EL Ministerio Público de Honduras perpetúa la impunidad en el crimen de Berta Cáceres.
El COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo de abogados del MADJ, nos presentamos ante la opinión pública para alertar sobre el futuro del proceso judicial por el asesinato de nuestra compañera y coordinadora general, Berta Cáceres y el intento de asesinato de nuestro compañero Gustavo Castro.
En pocos días nos vamos a presentar a una audiencia de proposición de pruebas sin tener la posibilidad de acceder a toda la evidencia recolectada desde hace más de 2 años en allanamientos y diligencias judiciales e investigativas realizadas por el Ministerio Público y la ATIC. En por lo menos 35 ocasiones la fiscalía del caso se ha negado a entregar información o lo ha hecho de forma parcial, segmentada o de manera irregular.
Hemos presentado solicitudes específicas de la información necesaria para asistir a un juicio con las garantías debidas y el Ministerio Público las ha ignorado, así como ha ignorado reiteradas órdenes judiciales por parte del Tribunal de Sentencia para entregar la información, como la que venció el viernes pasado, después del vencimiento del término de 5 días.
Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la CIDH, las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo.
Debemos denunciar que esta actitud de las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del asesinato de Berta Cáceres, a los autores intelectuales que aún no han sido procesados.
El juicio al que nos enfrentamos es contra las personas que fueron pagadas para asesinar a Berta Cáceres; sicarios y mediadores. Quienes son vínculos básicos con quienes dieron la orden de asesinar a la lideresa del COPINH. Sin embargo, desde la perspectiva de las autoridades se busca limitar el acceso a conocer estas vinculaciones y procesar a los autores intelectuales.
La ausencia de persecución de quienes, desde cargos directivos, mandaron a asesinar a Berta Cáceres es responsabilidad del fiscal general Óscar Chinchilla, quien desde su posición ha sido complaciente a las irregularidades y la falta de investigación de los autores intelectuales obvios del crimen.
Debe saberse que David Castillo Mejía, gerente general de DESA, perseguidor y acosador de Berta Cáceres fue capturado no por voluntad o investigación del Ministerio Público sino por una denuncia hecha por nuestro equipo. La cual no fue presentada únicamente para él sino para una serie de personas de la empresa DESA y no hay ninguna respuesta.
En este juicio se emula la realidad de los territorios indígenas y campesinos de Honduras en los que las comunidades organizadas se enfrentan a las empresas. En este juicio no nos enfrentamos a la defensa de Sergio Rodríguez sino a la defensa de la empresa DESA, de sus directivos y dueños. Nos enfrentamos también a unas autoridades complacientes con la impunidad, tal como en las violaciones de los derechos de las comunidades.
Con el beneplácito del Estado se busca acabar con la oposición a una cierta forma de desarrollo que trae hambre, destrucción, lágrimas y sangre a las comunidades más abandonadas por el mismo Estado. Con su beneplácito se niega incluso la condición de víctima del COPINH.
Reiteramos y alertamos que nos enfrentaremos en la mayor desventaja a un proceso judicial con enormes irregularidades y violaciones a los derechos de las víctimas.
Dado en Tegucigalpa a los 7 días de agosto del 2018