Publicamos a continuación dos pronunciamientos colectivos emitidos en el mismo contexto de violencia e impunidad que atraviesa Honduras. El primero, firmado el 28 de mayo de 2026 por las organizaciones articuladas en la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras, condena la masacre ocurrida en Rigores, Trujillo, Colón, y rechaza la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial como parte de una misma estrategia de despojo y represión.
El segundo, emitido el 1 de junio de 2026 por un amplio bloque del movimiento social hondureño del que COPINH forma parte, profundiza ese rechazo, denuncia el carácter inconstitucional y discriminatorio de la ley, y lanza un llamamiento de urgencia a la movilización nacional e internacional. Dos voces, una misma exigencia: justicia para las comunidades campesinas e indígenas, y fuera la ley del despojo.
1. Pronunciamiento: Alianza campesina, indígena y popular de Honduras.
Las organizaciones y comunidades articuladas en la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras condenamos enérgicamente la masacre ocurrida en el sector de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, en un contexto de violencia generalizada, impunidad y profunda conflictividad agraria en el Bajo Aguán.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, con las comunidades campesinas del Aguán que, durante décadas, han enfrentado amenazas, desalojos, criminalización, asesinatos y desplazamiento forzado por defender el derecho a la tierra, a la vida y a permanecer en sus territorios.
Lo ocurrido en Rigores no puede ser utilizado para borrar la historia del conflicto agrario en el Bajo Aguán ni para reforzar discursos oficiales que presentan a las comunidades campesinas como responsables colectivas de la violencia.
La masacre debe investigarse con seriedad, independencia y profundidad, identificando no solo a los autores materiales, sino también las redes de poder, protección e impunidad que permiten la operación de estructuras armadas y criminales en territorios históricamente disputados.
Condenamos las declaraciones de funcionarios públicos que, antes de garantizar una investigación exhaustiva, han contribuido a instalar narrativas que criminalizan la lucha campesina y territorial.
Reducir la violencia en el Aguán a un simple problema de criminalidad o seguridad desconoce las causas estructurales del conflicto: la concentración de la tierra, la expansión agroindustrial, la complicidad institucional, los desalojos violentos y la impunidad frente a asesinatos de dirigentes agrarios.
En este mismo contexto, rechazamos el avance de la LEY PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE HONDURAS, por representar un intento de blindar jurídicamente a la agroindustria mientras se profundiza la persecución contra las comunidades campesinas.
Esta iniciativa no responde a una agenda de justicia agraria ni de soberanía alimentaria; por el contrario, pretende otorgar privilegios extraordinarios a sectores empresariales, declarar la agroindustria como prioridad nacional, debilitar controles ambientales y limitar las posibilidades de reivindicación territorial de las comunidades.
Advertimos que esta ley, junto con las reformas establecidas en el Decreto 84-2026, forma parte de un mismo escenario de regresión democrática: se fortalece la protección legal de los intereses económicos concentrados, mientras se amplían las herramientas jurídicas para criminalizar la protesta social, la defensa de la tierra y la organización popular.
Por ello, anunciamos que las organizaciones articuladas en este proceso estamos presentando un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas establecidas en el Decreto 84-2026, por considerar que abren la puerta a tratar como terroristas a luchadores y luchadoras sociales, personas defensoras del territorio, liderazgos comunitarios y organizaciones populares que ejercen derechos legítimos de protesta, asociación y reivindicación social.
Desde los territorios manifestamos nuestra profunda preocupación por el rumbo que está tomando el país. Honduras enfrenta una violencia generalizada que no se resolverá con más criminalización, más militarización ni más leyes al servicio de los sectores históricamente privilegiados.
La paz no puede construirse negando la desigualdad en el acceso a la tierra, protegiendo a la agroindustria, ni persiguiendo a quienes siembran para subsistir y llevar comida a nuestras mesas.
Exigimos al Estado de Honduras:
1. Investigar de forma pronta, independiente y exhaustiva la masacre ocurrida en Rigores, así como el patrón de ataques, amenazas y asesinatos contra miembros de cooperativas campesinas en el Bajo Aguán, garantizando verdad, justicia, reparación y medidas efectivas de no repetición para las familias y comunidades afectadas.
2. Cesar toda narrativa oficial que criminalice a las organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y populares.
3. Suspender la discusión y aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, y ¡PRIORIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA GENTE!
4. Derogar las reformas penales que puedan ser utilizadas para perseguir la protesta social y declarar como terroristas a luchadores sociales.
5. Garantizar mecanismos democráticos de diálogo y resolución de la conflictividad agraria, con participación real de las comunidades y organizaciones territoriales.
6. Desmantelar las estructuras armadas y criminales que operan en territorios en conflicto, investigando sus vínculos con actores económicos, políticos e institucionales.
Las comunidades campesinas, indígenas, garífunas y populares no son una amenaza para Honduras. Son quienes producen alimentos, sostienen la vida comunitaria, defienden la Naturaleza y mantienen viva la posibilidad de una democracia con justicia social.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., el 28 de mayo del 2026.
