad de Río Blanco en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”.

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Honduras must respect the right of Indigenous Lenca victims to participate in legal cases that affect them
The undersigned organizations demand the reintegration of the Lenca Indigenous victims and the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH) in the “Fraud on the Gualcarque” criminal proceedings in Honduras.

The hearings against 16 public functionaries, accused of having illegally granted the concession to Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) to operate the Agua Zarca hydroelectric project on the sacred Galcarque River are being held without the participation of the Lenca People from Rio Blanco, who are directly affected by the project, and their legitimate representation, COPINH.

Berta Cáceres, as founder and coordinator of COPINH, denounced the illegalities incurred when the license was granted. After due investigations, in March 2019, the Mission of Support against Corruption and Impunity in Honduras (MACCIH) and the Special Fiscal Unit against Corruption and Impunity (UFECIC, now UFERCO) presented an indictment against 16 public officials, among them David Castillo, for crimes against the public administration to obtain the concession on the Gualcarque River. They were charged with fraud, abuse of authority, violation of the duties of officials, negotiations incompatible with the exercise of public functions, and falsification of documents to the detriment of the State.

Although COPINH began the process as a victim and participated through a private accusation, at the request of the defense, the organization was excluded by the Special Court for Corruption. In November 2019, COPINH presented an injunction (amparo) to guarantee its constitutional and international rights to participate in the criminal process, but it was not until September 2020 that the Constitutional Chamber admitted the legal action. Now, the judicial case has advanced considerably and the evidentiary hearings have proceeded without the participation of the victims due to the lack in response regarding the amparo.

The delays by the judiciary in responding to legal actions in a timely manner are having a negative impact on the victims and their guaranteed rights of access to justice, due process, and fundamental rights under international conventions regarding Indigenous Peoples to participate in the pursuit of justice.

We demand that the State of Honduras take all necessary measures to guarantee the rights of the victims to truth and justice, and in particular, we call for the prompt resolution of the pending amparo and to immediately allow the direct participation of COPINH and the community of Río Blanco in the case “Fraud on the Gualcarque”.