Qué es el Río Gualcarque
El río Gualcarque es un importante cuerpo de agua ubicado en la región occidental de Honduras y es considerado sagrado por las comunidades indígenas lenca. El río ha sido fuente de sustento y vida para estas comunidades durante siglos, y su preservación es fundamental para su cultura y supervivencia.
Un paso más hacia la justicia para el pueblo Lenca
Luego de 9 años de búsqueda de justicia, el 15 de noviembre de 2025 se hicieron públicas las sentencias condenatorias contra tres responsables del Fraude sobre el Gualcarque, una de las causas claves en la lucha por justicia para el pueblo Lenca y por el crimen de nuestra compañera Berta Cáceres.
Han sido condenadas tres personas vinculadas a la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, aprobado sin consulta previa, libre e informada, violentando los derechos colectivos del pueblo Lenca y la legislación nacional e internacional.
🔴 Roberto David Castillo Mejía, exgerente de la empresa DESA y ya condenado por el asesinato de Berta Cáceres, fue encontrado culpable de fraude junto a
🔴 Carolina Lizeth Castillo Argueta, exfuncionaria de la ENEE.
Ambos recibieron:
-5 años de prisión
-Inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena
-Multa de 380,000 lempiras
También fue condenado:
🔴Raúl Pineda Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, por su papel en facilitar el proyecto de forma fraudulenta, enfrentando dos delitos:
-Falsificación de documentos públicos: 2 años de prisión + multa con trabajo social
-Usurpación de funciones: 1 año y 1 mes de prisión + inhabilitación para ejercer cargos municipales por 6 años.
Estas sentencias son una victoria parcial pero significativa en el largo camino de justicia por Berta Cáceres y el pueblo Lenca.
Confirman lo que el COPINH y las comunidades han denunciado durante años: que la concesión del río Gualcarque fue un acto fraudulento, impulsado para beneficiar a la familia Atala Zablah, con la complicidad de funcionarios corruptos y autoridades locales.
Este fallo fortalece las luchas territoriales y reafirma que la defensa del río es legítima, y que no habrá olvido ni impunidad frente a los crímenes contra nuestras comunidades y liderazgos.
El fraude
El caso de fraude sobre el río Gualcarque ejemplifica las graves consecuencias que el irrespeto a los derechos de los pueblos indígenas y la destrucción ambiental pueden tener en nuestras comunidades y en el planeta en general. Aquí, presentamos cinco puntos clave para comprender la importancia y la magnitud de este caso.
Un precedente para América Latina
El Caso Fraude sobre el Río Gualcarque es histórico: por primera vez una comunidad indígena fue reconocida como víctima en un proceso por delitos de corrupción, en un caso que vincula directamente las violaciones de derechos humanos con los mecanismos de impunidad empresarial. Este reconocimiento representa un avance sin precedentes en la defensa de los derechos colectivos, al colocar en el centro de la justicia a los pueblos que históricamente han sido excluidos y vulnerados por las decisiones económicas y políticas del Estado. El proceso evidencia que la corrupción no es solo un asunto administrativo, sino una forma de violencia estructural que destruye territorios, rompe el tejido comunitario y amenaza la vida de los pueblos que defienden sus bienes comunes. El fallo del Caso Gualcarque abre un camino para otros procesos en América Latina, donde comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes enfrentan proyectos extractivos impuestos con el respaldo de redes de poder político y empresarial. Su importancia trasciende las fronteras de Honduras: es una señal de que la justicia puede y debe responder a los pueblos y no a los intereses del capital.
El tiempo como arma: la estrategia de la impunidad en el Caso Gualcarque
El proceso del Caso Fraude sobre el Gualcarque ha estado marcado por retrasos injustificados, maniobras dilatorias y una evidente falta de voluntad del Estado hondureño para garantizar justicia. A pesar de que las pruebas demostraban con claridad la responsabilidad de los funcionarios implicados, el juicio fue suspendido en varias ocasiones y se extendió por más de dos años debido a recursos y excusas presentadas por las defensas y aceptadas por los tribunales. Estas demoras no son casuales: reflejan la profunda impunidad y el poder de los intereses económicos y políticos involucrados en el proyecto Agua Zarca, que desde sus inicios contó con protección institucional. Mientras las comunidades Lencas esperaban justicia, el aparato judicial actuó con lentitud y complacencia frente a los responsables de la corrupción y la violación de los derechos colectivos del pueblo Lenca. Este proceso viciado por la falta de independencia judicial demuestra cómo el sistema de justicia hondureño continúa siendo incapaz —o reacio— a sancionar la corrupción estructural que permitió el despojo de los territorios y la violencia contra las comunidades que defienden la vida.