Plataforma Agraria, La Vía Campesina Honduras, Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Central Nacional de Trabajadores del Campo, Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, Mesa Tierra y Territorio, Asociación Campesina Santabarbarense, Movimiento de Campesinos y Campesinas sin tierra del departamento de Yoro, Consejo Integral para el Desarrollo de las Mujeres Campesinas, Asociación de Comunidades Indígenas Lenca de La Paz, Honduras Coordinadora indígena del Poder Popular de Honduras, Movimiento Indígena Lenca de La Paz, Coordinadora Ambiental Indígena Lenca y Campesina de la Paz, Plataforma Palagua, Consejo Indígena Lenca Nance Dulce, Consejo Indígena Lenca Cilcotisco, Consejo Indígena Lenca Agua Azul Rancho, Movimiento Organizado Campesino de Atlántida, Movimiento Ambientalista Santabarbarense, Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, Plataforma de Comunidades Afectadas por Industrias Extractivas en el Sur de Honduras, Centro de Estudio para la Democracia, Consejo Indígena Lenca Renacer, Consejo Indígena Lenca Crucitas Santa María, Consejo Indígena Lenca de Simpinula, Autogobierno de Nahuaterique, Consejo Indígena Lenca Ambiental Honduras, Unión de Empresas y Organizaciones de Trabajadores del Campo Regional Indígena y Campesina La Paz
ALIANZA CAMPESINA, INDIGENA Y POPULAR DE HONDURAS
2. Pronunciamiento público: Organizaciones sociales rechazan ley que amenaza derechos territoriales, soberanía alimentaria y criminaliza la protesta.
El movimiento social y las organizaciones sociales de Honduras expresamos nuestro más firme rechazo a la denominada
“Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”, por constituir una amenaza directa
contra la soberanía alimentaria, los derechos humanos, los bienes comunes y la vida misma de nuestras comunidades.
Esta iniciativa legislativa, a todas luces, inconstitucional y discriminatoria, presentada apenas cuatro días después de la
masacre de veinte campesinos y campesinas en la finca Paso Aguán, comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, profundiza las
condiciones que históricamente han favorecido el despojo, la persecución y el asesinato de personas defensoras de la tierra
y el territorio.
Denunciamos y rechazamos esta Ley, principalmente, porque legaliza e instituye un régimen de privilegios para los
grandes agroindustriales; desconoce y anula derechos históricos sobre la tierra y el territorio; debilita los controles
ambientales y facilita la destrucción de los territorios; viola el derecho a la consulta previa, libre e informada; criminaliza
la protesta social y convierte a las personas defensoras en enemigos del Estado; representa una continuidad y expansión del
modelo impuesto por las ZEDES; y crea un régimen de excepción permanente para la represión, la violencia y los
asesinatos.
Exigimos el retiro inmediato de esta nefasta iniciativa de ley del Congreso Nacional y rechazamos cualquier intento
de aprobarla; demandamos el respeto y cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales del Estado en
materia de consulta previa, libre e informada y derechos humanos, así como el cese inmediato de la criminalización,
persecución, violencia, asesinatos y represión contra las personas y comunidades que defienden la tierra, el territorio y los
bienes comunes.
Advertimos al Congreso Nacional que la aprobación de esta ley constituirá un acto de traición a la patria y a los
intereses del pueblo hondureño. Los diputados y diputadas que la promuevan o voten a favor asumirán la responsabilidad
histórica por las consecuencias de su implementación, incluyendo represión, violencia y muerte de personas que defiende
un derecho fundamental.
Desconocemos a cualquier organización, representación o estructura que pretenda hablar en nombre de nuestras
organizaciones territoriales, comunidades y movimientos sociales sin nuestro mandato expreso, especialmente a aquellas
que, haciéndose llamar representantes de la sociedad civil, bajo el discurso de “independientes, buscan desmovilizar nuestras
luchas, legitimar y avalar estas graves violaciones a los derechos humanos.
Hacemos un llamamiento de urgencia y de alerta máxima al pueblo hondureño, a las organizaciones sociales,
campesinas, indígenas, negras, feministas, estudiantiles, obreras y toda expresión organizativa; así como a la comunidad
internacional, organismos de derechos humanos y organizaciones solidarias, a sumarse al rechazo de esta ley y a todas las
acciones de protesta que estaremos anunciando y ejecutando en las próximas horas.
Honduras, 1 de junio de 2026
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Centro de Derechos de Mujeres (CDM). Consejo Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMIN).
Barracón Digital. Asociación de Bienes Comunes de Quimistán. Patronato Regional de Occidente (PRO). Red de Mujeres del Progreso. La Milpa. Equipo
de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC). Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA). Plataforma Agraria. Comité
Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT). Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). Patronato Regional
de Guaymas. Movimiento Campesinas sin Tierra de Yoro. Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH). Colegio Profesional Superación
Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH). Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEM). Servicio Social Pasionista de Honduras.
De Pueblo y Barrio. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Alternativa de Reivindicación Comunitaria y
ambientalista de Honduras (ARCAH). Movimiento Social Organizado de la Ceiba Atlántida (MOSO). Bufete Justicia para los Pueblos (BJP). Red Nacional
de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDH). Red COMAL. Movimiento sin Tierra. Colisión Ambientalista.
