Honduras no tiene un solo tipo de violencia. Tiene varias que se alimentan entre sí, aunque los titulares las separan en categorías distintas: violencia común, violencia política, violencia de género, violencia contra el territorio. Pero quien camina los territorios lo sabe: no son fenómenos aislados. Son expresiones de una misma estructura de poder que decide quién puede vivir tranquilo y quién no, y que recientemente en 2026 encontró una nueva forma jurídica para hacerlo
Entre diciembre de 2022 y mayo de 2026, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) contabilizó al menos 118 masacres en el país, hechos donde murieron tres o más personas al mismo tiempo. El organismo ha insistido en que estas cifras seguirán repitiéndose mientras el Estado no atienda las causas estructurales de la conflictividad, y no solo reaccione después de cada tragedia. Esa es la primera clave para leer lo que sigue: la violencia en Honduras no es un conjunto de hechos aislados, es una gestión fallida o deliberada del riesgo.
Esa gestión fallida golpea, en su forma más numerosa, a los hombres jóvenes. Honduras cerró 2025 con 2,332 homicidios una tasa de 23.2 por cada 100,000 habitantes, y las víctimas siguen siendo, de manera abrumadora, hombres de entre 20 y 39 años, según el Observatorio de la Violencia de la UNAH (IUDPAS), el 89% de los homicidios cometidos con arma de fuego en el país corresponde a hombres. Es una violencia con una lógica distinta a la que enfrentan las mujeres ligada sobre todo al crimen organizado, la extorsión y las disputas territoriales entre estructuras delictivas, pero que comparte la misma raíz: un Estado que no logra, o no prioriza, garantizar el derecho a la vida de una parte entera de su población.
Cuando defender la tierra se vuelve un peligro
Desde el asesinato de Berta Cáceres en 2016, Honduras ha sido señalada internacionalmente como uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el territorio, el agua y los bienes comunes. La cifra es dura: el CONADEH documentó al menos 65 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el país entre 2020 y 2025, con un 95% de los casos en la impunidad. En abril de este año, la relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, volvió a alertar sobre el riesgo que enfrentan las comunidades campesinas del Bajo Aguán tras un nuevo ataque contra una cooperativa campesina.
COPINH lo conoce de primera mano. En enero de 2026, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicó su informe final sobre el asesinato de Berta Cáceres y concluyó que fue un crimen con motivación económica empresarial, previsible y prevenible, facilitando por una estructura de crimen organizado y por graves omisiones del Estado hondureño. El GIEI advirtió que la investigación nunca llegó a quienes tenían más poder y más responsabilidad: la junta directiva de DESA.
https://copinh.org/wp-content/uploads/2026/01/INFORME-2.pdf
El 26 de febrero de 2026, COPINH denunció que miembros de la familia Atala desplegaron una campaña de ataque digital que tiene de objetivo amenazar, difamar, estigmatizar y promover discriminación y odio encontra del COPINH y las hijas e hijo de Berta Cáceres. La organización ha documentado cómo, además de la violencia física, opera otra forma de agresión más silenciosa pero igual de efectiva: las campañas de desprestigio. Un informe reciente de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras identificó 21 campañas de este tipo, dirigidas mayoritariamente contra COPINH y OFRANEH campañas que, según las propias defensoras, suelen ser el paso previo a las amenazas directas. No es casualidad: deslegitimar a quien defiende el territorio es también una forma de dejarlo desprotegido.
En 2026, esa desprotección se convirtió en ley. El congreso aprobó el decreto 84-2026 que se presentó como una ley contra la extorsión y las pandillas, pero su redacción abre la puerta a algo más peligroso: criminalizar la protesta social, la organización comunitaria y la defensa del territorio. Un mes después el congreso aprueba la Ley de Despojo Agroindustrial (Decreto 107-2026), una normativa contraria a los derechos de los pueblos indígenas y, por tanto, inconstitucional. Esta normativa facilita el despojo territorial, los desalojos y la criminalización de las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus tierras y procesos de recuperación territorial. La Policía Nacional ya dispuso cerca de 1,000 órdenes de desalojo a nivel nacional, y los primeros casos documentados se han ejecutado en El Tulito, Choluteca, y en San Juan, Tela, donde comunidades campesinas y garífunas siguen enfrentando procesos penales por defender sus territorios.
