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Comunicado: El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque debe garantizar la justicia en el caso de Allan García y condenar al militar Yasser Saravia.

Comunicado 05 / 2023

El día de mañana, 21 de febrero, el Tribunal de Sentencia en Materia Penal de la ciudad de Siguatepeque compuesto por los jueces Darvin Eulice Almendares, Mario Josue Pineda Guardado, Carlos Aleman y Katherin Fabiola Velásquez, debe emitir un fallo que garantice los derechos del compañero Allan García, víctima del intento de homicidio del subteniente del ejército de Honduras Yasser Saravia.

El 15 de julio de 2013, la comunidad Lenca de Río Blanco realizó una acción de protesta en las instalaciones de la empresa DESA, en contra de la construcción del corrupto e ilegal proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah. Las instalaciones estaban resguardadas por miembros del ejército y la Policía Nacional de Honduras en protección de los intereses de la familia Atala. En la protesta el suboficial del ejército Kevin Yasser Saravia, disparó indiscriminadamente en contra de la comunidad, hiriendo de muerte al líder Lenca Tomás García y en los mismos hechos hirió gravemente en el torso a su hijo, Allan García quien estuvo al borde de la muerte.

Los días 13 y 26 de enero, 3 y 6 de febrero del presente año se desarrollaron las audiencias del juicio oral y público del caso. Durante estas audiencias se evacuaron las pruebas de todas las partes con las que se comprobó la responsabilidad del militar Kevin Saravia en el crimen tipificado como homicidio en grado de ejecución de tentativa.

En juicio se evacuaron los testimonios de 3 miembros de la comunidad Lenca y un agente de la policía, quienes presenciaron el hecho, con lo que se pudo constatar que durante la acción pacífica de protesta, el militar Saravia disparó indiscriminadamente y en repetidas ocasiones en contra de la comunidad. En los testimonios se constató que ante las solicitudes de diálogo de las personas protestantes, el militar siguió disparando e hirió de muerte al compañero Tomás García, por lo que fue condenado por homicidio en el año 2015. Además, los testimonios comprobaron que el militar disparó a una corta distancia y desde una posición alta en contra de Allan García cuando éste se disponía a socorrer a su padre, y en una situación en la que no presentaba ninguna amenaza para el militar Saravia.

El dictamen médico y el peritaje balístico comprobaron que Allan García fue herido gravemente en su cuerpo por la misma arma de largo alcance que portaba el militar Saravia y con la que le dio muerte a Tomás García. Así mismo el peritaje balístico estableció la capacidad mortal del arma y que según la trayectoria estuvo a milímetros de impactar en los órganos vitales del compañero Allan.

El conjunto de pruebas logró establecer además, la intencionalidad del militar de quitar la vida al compañero Allan García, puesto que profirío palabras de odio después de haber dado muerte a Tomas García al decir “matarte a ti es como matar a un perro” hacia el compañero Allan García. Además del conocimiento del uso del arma y la capacidad letal de esta usada en contra del torso de una persona. Junto al hecho que el militar realizó dos disparos, uno con el que Allan se desplomó y cayó desmayado, y un segundo disparo una vez Allan, se encontraba en el suelo con el ánimo no de lesionar sino de acabar con la vida del compañero.

En juicio se ha comprobado la acción criminal en el caso específico del militar Yasser Saravia en contra de Allan García, su padre, Tomás García y la comunidad de Río Blanco y además se ha evidenciado su actuar racista y discriminatorio, propio de los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras.

Por lo anterior el COPINH demanda que:

1. El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, apegado a Derecho, condene al militar Kevin Saravia por el delito de Homicidio en grado de tentativa acabada contra la vida de Allan García.

2. Se establezcan las medidas por parte del Estado de Honduras para garantizar la refundación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas frente a las amenazas de los proyectos extractivos.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 20 días del mes de enero de 2023.


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