16 de octubre de 2026, desde cada rincón del territorio hondureño.
En el Día Mundial de la Soberania Alimentaria, las organizaciones que integramos la Alianza Nacional Campesina, Indígena, Garífuna, Feminista y Popular de Honduras nos movilizamos en distintos puntos del país. Nos une la defensa de la tierra, de nuestros territorios y de algo fundamental para cualquier familia hondureña: tener alimentos en la mesa, vivir del fruto de nuestro trabajo y construir un futuro digno para nuestros hijos e hijas.
Hoy, aproximadamente 1.88 millones de personas enfrentan niveles de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda, según la actualización de septiembre de 2026 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). Son familias que reducen sus tiempos de comida, hogares donde el dinero no alcanza y comunidades que luchan cada día por sostener sus cultivos. Que millones de hondureños y hondureñas enfrenten estas condiciones en un país de tierras fértiles y gente trabajadora debería indignarnos a todos y todas.
Mientras el hambre golpea a nuestro pueblo, el Gobierno y el Congreso Nacional presentan la protección de la agroindustria como garantía de seguridad alimentaria. ¡No aceptamos esa mentira! No puede llamarse desarrollo a un modelo que llena nuestros campos de monocultivos mientras tantas familias tienen dificultades para llenar sus mesas. Proteger las ganancias de las grandes empresas no significa garantizar el derecho a la alimentación.
Las plantaciones de palma africana, caña de azúcar y otros monocultivos destinados principalmente a cadenas industriales y mercados comerciales no resuelven por sí mismas el hambre del pueblo hondureño. Nuestra alimentación también depende de quienes cultivan maíz, frijoles, arroz, papa, cebolla, hortalizas y frutas; de quienes trabajan pequeñas parcelas, practican la pesca artesanal y sostienen los mercados locales. Sin embargo, estas familias siguen enfrentando enormes dificultades para acceder a la tierra, al crédito y al agua.
A esta injusticia se suma el encarecimiento de los alimentos, los combustibles, la electricidad y los insumos agrícolas, que golpea el bolsillo de quienes producen y de quienes compran sus alimentos. El hambre no depende únicamente de cuánto se produce, sino de quién controla la tierra, para quién se produce y quién puede alimentarse.
Por eso denunciamos el Decreto Legislativo 107-2026, con el que el Congreso Nacional estableció un régimen de protección prioritaria para sectores agroindustriales, energéticos, turísticos y ganaderos. Mientras se blindan determinadas tierras e inversiones, se restringen las posibilidades de reforma agraria y aumentan los riesgos de desalojo para comunidades campesinas, indígenas y garífunas. ¿Cómo puede hablarse de seguridad alimentaria mientras se amenaza con expulsar de sus tierras a quienes producen alimentos y sostienen la vida en nuestros territorios?
Las situaciones que enfrentan comunidades como El Tulito y la comunidad garífuna de San Juan, las amenazas de desalojo contra cooperativas campesinas del Bajo Aguán y la violencia en distintos territorios nos recuerdan que detrás de cada conflicto hay familias, cultivos, historias y proyectos de vida. Desalojar a una familia campesina no es solamente quitarle su tierra: es arrebatarle sus cultivos, sus semillas, su trabajo y la posibilidad de construir su futuro.
Estas preocupaciones también han sido expresadas por expertos de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas. En su comunicación OL HND 4/2026, del 21 de agosto, advirtieron sobre las posibles incompatibilidades del Decreto 107-2026 con las obligaciones internacionales del Estado y sus consecuencias para el derecho a la alimentación. Asimismo, la comunicación OL HND 2/2026, del 25 de agosto, señaló los riesgos del Decreto 84-2026 para la protesta social y la defensa de los territorios.
Estas advertencias confirman la legitimidad de nuestras preocupaciones y fortalecen una exigencia histórica: la tierra debe cumplir una función social y el Estado debe garantizar los derechos de quienes la trabajan, no convertir sus demandas en delitos.
Por estas razones, EXIGIMOS:
1. La derogación inmediata del Decreto 107-2026, la revisión y reforma de las disposiciones lesivas del Decreto 84-2026 y la derogación de las reformas al delito de usurpación contenidas en el Decreto 93-2021, que facilitan la criminalización de las luchas territoriales.
2. El cese inmediato de los desalojos forzosos y arbitrarios, la persecución judicial y la violencia contra comunidades campesinas, indígenas y garífunas, así como garantías para ejercer la protesta pacífica y defender los derechos humanos.
3. Una reforma agraria integral y democrática, que resuelva la mora agraria, garantice acceso y seguridad jurídica sobre la tierra, fortalezca la producción campesina y familiar y recupere la función pública del Instituto Nacional Agrario.
4. El cumplimiento efectivo de las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos, respetando sus derechos colectivos y territorios ancestrales.
5. Una política nacional de seguridad y soberanía alimentaria, construida con participación campesina, indígena y garífuna, que priorice la producción de alimentos para el pueblo, proteja el agua y las semillas, facilite el crédito y enfrente los elevados costos de producción y comercialización.
6. Justicia y rendición de cuentas por los asesinatos de personas defensoras, los desalojos violentos y las violaciones de derechos humanos, así como respuestas efectivas a las demandas de las comunidades movilizadas.
Hoy nos movilizamos porque no aceptamos que nuestras hijas e hijos hereden un país donde la tierra sea un privilegio, el hambre una condena y defender nuestros derechos un delito. Somos pueblos campesinos, indígenas, garífunas y organizaciones populares unidos por la solidaridad, el cuidado de nuestros territorios y la esperanza de construir una Honduras donde todas las familias puedan alimentarse, trabajar con dignidad y vivir en paz.
Nuestra lucha también pertenece a quienes enfrentan cada día el alto costo de la vida, a quienes sostienen sus hogares con esfuerzo y a todas las personas que creen que nuestro país puede ser más justo. No nos movilizamos únicamente contra lo que nos arrebatan. Nos movilizamos por la vida que queremos construir, por la tierra que nos alimenta y por el país que merecemos.
