COPINH presenta denuncia penal contra el banco Holandés FMO por complicidad en corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia.

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Comunicado 15/2022

El día de hoy, 28 de junio de de 2022, a 13 años del Golpe de Estado de 2009, el COPINH, junto a hijas e hijo de Berta Cáceres, presentamos una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda en contra del banco holandés, FMO, y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en su financiamiento al Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

Esta acción jurídica tiene como objetivo desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de “desarrollo” y “verdes” como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala.

La acusación penal se realiza en contra de la persona jurídica del banco FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.) propiedad en un 51% del Estado holandés y en contra de sus principales directivos; Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

Esta acción se suma a la acción de demanda civil que el COPINH interpuso en mayo de 2018 en contra el FMO por su acción negligente en el manejo de su financiamiento al proyecto Agua Zarca que condujo a la violencia en contra de la comunidad Lenca de Río Blanco y del COPINH, resultando en el asesinato de miembros de la comunidad y de Berta Cáceres.

El bufete legal holandés Global Justice Association, que representa al COPINH en la demanda civil, junto a expertos internacionales llegaron a la conclusión que el FMO cometió delitos penales de complicidad en el accionar de la familia Atala Zablah, tras el análisis de 676 páginas y 151 anexos de nueva información contenida en la respuesta a la demanda civil presentada por el bufete De Brauw Blackstone Westbroek N.V., en representación del FMO en mayo de 2019.

La denuncia penal presentada el día de hoy se basa en los siguientes elementos:

1. La decisión interna de FMO de financiar a DESA para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a pesar de las advertencias de violencia, asesinatos y otras señales de alarma.
2. La firma del acuerdo crediticio del 27 de febrero de 2014 por parte del FMO y los acuerdos con la empresa estatal ENEE y la Secretaría estatal SERNA.
3. El desvío de parte sustancial de los fondos de 3 desembolsos con fecha 28 de noviembre de 2014, 22 de mayo de 2015 y 14 de diciembre de 2015 que ascienden a 17.2 millones de dólares (417,350,000.00 lempiras) en conjunto.
4. Aceptar la influencia extrema de la empresa DESA, a través de su principal contacto, David Castillo (recientemente condenado a 22.5 años de cárcel por el asesinato de Berta Cáceres) y facilitar el posible soborno a la empresa de debida diligencia Monkey Forest Consulting.
5. Ignorar circunstancias notables de alto riesgo, como el hecho que David Castillo, gerente de DESA fuese empleado de la empresa estatal ENEE, que concedió la licencia energética a DESA, y la repentina ampliación del capital de accionistas de DESA en un momento en que debía completar la financiación de FMO, FinnFund y BCIE.
6. Ignorar pruebas concretas, antes, durante y después del proyecto, sobre la creación mediante corrupción y la realización de violaciones de derechos humanos del proyecto Agua Zarca.
7. La renuncia y condonación de la deuda a la empresa DESA por parte del FMO y FinnFund tras el asesinato de Berta Cáceres.
8. Haber obtenido derechos, junto al banco BCIE, sobre las tierras indígenas adquiridas ilegalmente por DESA, administradas por el notario Roberto Pacheco Reyes, quien era miembro de la junta directiva de DESA.
9. Las amplias relaciones comerciales y personales que los representantes de FMO tuvieron con los propietarios de DESA; la familia Atala.

La fiscalía de Holanda deberá analizar estos elementos presentados en el documento de denuncia de 138 páginas y actuar en contra de las personas vinculadas con dichos delitos.

El COPINH reitera que no hay, ni habrá desarrollo mientras se violen los derechos básicos de los Pueblos Indígenas y se financie a los más ricos oligarcas responsables de la situación de crisis económica, política, ambiental y social que nuestros países viven.

Dado en las ciudades de La Esperanza, Intibucá, Honduras y Ámsterdam, Holanda, a los 28 días del mes de junio de 2022.

“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se alzan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”