Boletín N° 7: La prisión preventiva de David Castillo no ha vencido
Causa Berta Cáceres – 07/09 /2020 (HERE in English)
Hoy se realizará la audiencia de revisión de la medida de la prisión preventiva para el imputado David Castillo. Si bien el Código Procesal Penal hondureño contempla que transcurridos 2 años y medio el imputado deberá ser puesto en libertad, en su artículo 181 establece que
“Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar.” Código Procesal Penal Art. 181. Párr. 6
Esto implica que el conteo del tiempo que Castillo ha estado guardando prisión debe contemplar los múltiples retrasos ocasionados por su defensa en el proceso. Ejemplo de esto son las 4 ocasiones en las que fue suspendida la audiencia preliminar que finalmente culminó el pasado 21 de agosto. Suspensiones ocasionadas, por acciones dilatorias de la defensa.
A esto deben sumarse otros como la suspensión de actividades en el sector público debido a la crisis sanitaria por COVID-19, las peticiones de suspensiones de audiencias y dilaciones permitidas por la jueza Vallecillo. El recurso de apelación interpuesto por la defensa el 15 de octubre de 2019 cuya resolución fue notificada hasta el pasado 3 de agosto, ha ocasionando un retraso de 10 meses por sí solo.
Con este último hecho, es claro que la prisión preventiva de Castillo no ha vencido. En un conteo real vencería mínimamente en julio de 2021.
Se avanza hacia el juicio contra Castillo.
La audiencia a desarrollarse el día de hoy, hace parte del procedimiento de preparación del debate, luego de esta audiencia se convocaría a la de proposición de prueba para el debate y posteriormente al debate mismo.
El debate es como técnicamente se identifica a lo que comúnmente conocemos como el juicio, donde las representaciones del victimario y de las víctimas presentarán las pruebas y argumentos para que el tribunal emita una sentencia.
El tribunal que tendrá a su cargo el proceso está compuesto por las juezas Delia Lizeth Villatoro quien preside, Esther Carolina Flores y el juez José Anaim Orellana.
Las víctimas exigen garantías y debido proceso.
El proceso de búsqueda de justicia para Berta Cáceres es una lucha del pueblo indígena lenca, del COPINH y del pueblo hondureño en general. Por esto que las hijas e hijo de Berta han solicitado reiteradamente la exigencia de garantías y debido proceso. Esto implica que las audiencias sean realmente públicas y las actuaciones transparentes. “No permitiremos maniobras que enturbien nuestro proceso de lucha por la verdadera justicia para Berta Cáceres” Expresó Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del COPINH.
La publicidad del juicio y la participación de las víctimas son derechos contemplados en la constitución de Honduras, sin embargo, el Poder Judicial los omite. Un verdadero proceso de justicia debe tener a las víctimas como centro y fin. En este proceso a las víctimas se les ha impedido asistir a las audiencias y se ha negado la observación.
En la última conferencia de prensa convocada por el COPINH, las víctimas y el equipo legal de la Causa, Joseph Berra, miembro de la misión de Observación calificada y representante del Instituto de la Promesa, Universidad de California afirmó “(…) las víctimas no han tenido la participación debida. La publicidad es un principio muy importante. Se está poniendo a prueba al sistema judicial en Honduras, hay mecanismos que podrían servir al derecho de la verdad no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad”.
David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres.
En este juicio se va a juzgar a uno de los coautores del crimen contra Berta Cáceres, Roberto David Castillo Mejía, detrás del quien se esconde la estructura criminal. La familia Atala Zablah, utilizó a David Castillo para realizar el crimen contra Berta Cáceres, así lo demuestran sus comunicaciones. Ellos fueron los principales afectados y Castillo era su empleado.
La información recolectada de los teléfonos celulares de Daniel Atala, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, así como la información de las comunicaciones del Mayor del ejército Mariano Díaz con los sicarios demuestran claramente la participación de Castillo y la familia Atala Zablah en el asesinato.