VIDEO: La justicia tardía, no es justicia

El abogado Víctor Fernández, representante legal de la familia de Berta Cáceres y COPINH amplia sobre la solicitud de requerimiento fiscal contra Daniel Atala Midence, presentada el 4 de mayo ante el Ministerio Público. La justicia, no es justicia. ¡Basta de impunidad!

La justicia tardía, no es justicia

¡Basta de impunidad!

La justicia tardía, no es justicia: Daniel Atala debe ser procesado y juzgado

Cuando se han cumplido 50 meses de haberse ejecutado el asesinato contra Berta Cáceres comparecimos nuevamente a solicitarle al Ministerio Público que presente requerimiento fiscal contra Daniel Atala Midence, Gerente Financiero de la empresa DESA, por suponerlo responsable del delito de asesinato y el delito de asosiación ilicita.

¿Por qué pedimos esto al Ministerio Público?

Ya en octubre del 2017 nosotros hicimos esta petición al Ministerio Público, habíamos pedido que se declarara en reserva la investigación, y además pedimos una serie de diligencias investigativas. De las tres personas que nosotros pedimos que se imputara en aquel momento el Ministerio Público imputó a una; que es a Roberto David Castillo, otra de las personas vinculadas falleció, y queda pendiente Daniel Atala.

Nosotros tenemos esa información después de que peleamos mucho para que el Ministerio Público nos la pusiera a disposición. Pero ¿cuál es la información que hay? ¿cuál es la prueba que hay?

La prueba que hay, es la información de los teléfonos de las personas viculadas con el crimen. El 2 de mayo del 2016 el Ministerio Público hizo una serie de allanamientos en distintos lugares del país, lo que terminó con la captura de 4 de los primeros autores materiales del crimen

Y también hizo un allanamiento en la empresa DESA, en las oficinas de la empresa DESA en Tegucigalpa, en ese allanamiento entre otros elementos decomisó un teléfono que estuvo en uso de Daniel Atala.

De los hallazgos en ese teléfono, que lo hallaron los técnicos del Ministerio Público, de los vaciados telefónicos, de los análisis de la información; ahí se describe exactamente cómo esta persona junto a los otros autores, junto a los otros socios de la empresa DESA, conspiraron primero, para imponer el proyecto hidroeléctrico de manera irregular, incluso para constituir esa empresa de manera irregular. Ahí aparece cómo traficaron con influencias para obtener los permisos, como pagaron boletos de avión para algunos funcionarios de la SERNA para que fueran a representar al Estado, pero en realidad era para defender a la empresa DESA en audiencias en la CIDH. Aparece como se aprovechaban de su poder político, de su poder económico para influenciar jueces, para influenciar fiscales y lograr persecución contra personas del COPINH y especialmente contra Berta Cáceres, abiertamente lo dicen; cómo pagaban policías para lograr que les acompañaran en esos actos irregulares, cómo mantuvieron presencia policial y militar en la zona de ese proyecto, cómo pagaban periodistas para hacer campañas en favor de la empresa aunque las prácticas fueran irregulares.

Ese decomiso se produjo el 2 de mayo de 2016, y las pericias las hicieron técnicos del Ministerio Público, y en esos allanamientos de las primeras capturas, también se decomisaron teléfonos de otros imputados y entonces se confirma la confabulación, la conspiración para ejecutar una serie de actos delictivos sostenidos en el tiempo; que eso constituye la asociación ilícita, pero además toda la financiación de una serie de actos que desembocan con el asesinato de Berta Cáceres.

Es decir no es que nosotros estemos diciendo que él sea responsable de estos hechos porque se nos ocurre, sino porque hay prueba, y esa prueba la tiene el Ministerio Público desde el 2016. Entonces, estamos diciendo que luego de los esfuerzos que hemos hecho nosotros como representación, como familia y como COPINH, con el apoyo de expertos internacionales, nosotros logramos sintetizar esta imputación desde el 2017. Y hasta la fecha, pues transcurridos 50 meses, nos preocupa que el proceso se haya estancado en cuanto a la persecución de este tipo de autorías. Nos parece que hemos entrado en un bache que nos permite afirmar que estaríamos entrando en ese mundo de la impunidad otra vez, luego de que en principio este caso quiso quedar en la más total impunidad cuando los altos funcionarios de la seguridad de este país quisieron imponer como tesis o como hipótesis de este hecho, aquella que decía que se trataba de conflictos pasionales o conflictos internos del COPINH.

Luego que se rompió eso, que la presión popular, nacional e internacional condujo a lo que siempre dijo el COPINH, a lo que siempre dijo la misma Berta Cáceres, que sus enemigos estaban en esa empresa, llegamos a los autores materiales hasta el Presidente del Concejo de Administración de la empresa DESA, Roberto David Castillo. Pero sobre la familia, que son los verdaderos propietarios de la empresa DESA, en este caso el gerente financiero que es Daniel Atala Midence, el Ministerio Público no presenta requerimiento fiscal, a pesar de que ya se lo pedimos, a pesar de que siempre ha tenido la información desde hace más de 4 años. Entonces, estamos diciéndole al Ministerio Público que estaría violando 2 principios fundamentales; el principio de plazo razonable, es decir es suficiente 50 meses, el principio de debida diligencia que está contemplado en la ley del Ministerio Público y bueno el principio este que dice que justicia tardía no es justicia y peor si lo que tenemos a la vista, es una altísima preocupación de la víctimas, porque si el Ministerio Público tiene esta información y no presentan a la acusación, estaríamos hablando de una determinación de impunidad.

Entendemos que sería al más alto nivel del Ministerio Público, porque los fiscales, el equipo de fiscales que conocen este caso ya ha dado muestras en los otros dos procesos que se han adelantado, que comparte este criterio que vincula a la estructura económica de la empresa DESA como vinculada a la autoría intelectual de este hecho. Eso nos permite a nosotros inferir de los comportamientos que han tenido anteriormente. Además, en el primer caso de los autores materiales el mismo tribunal de sentencia establece que hay responsabilidad de los autores materiales pero en relación con otros ejecutivos y propietarios de la empresa DESA, eso genera mayor preocupación. Además hay otro caso que es el caso Fraude sobre el Gualcarque, que la MACCIH UFECIC acusó a 16 funcionarios desde el 2018 porque estableció que la empresa DESA se fundó desde siempre con propósitos criminales, es decir, defraudando, fingiendo determinadas cosas; entonces DESA es una empresa criminal desde siempre, así lo estableció el MP en esa acusación.

Transcurrido todo este tiempo, 50 meses, más de 4 años sin que haya causa contra los verdaderos autores intelectuales, provoca esa altísima preocupación entre las víctimas, entre el COPINH, y en toda la gente que está siguiendo la causa Berta Cáceres y a nosotros nos corresponde hacer esas peticiones al Ministerio Público y esperamos que nos resuelva lo más pronto posible.

Victor Fernández, representante legal de la familia de Berta Cáceres y COPINH

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