LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA SON ILEGALES Y DEBEN SER ANULADAS.
Tegucigalpa, 23 de octubre de 2018. – El primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres ha iniciado de manera ilegal el día sábado 20 de octubre sin que se resuelva en firme la recusación interpuesta en contra del Tribunal que conoce el caso y con la exclusión de las representaciones de las víctimas.
Tras la decisión ilegal de su exclusión, las representaciones de las víctimas interpusieron dos recursos de reposición y uno de nulidad argumentando que la convocatoria a iniciar el juicio es ilegal puesto que el tribunal tiene prohibido conocer del proceso mientras esté en trámite el amparo de fecha 19 de octubre con efecto en la recusación contra las magistradas del tribunal. Recordando que la inasistencia a esta audiencia fue justificada y anunciada debidamente al tribunal.
“Todo lo que ha hecho y está haciendo el Tribunal es ILEGAL y debe ser anulado” ha comentado el abogado Víctor Fernández, aduciendo que el tribunal continúa imposibilitado de conocer el proceso y que además miente sobre sus resoluciones.
El tribunal presidido por Esther Flores, decidió dar inicio a las audiencias del juicio desde el día sábado 20 sin resolver los recursos de las víctimas en contra de la decisión de excluirles. A pesar de haberlo anunciado el sábado 20, el tribunal se encontraba resolviendo los recursos hasta el día lunes 22 al medio día, profundizando las arbitrariedades de sus actuaciones.
Así mismo, la decisión de imponer al Ministerio Público como representante de las víctimas fue calificada como un atropello a la dignidad por parte de Bertha Zúniga debido a que “El ministerio Público nunca ha representado ni representará a las víctimas sino a los victimarios detrás del asesinato de Berta Cáceres, ocultando información y negando nuestros derechos a participar del proceso legal”.
Las audiencias ilegales del juicio fueron suspendidas el día sábado 20 y lunes 22 de nuevo, debido a la falta de entrega de información y de medios de prueba por parte del equipo fiscal del Ministerio Público, situación denunciada por las víctimas en reiteradas ocasiones, siendo un lastre sistemático para el proceso de justicia y una prueba más de la falta de condiciones para el desarrollo de un juicio justo.