GIEI
¿Qué es un GIEI y cuál es su propósito?
Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es un grupo de especialistas de diversas disciplinas enfocados en realizar una investigación independiente y especializada sobre los hechos ocurridos en el marco de un caso en específico.
En el caso de Honduras, este surge tras la solicitud del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en el marco de la medida cautelar No. 112/16 y como resultado del acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado hondureño y las representantes de las medidas de protección, COPINH y CEJIL, en octubre de 2024.
La finalidad de un GIEI es proporcionar asistencia técnica a un Estado respecto a casos específicos. En Honduras, el GIEI coadyuvará en la investigación respecto de la autoría intelectual y los delitos conexos del asesinato de Berta Cáceres; cuyos familiares y los miembros de COPINH son las personas beneficiarias de la Medida Cautelar No. 112/16.
Asimismo, el GIEI trabajará en el desarrollo de un plan de reparación integral y de carácter colectivo para las víctimas del caso, en particular para las comunidades Lencas impactadas por el extractivismo y la violencia derivadas de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
¿Cuál será el mandato del GIEI en Honduras respecto del caso de Berta Cáceres?
El objetivo del GIEI es brindar asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de los derechos humanos, a las autoridades del Estado hondureño responsables de conducir la investigación respecto de la autoría intelectual y delitos conexos del asesinato de Berta Cáceres.
Para esto, el GIEI realizará un análisis técnico de las líneas de investigación establecidas hasta el momento por el sistema de procuración de justicia hondureño para determinar responsabilidades penales, particularmente respecto de la autoría intelectual del crimen.
Se espera también un análisis técnico e integral de la investigación sobre posibles delitos conexos. El GIEI debe analizar si en este caso se están agotando correctamente todas las líneas de investigación, en particular los vínculos entre la delincuencia organizada y actores estatales y no estatales, empleando las figuras legales adecuadas, tanto de los autores directos como de los intelectuales, incluyendo hechos de corrupción y delitos económicos o financieros.
El GIEI estará facultado para coadyuvar en las investigaciones, presentar información, proponer y participar en diligencias de investigación, proponer líneas de investigación, así como solicitar, por conducto de las autoridades competentes y/o la representación de las víctimas, se ejerzan acciones penales, de conformidad con la normativa hondureña vigente.
De ser el caso, es posible que el GIEI recomiende las reformas legales necesarias para investigar los casos de violaciones de derechos humanos cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos, particularmente de la tierra, territorio y medio ambiente.
El GIEI también trabajará en el desarrolló de las bases para de un Plan de Reparación Integral que tome en cuenta a las víctimas colectivas del caso, en aras de reparar el daño causado a las víctimas y sus familias, incluyendo a las comunidades afectadas.
Se espera que el GIEI dé a conocer al Estado, a la CIDH, a las víctimas y sus representantes los resultados parciales y finales de su gestión y las recomendaciones que se estimen convenientes, así como las medidas de no repetición. El GIEI, por mandato, elaborará un informe final público de su trabajo.
Todo esto, conforme a los más altos estándares internacionales y a las mejores prácticas regionales y en un plazo de ejecución de 6 meses, contados a partir de la fecha de su instalación.
¿Quiénes conforman este GIEI y cuál es su experiencia?
El GIEI de Honduras está compuesto por tres profesionales de alta consideración moral, imparcialidad e integridad y reconocida trayectoria en derecho internacional de los derechos humanos. Sus perfiles se alinean a los objetivos de su mandato específico en el caso de Berta Cáceres.
Las personas expertas son:
- Roxanna Altholz (Estados Unidos):
Roxanna Altholz es abogada y académica experta en derecho internacional de los derechos humanos. Su trabajo ha resultado en decisiones clave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); como experta ha acompañado grupos de derechos humanos de Naciones Unidas; e iniciado acciones legales en casos de violaciones de derechos humanos en los tribunales federales de EE.UU. Antes de enseñar en Berkeley, trabajó como asesora legal en la Misión de la ONU en Kosovo y como abogada en el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, manejando casos relacionados con masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones en EE. UU., Colombia, Guatemala, la República Dominicana y Ecuador. Ha recibido el Premio al Joven Alumni de la Facultad de Derecho de UC Berkeley y el Premio Thomas I. Yamashita de la Fundación para el Cambio de UC Berkeley.
- Ricardo Aníbal Guzmán Loyo (Guatemala):
Ricardo Guzmán es abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala con más de 25 años de experiencia en Derecho Penal y Ciencias Forenses. Cuenta con una profunda experiencia de más de dos décadas de trabajo en la gestión pública en Guatemala como viceministro de seguridad en el Ministerio de Gobernación, segundo sub secretario general del Ministerio Público, y fiscal de delitos contra la vida. Es experto en crimen e investigación de pandillas, narcóticos, crimen organizado y asesinato.
- Pedro Biscay (Argentina):
Pedro Martín Biscay es abogado y máster en finanzas, especializado en criminalidad económica con amplia trayectoria en la investigación y persecución de delitos financieros, corrupción y lavado de activos. Ha trabajado en organismos internacionales como la ONU y USAID, además de sus roles en la administración pública argentina, como Director del Banco Central y en PROCELAC. Ha desarrollado estrategias para combatir la criminalidad organizada, especialmente en la intersección entre mercados ilícitos y sistemas financieros, y ha liderado proyectos de alto impacto en América Latina y el Caribe, para fortalecer capacidades institucionales en la lucha contra el crimen transnacional y para mejorar la persecución penal de delitos complejos como la corrupción y el lavado de activos. Es integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y de la Comisión Directiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
¿Cuáles son las 3 principales funciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de Berta Cáceres?
