Las organizaciones y comunidades articuladas en la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras condenamos enérgicamente la masacre ocurrida en el sector de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, en un contexto de violencia generalizada, impunidad y profunda conflictividad agraria en el Bajo Aguán.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, con las comunidades campesinas del Aguán que, durante décadas, han enfrentado amenazas, desalojos, criminalización, asesinatos y desplazamiento forzado por defender el derecho a la tierra, a la vida y a permanecer en sus territorios.
Lo ocurrido en Rigores no puede ser utilizado para borrar la historia del conflicto agrario en el Bajo Aguán ni para reforzar discursos oficiales que presentan a las comunidades campesinas como responsables colectivas de la violencia.
La masacre debe investigarse con seriedad, independencia y profundidad, identificando no solo a los autores materiales, sino también las redes de poder, protección e impunidad que permiten la operación de estructuras armadas y criminales en territorios históricamente disputados.
Condenamos las declaraciones de funcionarios públicos que, antes de garantizar una investigación exhaustiva, han contribuido a instalar narrativas que criminalizan la lucha campesina y territorial.
Reducir la violencia en el Aguán a un simple problema de criminalidad o seguridad desconoce las causas estructurales del conflicto: la concentración de la tierra, la expansión agroindustrial, la complicidad institucional, los desalojos violentos y la impunidad frente a asesinatos de dirigentes agrarios.
En este mismo contexto, rechazamos el avance de la LEY PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE HONDURAS, por representar un intento de blindar jurídicamente a la agroindustria mientras se profundiza la persecución contra las comunidades campesinas.
Esta iniciativa no responde a una agenda de justicia agraria ni de soberanía alimentaria; por el contrario, pretende otorgar privilegios extraordinarios a sectores empresariales, declarar la agroindustria como prioridad nacional, debilitar controles ambientales y limitar las posibilidades de reivindicación territorial de las comunidades.
Advertimos que esta ley, junto con las reformas establecidas en el Decreto 84-2026, forma parte de un mismo escenario de regresión democrática: se fortalece la protección legal de los intereses económicos concentrados, mientras se amplían las herramientas jurídicas para criminalizar la protesta social, la defensa de la tierra y la organización popular.
Por ello, anunciamos que las organizaciones articuladas en este proceso estamos presentando un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas establecidas en el Decreto 84-2026, por considerar que abren la puerta a tratar como terroristas a luchadores y luchadoras sociales, personas defensoras del territorio, liderazgos comunitarios y organizaciones populares que ejercen derechos legítimos de protesta, asociación y reivindicación social.
Desde los territorios manifestamos nuestra profunda preocupación por el rumbo que está tomando el país. Honduras enfrenta una violencia generalizada que no se resolverá con más criminalización, más militarización ni más leyes al servicio de los sectores históricamente privilegiados.
La paz no puede construirse negando la desigualdad en el acceso a la tierra, protegiendo a la agroindustria, ni persiguiendo a quienes siembran para subsistir y llevar comida a nuestras mesas.
Exigimos al Estado de Honduras:
1. Investigar de forma pronta, independiente y exhaustiva la masacre ocurrida en Rigores, así como el patrón de ataques, amenazas y asesinatos contra miembros de cooperativas campesinas en el Bajo Aguán, garantizando verdad, justicia, reparación y medidas efectivas de no repetición para las familias y comunidades afectadas.
2. Cesar toda narrativa oficial que criminalice a las organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y populares.
3. Suspender la discusión y aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, y ¡PRIORIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA GENTE!
4. Derogar las reformas penales que puedan ser utilizadas para perseguir la protesta social y declarar como terroristas a luchadores sociales.
5. Garantizar mecanismos democráticos de diálogo y resolución de la conflictividad agraria, con participación real de las comunidades y organizaciones territoriales.
6. Desmantelar las estructuras armadas y criminales que operan en territorios en conflicto, investigando sus vínculos con actores económicos, políticos e institucionales.
Las comunidades campesinas, indígenas, garífunas y populares no son una amenaza para Honduras. Son quienes producen alimentos, sostienen la vida comunitaria, defienden la Naturaleza y mantienen viva la posibilidad de una democracia con justicia social.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., el 28 de mayo del 2026.
Plataforma Agraria, La Vía Campesina Honduras, Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Central Nacional de Trabajadores del Campo, Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, Mesa Tierra y Territorio, Asociación Campesina Santabarbarense, Movimiento de Campesinos y Campesinas sin tierra del departamento de Yoro, Consejo Integral para el Desarrollo de las Mujeres Campesinas, Asociación de Comunidades Indígenas Lenca de La Paz, Honduras Coordinadora indígena del Poder Popular de Honduras, Movimiento Indígena Lenca de La Paz, Coordinadora Ambiental Indígena Lenca y Campesina de la Paz, Plataforma Palagua, Consejo Indígena Lenca Nance Dulce, Consejo Indígena Lenca Cilcotisco, Consejo Indígena Lenca Agua Azul Rancho, Movimiento Organizado Campesino de Atlántida, Movimiento Ambientalista Santabarbarense, Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, Plataforma de Comunidades Afectadas por Industrias Extractivas en el Sur de Honduras, Centro de Estudio para la Democracia, Consejo Indígena Lenca Renacer, Consejo Indígena Lenca Crucitas Santa María, Consejo Indígena Lenca de Simpinula, Autogobierno de Nahuaterique, Consejo Indígena Lenca Ambiental Honduras, Unión de Empresas y Organizaciones de Trabajadores del Campo Regional Indígena y Campesina La Paz
ALIANZA CAMPESINA, INDIGENA Y POPULAR DE HONDURAS
