Actualización causa Berta Cáceres

Actualización

La Causa Berta Cáceres es un llamado a la justicia de los pueblos indígenas, de las mujeres luchadoras hondureñas. Es la resignificación de la vida, pensamiento y acción de la compañera en su dimensión para la lucha histórica del pueblo hondureño. Representa una intencionalidad de muchas organizaciones, pueblos y personas del mundo que encuentran en la lucha de Berta un reflejo de la enorme criminalidad que se instala a diario y la necesidad de reforzar la esperanza, de ahí que usemos sus palabras como lema.

A 42 meses del asesinato, los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni juzgados. Más de 3 años han pasado y el proceso de David Castillo Mejía, quien jugó un rol de enlace entre la estructura sicarial y los autores intelectuales del crimen, sigue detenido a un año y medio de su captura y a 6 meses de que termine su prisión preventiva.

El 2 de marzo de 2018 se produjo la captura de David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA, único autor intelectual detenido por el asesinato de Berta Cáceres. Un año después, en marzo de 2019, la UFECIC en conjunto con la MACCIH, emitió un requerimiento fiscal a 16 funcionarios públicos por los delitos cometidos en la licencia ambiental otorgada a DESA para la imposición del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

La semana pasada, la corte de apelaciones revocó la decisión de la jueza de que el COPINH sea parte de este proceso como víctima del caso, excluyendo, al igual que en el juicio por la autoría material el año pasado, a la familia y a las comunidades organizadas en el COPINH del proceso legal por el fraude sobre el Río Gualcarque, río sagrado que fue defendido de las garras de Synohidro y de DESA, río por el cual asesinaron a Berta.  

En este caso a David Castillo se le imputó por Fraude, Negociaciones incompatibles con sus funciones, y uso de documentos falsos. En abril de este año se realizó la audiencia preliminar en su contra por el asesinato nuestra compañera. En esta audiencia la defensa de David Castillo presentó un nuevo peritaje que intenta desvincular al mismo con el crimen, medio de prueba presentado de manera irregular, lo que implicó la suspensión de la audiencia que, hasta la fecha, no se ha retomado, y el proceso sigue dilatado.

Junto a esto, la defensa de David Castillo y de DESA, con anuencia de los medios corporativos de comunicación, han instalado una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante.

Estas maniobras de la defensa de Castillo, tanto mediáticas como jurídicas, sólo procuran el poder garantizar la impunidad para David Castillo, al violentar el debido proceso, el derecho de las víctimas, el derecho de defensa y todos los principios necesarios para llevar a cabo la búsqueda de la verdad y justicia en la causa Berta Cáceres.

Ante esto reconocidas organizaciones de Derechos humanos presentan un dossier en EEUU con información que lo vincula con actos de corrupción, violaciones de DDHH y violencia sistemática para imponer proyectos extractivos y beneficiar a las empresas con las que él estaba asociado. A su vez, las hijas e hijo de Berta Cáceres, presentan una demanda de información a un banco de Missisipi, por la compra de una lujosa casa en Texas, Houston, EEUU, 8 meses después del asesinato de nuestra compañera.

Nuestros pasos en el camino de la justicia

Para alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, exigimos que se cumpla el debido proceso que lleve a David Castillo a juicio oral y público y que se investigue, juzgue y sancione, de manera diligente, a todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala Zablah, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más.

Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa representando una fuente de riesgo para las comunidades Lencas, que hasta el día de hoy sigue generando ataques severos a las mismas, debe ser cancelada inmediatamente.

Finalmente, es urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y que se reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas.

Tegucigalpa, Honduras, agosto, 2019

Infraestructura y Desarrollo: CódigoSur