- Realizar un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.
Especialmente los vínculos con la delincuencia organizada y actores estatales o no estatales, evaluando el uso de figuras legales adecuadas para establecer responsabilidades penales.
- Realizar un análisis técnico e integral de la investigación sobre delitos conexos.
Esto incluye:
– hechos de corrupción
– delitos económicos o financieros
– medidas de no repetición.
- Realizar una propuesta de un Plan de Reparación Integral a Víctimas.
Para reparar el daño causado a las víctimas y sus familias, incluyendo a comunidades afectadas, con acciones que les devuelvan justicia, apoyo y garantías de que no volverá a ocurrir
¿Cuáles son los compromisos del Estado de Honduras?
El Estado de Honduras debe garantizar al GIEI todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de su misión. Esto significa un pleno acceso a todos los órganos y entidades estatales que tienen a su cargo actividades vinculadas al trabajo del grupo.
Respecto a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes y causas penales, el Estado de Honduras debe garantizar al GIEI su pleno acceso, así como a las evidencias o pruebas materiales de conformidad con el marco jurídico nacional y los estándares internacionales de investigación. Esto incluye toda la información en su posesión relacionada con los hechos.
Además, el Estado debe garantizar a las personas integrantes del GIEI y a quienes les apoyen durante su gestión, las medidas de protección necesarias para que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad.
Como parte del acuerdo, el Estado se ha comprometido también a adoptar las recomendaciones que emita el GIEI al finalizar su mandato y a fortalecer sus capacidades institucionales para la investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, en particular defensoras de la tierra y el territorio.
¿Por qué un GIEI para Berta es tan importante para todos los pueblos de Honduras?
El trabajo de este grupo representa también la oportunidad de fortalecer las capacidades de los órganos de justicia hondureños y develar cómo el contexto hondureño permite las violaciones a los derechos de los pueblos y cuáles son los patrones en los hechos de violencia que a la fecha persisten contra personas defensoras de la tierra y el territorio.
El conocimiento de la verdad y la garantía de una reparación integral para la familia de Berta Cáceres y el pueblo lenca es también fundamental para garantizar justicia y presenta la oportunidad de trazar una ruta para la reparación de otras comunidades que, como en el caso del pueblo Lenca, hacen frente a la violencia y al extractivismo en el país.
Avanzar en el camino de justicia para Berta es una ruta para asegurar que el crimen que ella vivió no se siga repitiendo en Honduras y que los pueblos vivan en autonomía y libertad. El GIEI es un paso más en esta lucha colectiva que permitirá avanzar hacia una justicia integral para Berta, para los pueblos y para toda la sociedad hondureña.
¿Cuál ha sido la experiencia de otros GIEI en América Latina?
En América Latina, los GIEI han surgido de acuerdos formalizados entre la CIDH, los Estados de la región, las víctimas y sus representantes, y se han constituido como una instancia independiente e imparcial de investigación técnica sobre graves violaciones a derechos humanos. El primero se instaló en México en 2014 como resultado de las demandas de investigación por parte de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y sus representantes. Desde entonces han existido dos más: el de Nicaragua y el de Bolivia. El GIEI de Honduras será el cuarto.
Los tres GIEI previos se han conformado para investigar: (i) la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en 2015; (ii) los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua; y (iii) los hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 en Bolivia.
Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en estos países han sido acompañadas por el trabajo del GIEI, siendo una instancia que fortalece las investigaciones a nivel interno y genera recomendaciones para que los Estados garanticen el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas.
Ejemplo de ello es que en el caso de Ayotzinapa en México, las investigaciones del GIEI confrontaron la narrativa oficial del Estado respecto a la desaparición de los estudiantes y develaron responsabilidades en los diferentes niveles del Estado, incluyendo al gobierno Federal y al ejército. Por su parte, en el caso de Nicaragua, el trabajo del GIEI permitió documentar los hechos de violencia perpetrados por el gobierno nicaragüense y fue el primer ente internacional en nombrar estos hechos como crímenes de lesa humanidad.
En el caso de Honduras, el GIEI representa una oportunidad para conocer la verdad sobre el crimen contra Berta Cáceres, en particular respecto a la autoría intelectual del asesinato; los delitos conexos, por ejemplo de corrupción o de carácter financiero, que no se han investigado en su totalidad; y respecto al contexto en que suceden este tipo de crímenes en Honduras. Así, el trabajo de este grupo, tiene la oportunidad de generar un precedente en la investigación y el acceso a la justicia de crímenes contra personas defensoras de la tierra y el territorio en el país. Además, la instalación del GIEI en el país busca saldar la deuda de investigar de manera independiente estos hechos y romper con la impunidad que aún impera en Honduras y será también una vía para avanzar en la reparación de las víctimas, abordar la raíz del conflicto en las comunidades y plantear medidas para que estos hechos no se repitan.