Boletín informativo: Causa Berta Cáceres
1. Despojo, corrupción y crimen con nombre y apellido.
El pasado 4 de septiembre se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa el lanzamiento del informe Violencia, corrupción e impunidad en el sector privado, en el cual se desarrolla un análisis de los patrones que culminaron en el asesinato de Berta Cáceres. La presentación del informe estuvo a cargo de Daniel Cerqueria, reconocido abogado de la Fundación para el Debido Proceso, quien anteriormente se desempeñaba como abogado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el evento también se contó con la participación de Berta Zuniga Cáceres, Hija de Berta Cáceres y coordinadora del COPINH.
El informe devela la manera de operar de David Castillo, militar formado en la academia West Point en los Estados Unidos de Norteamérica, empleado de DESA, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. David Castillo es un empleado servil al sistema y al servicio de la familia Atala Zablah.
Algunos de los principales hallazgos del informe:
- David Castillo desarrolló acciones como amenazas, hostigamiento, soborno, acciones violentas y la promoción del asesinato de Berta Cáceres. Estas acciones eran ejecutadas con el propósito de preservar los intereses de la empresa DESA y sus accionistas.
- David Castillo era el representante corporativo de PEMSA (Panamá), empresa que tiene supuestos vínculos con la empresa de Producción de Energía Solar y Renovable SA (PRODERSA) la cual fue fundada por la organización violenta del narcotráfico Los Cachiros.
- David Castillo mientras se desempeñó como empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), formó parte del equipo que viajó a Brasil para participar en lasnegociaciones con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, acusada internacionalmente por pagar sobornos para ejecutar proyectos en diferentes países de la región.
- David Castillo, mientras fue empleado público en la ENEE , se valió del conocimiento de las licitaciones, de contactos e influencias para desarrollar negocios privados de manera fraudulenta en perjuicio del estado de Honduras.
El informe presentado por las organizaciones internaciones, además, va acompañado de una solicitud ante las cortes de los Estados Unidos para que se investigue el proceder de una cantidad millonaria de dólares, con al cual se presume que David Castillo habría comprado una casa de lujo, adquirida 8 meses despues del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
2. LA COMPLICIDAD DE LOS PODERES
Han transcurrido 42 meses sin justicia, verdad y castigo para quienes quitaron la vida de la hermana compañera Berta Cáceres.
Recientemente la corte de apelaciones ha revocado la decisión de la jueza para que el COPINH sea parte del proceso en su condición de víctima del caso “Fraude sobre el Gualcarque”, al igual que en el proceso por la autoría material por el asesinato se desconoce la violencia sistemática a las comunidades indígenas Lenca organizadas en le COPINH como consecuencia de ésta y otras concesiones otorgadas ilícitamente.
Sumado a lo anterior, los medios corporativos en complicidad con los sectores de poder sostienen un cerco mediático que en conjunto con la defensa de David Castillo y de DESA promueven una campaña de desvinculación de Castillo con el crimen, intentando deslegitimar el proceso en su contra. Las pruebas que vinculan a Castillo son claras y todo el entramado que sostiene esta estructura corrupta y criminal que ordenó y pagó el crimen de quien representa la lucha de los pueblos de Honduras y el mundo, Berta Cáceres.
La continuación de la audiencia preliminar del caso contra Castillo dará paso a la etapa de enjuciamiento, aún con los esfuerzos de su defensa de desvincularlo del crimen y a su vez ocultar la responsabilidad de la familia Atala Zablah.
Desde el COPINH enviamos una voz de alerta, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional. Un pueblo movilizado exigiendo justicia, una comunidad internacional vigilante al debido proceso y una familia que exige justicia verdadera y castigo a quienes ordenaron el asesinato de la compañera Berta Cáceres.
3. Ley Berta Cáceres, una apuesta contra la militarización
Desde el golpe de Estado del año 2009, Honduras vive un acelerado proceso de militarización, el control institucional por integrantes de las fuerzas armadas, la militarización de las calles y espacios públicos son parte de las acciones desarrolladas por el régimen con el propósito de coartar las libertades ciudadana.
Las fuerzas armadas juegan un rol determinante en la defensa de los proyectos extractivos, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual Berta Cáceres en el COPINH realizó junto a las comunidades indígenas Lencas, un proceso de resistencia pacífica, y a su vez, David Castillo con formación militar en los Estados Unidos y quien se desempeñaba como presidente de DESA, utiliza su red de contactos e influencias para establecer control y protección a las instalaciones de la empresa.
Por ello el COPINH considera importante que en meses anteriores cuatro congresistas demócratas reintrodujeron al Congreso de los Estados Unidos la “Ley Berta Cáceres por lo Derechos Humanos en Honduras”, que busca cortar la ayuda financiera a las Fuerzas Armadas y a la policía hondureña, en tanto el gobierno no investigue varias denuncias sobre violaciones de derechos humanos y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad.
La ley encuentra una corresponsabilidad del gobierno de los Estados Unidos que provee de recursos, capacidades y personal a un régimen que hoy además de violador de los derechos humanos, tiene vínculos directos de Juan Orlando y su círculo cercano con reconocidos narcotraficantes de Honduras y cómo los mismos financiaron sus campañas políticas.
La militarización de los territorios, al resguardo de los intereses de un sector económico tanto nacional como trasnacional, responde a una lógica que sigue persiguiendo, criminalizando y judicializando a quienes defienden las tierras que trabajan y protegen, desde hace siglos, los bienes comunes de la naturaleza, y son quienes seguirán en la lucha por la defensa de sus derechos y por el respeto a la vida digna de las comunidades.