Gobierno y empresarios promueven cuarto Congreso de Minería en Honduras
Por cuarto año consecutivo, Honduras es sede del Congreso Internacional de Minería, que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández y la Universidad Politécnica de Ingenierías. Representantes de 28 nacionalidades llegarán para conocer las riquezas minerales que posee el país, de cara a la instalación de empresas mineras.
Este año el Congreso se desarrollará el 17, 18 y 19 de julio, en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, y tendrá como tema principal la consulta previa y la participación ciudadana. En representación del Estado participarán: el Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN, y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, MiAmbiente.
En los últimos años, las actividades mineras en Honduras han incrementado, generando conflictividad entre el Estado, las compañías mineras y las comunidades donde se instalan los proyectos. La conflictividad deviene en enfrentamientos, violaciones a derechos humanos, marco legal débil y favorable a compañías, quienes cuentan con la institucionalidad como respaldo.
Organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos opinan que la celebración del Congreso Minero, es reflejo del papel colaborador del gobierno con estas empresas, en ese enfoque el Estado sostiene una posición intransigente de entregar el territorio al mejor postor a pesar de los conflictos que generan.
A criterio del ambientalista Pedro Landa del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, de la Compañía de Jesús- ERIC,- con este Congreso el gobierno pretende seguir multiplicando el número de concesiones mineras, que asciende a más de 750 otorgadas. “Además, buscan empujar el ante proyecto sobre consulta previa, catalogado por las comunidades indígenas como dañino”, explica Landa, quien sostiene que los proyectos extractivistas únicamente generan pobreza extrema y muerte en las comunidades.
Por su parte Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, dice que las comunidades garífunas rechazan de forma rotunda la realización del Congreso Minero que impulsa el gobierno de Honduras, y la posible aprobación del anteproyecto de ley sobre consulta previa, que no se apega a estándares internacionales en materia de derechos indígenas.
Miriam, sostiene que el Estado ha agregado a la propuesta de ley, una serie de adefesios jurídicos que tergiversan el significado de la consulta previa, convirtiéndola en un trámite administrativo, donde sólo existe la posibilidad de aceptar las imposiciones del Estado y los empresarios.
“Es una ley que cuenta con el aval de la OIT pero sirve para legalizar la expropiación de los bienes naturales en territorios indígenas”, afirma Miranda, quien se encuentra realizado jornadas de socialización, para que las comunidades garífunas conozcan los efectos negativos del ante proyecto. seguir leyendo>>>