El patrón es conocido. Quien se opone a un proyecto extractivo, a una hidroeléctrica, a un despojo de tierra, entra en una lista de riesgo que el Estado hondureño no logra o no quiere gestionar.
El mecanismo nacional de protección para defensores, periodistas y operadores de justicia, creado en 2015, sigue siendo ineficaz. Por falta de personal y recursos. Diez años después de Berta, la pregunta sigue abierta: ¿quién protege a quienes protegen, cuando la propia ley se ha vuelto el instrumento de despojo?
El cuerpo como territorio
Y aquí es donde las dos violencias se tocan. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, lo ha dicho con una claridad que vale la pena repetir: el cuerpo de las mujeres es visto como un territorio que se quiere controlar. Es la misma lógica que opera contra las comunidades indígenas y campesinas, aplicada ahora sobre los cuerpos, un mensaje de poder, una demostración de dominio.
Las cifras de 2026 son, otra vez, alarmantes. Hasta el 31 de mayo, el Observatorio de la Violencia de la UNAH registraba 112 muertes violentas de mujeres, cifra que el Centro de Derechos de Mujeres situaba en 111 para la misma fecha; para mediados de junio, el Observatorio ya sumaba 121 femicidios en lo que iba del año
En 2025 el país había cerrado con 262 casos, de los cuales el 95% permanece en la impunidad. Honduras continúa entre los primeros lugares de Centroamérica y América Latina en tasas de femicidio.
Detrás de cada número hay un patrón que las organizaciones de mujeres llevan años señalando: la mayoría de los agresores son parejas, exparejas o personas del entorno cercano a la víctima; muchas mujeres asesinadas ya habían denunciado amenazas previas sin que el Estado interviniera. La ruptura no está solo en el momento del crimen, está en todo el camino previo la denuncia que no se investiga, la protección que no llega—. Es el mismo patrón institucional que falla a los defensores del territorio: el Estado sabe del riesgo y no actúa a tiempo.
La violencia contra las mujeres trans agrava aún más esta lectura: al menos nueve mujeres trans fueron asesinadas en Honduras en lo que va de 2026, un patrón que organismos de derechos humanos describen como violencia sistemática motivada por prejuicio y discriminación estructural.
Una sola estructura, muchos nombres
Leer estas violencias por separado como sucesos policiales, como “temas de género”, como “conflictividad social” es quedarse en la superficie. Lo que conecta el asesinato de una defensora del río, el de una mujer en su propia casa, el de un joven en un hecho de violencia armada y el de una activista trans en la calle es la misma certeza compartida por quien agrede: que no habrá consecuencias. La impunidad no es un efecto secundario de la violencia hondureña, es su principal combustible.
Para las organizaciones de derechos humanos, sistematizar y analizar estas cifras no es un ejercicio técnico ni un fin en sí mismo. Es una forma de nombrar algo más urgente: que la vida de las personas está en juego, de manera literal, cada vez que el Estado se muestra incapaz de cumplir su obligación esencial de proteger a la ciudadanía. Documentar masacres, femicidios y agresiones a defensoras con el mismo rigor no es sumar tragedias inconexas; es evidenciar la extensión de una misma falla institucional, sostenida en el tiempo, que el Estado hondureño no ha logrado ni parece dispuesto a corregir.
Desde COPINH, nombrar esta continuidad entre el cuerpo y el territorio, entre la violencia política y la violencia de género, no es solo un ejercicio de análisis. Es parte de la memoria y la causa de Berta Cáceres: entender que no se puede defender la tierra sin defender también la vida de las mujeres que la habitan, la organizan y la sostienen. Por eso, exigir justicia plena por su asesinato y exigir la derogación de la Ley de Despojo Agroindustrial Decreto 107-2026 no son demandas distintas: son expresiones de una misma lucha por la vida, la dignidad, el territorio y la autodeterminación de los pueblos, una lucha que continúa y se sostiene en el tiempo.
———————————————————————————————————————
Fuentes generales: Observatorio de la Violencia / IUDPAS (UNAH), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Human Rights Watch (Informe Mundial 2026), Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, ONU-DDHH. Las referencias específicas de cada dato están en las notas al pie.
