Boletín No. 9: COPINH y Río Blanco excluidos ilegalmente del caso Fraude sobre el Gualcarque.
01/10/2020 (HERE in English)
El caso Fraude sobre el Gualcarque se encuentra en etapa de juicio oral y público. Las víctimas directas de los actos de corrupción con los que fue instaurado el proyecto Agua Zarca, es decir la comunidad de Río Blanco, representada por el COPINH, se encuentran excluidas.
Dicha exclusión fue decretada por la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, ante lo cual se ha interpuesto el recurso de amparo como última instancia para hacer respetar el derecho de participación. El abogado Victor Fernández declaró en la conferencia de prensa del pasado lunes lo siguiente: “Es urgente que la Sala de lo Constitucional resuelva este recurso, la justicia no puede permitir resolver tardíamente una situación como esta, esto sería un acto de grave violación de derechos”.
El COPINH presentó en 2010 denuncia contra 51 proyectos que habían obtenido concesiones y licencias de manera ilegal, el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca propiedad de la Familia Atala Zablah, fue uno de estos. En 2019, la Misión contra la Corrupción MACCIH, presentó el caso en el que se evidencia la corrupción en el sector de generación de energía “renovable” a través de las ilegalidades del proyecto Agua Zarca.
El caso Fraude sobre el Gualcarque involucra a 16 funcionarios de la ENEE, SERNA y alcaldías locales, que actuaron de manera fraudulenta para la imposición del proyecto hidroeléctrico.
“David Castillo junto a la familia Atala Zablah, con el objetivo de beneficiarse económicamente, constituyeron una estructura criminal que cometió un sin número de crímenes, desde el fraude y corrupción para la supuesta generación de energía “renovable”, graves violaciones a los derechos de la comunidad de Río Blanco, hasta el asesinato de Berta Cáceres y otras agresiones que continúan en la actualidad.“ Expresa el comunicado publicado por el COPINH el pasado lunes 28.
David Castillo deberá permanecer en prisión durante su juicio.
La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional declaró sin lugar la solicitud de liberación de David Castillo interpuesta por su defensa legal. El tribunal expresó que debido a los retrasos ocurridos por las maniobras dilatorias de su defensa se debe ampliar el tiempo de prisión preventiva por un término de 8 meses y 23 días contados a partir del 2 de septiembre de 2020.
En la audiencia quedó establecido que las actuaciones de los abogados Juan Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, retrasaron indebidamente el proceso judicial. Es decir, que es su responsabilidad exclusiva el hecho que Castillo deba permanecer en la cárcel a pesar del vencimiento de la prisión preventiva.
El COPINH ha denunciado que dichas maniobras dilatorias buscan establecer la impunidad en este caso y ha exhortado a los abogados Juan Sanchez Cantillano, abogado utilizado por la familia Atala Zablah para encarcelar a Berta Cáceres en 2013 y Ritza Antúnez, defensora de militares involucrados en crimen organizado, a abstenerse de dichas prácticas.
¡Bien por las transmisiones del juicio por el asesinato de Berta Cáceres!
La sociedad hondureña e internacional sigue de cerca el proceso de búsqueda de Justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca. La medida de transmitir las audiencias a través de las redes sociales del Poder Judicial ha sido bien recibida en tiempos con extremas limitaciones por la crisis sanitaria por COVID. Es una disposición que cumple con las obligaciones de publicidad de los juicios.
La transmisión de las audiencias en vivo a través de Facebook Live ha sido reconocida también como una medida favorable por las organizaciones de Derechos Humanos, expertos en materia judicial, así como instituciones internacionales, puesto que garantiza la publicidad y permite que la sociedad hondureña e internacional observen de primera mano el proceso.
A pesar de los beneficios de las transmisiones en vivo, la defensa legal de David Castillo se ha opuesto rotundamente a estas. Su argumento se basa en que su imagen es expuesta y que esto les pone en riesgo. Sin embargo, han obviado que posterior a cada audiencia la defensa legal de Castillo sale en medios de comunicación de alcance nacional, a dar declaraciones sobre este proceso. En su desesperación los abogados Sánchez y Antunez se contradicen.
La estructura criminal de la cual hacen parte David Castillo y la familia Atala Zablah, defendidos medianamente por los abogados Sánchez y Antunez son en realidad la fuente de peligro para las víctimas y quienes defienden los territorios indígenas en Honduras.
Dos procesos, una misma causa.
Los procesos judiciales de Fraude sobre el Gualcarque y en contra de David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, hacen parte del mismo proceso de búsqueda de justicia. Muestran distintas facetas de una misma estructura criminal cuyo objetivo ha sido el de enriquecerse a costa del despojo y la muerte de las comunidades indígenas lencas y el defraudamiento del Estado de Honduras.
Con estos procesos se demuestra que el proyecto Agua Zarca, de la familia Atala Zablah está enlodado de crímenes desde su mismo origen. Y que la justicia hondureña tiene la obligación de castigar a todos los responsables de estos crímenes sin importar el poder económico que tengan.