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Declaración del Senador Patrick Leahy Sobre La Necesidad de Justicia en Honduras

Registro del Congreso 9 de Noviembre, 2017
Sr. LEAHY. Sr. Presidente, quisiera hablar sobre un tema de lo cual muchos Senadores están conscientes y de lo cual deben estar profundamente preocupados.
Recordamos que en las primeras horas del 3 de Marzo, 2016, Honduras perdió uno de sus líderes indígenas más valientes y carismáticas, Berta Cáceres. Sra. Cáceres fue la Coordinadora General del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ella fue ultimada por asesinos armados en su hogar en el pueblo de La Esperanza, Intibucá.
https://www.congress.gov/congressional-record/2017/11/9/senate-section/article/s7152-1?r=63()

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Berta Cáceres dedico su vida a la defensa de los derechos indígenas, particularmente los derechos a la tierra y recursos naturales. En 2015, ella recibió el prestigioso Premio Goldman para el Medioambiente por su activismo y liderazgo destacado. COPINH estaba apoyando luchas por tierra en todo el occidente de Honduras, y por eso – porque ejercitaba derechos garantizado por la ley Hondureño e internacional – ella y las comunidades que ella y COPINH apoyaban eran blancos frecuentes de amenazas.
En Rio Blanco, su organización y la comunidad de Rio Blanco fueron amenazadas frecuentemente por participar en protestas pacíficas para proteger el rio y su forma de vivir de la construcción de la represa hidroeléctrica, Agua Zarca por DESA, una represa Hondureño apoyado por bancos internacionales.
Fue como resultado de estas amenazas dirigidas a ella por su apoyo la lucha de Rio Blanco que la Sra. Cáceres fue otorgada medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, las autoridades Hondureños no solamente fallaron en protegerla, también la denigraron igual a otros activistas como ella.
Berta Cáceres fue una inspiración a la gente en todo el mundo y su muerte fue una perdida terrible para personas en todas partes. Como dije en este Cámara el día después de su muerte:
“La pregunta inmediato es que hará el Presidente Hernández y su gobierno, lo cual con demasiado frecuencia ha ignorado o pasivamente condonado ataques contra activistas Hondureños, para apoyar una investigación independiente, juicio y castigo para los responsables de este crimen atroz. Y también, que pasos tomara el gobierno para proteger tantos otros, incluyendo miembros de COPINH, quienes necesitan protección y para defender los derechos de personas como Berta que ponen en riesgo sus vidas para defender pacíficamente el medioambiente y sus formas de vida.”
No es sorprendente para quienes conocen las fuerzas de seguridad estatales de Honduras, que la investigación del asesinato tuvo un mal inicio. El escenario del crimen en la casa de Sra. Cáceres fue manipulado y la primera reacción del gobierno frente el asesinato fue intentar acusar a sus asociados en COPINH. Cuando esto no avanzo, intentaron intimidar el único testigo presencial del asesinato, Gustavo Castro, un ciudadano Mexicano quien salió herido. Esto también fracaso.
Gracias a la intensa presión internacional incluyendo de la Embajada de los Estado Unidos, ocho personas fueron eventualmente arrestadas incluyendo un oficial de servicio activo en el ejército y empleados de bajo rango de la empresa hidroeléctrica DESA. Esto es notable porque el asesinato de Berta Cáceres fue lo más reciente de más de 100 activistas ambientales asesinados que han sido reportados en Honduras desde 2010. Y desde su muerte, ha habido otros. Investigadores de Global Witness, una organización de derechos humanos ampliamente respetado que documento esos crímenes, fueron sujetos a amenazas y acusaciones falsas por parte de oficiales Hondureños quienes intentaron descreditar su reporte. Hasta donde tengo conocimiento, ninguna persona ha sido llevada ante la justicia por esos crímenes y si no fuera por el clamor internacional no hay razón de pensar que el asesinato de Sra. Cáceres no hubiera recibido el mismo trato.
Poco después de su asesinato, en visto de la larga historia de impunidad por los asesinatos de periodistas y activistas sociales, la familia de Sra. Cáceres insto el gobierno de Honduras a permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviara un equipo de expertos legales para realizar su propia investigación. El gobierno de Honduras no solo rechazo la propuesta sino también el Ministerio Publico ha negado a compartir la mayor parte de la evidencia con los representantes legales de la familia Cáceres lo cual es obligado bajo la ley de Honduras.
La familia también solicitó que expertos forenses independientes sean permitidos a analizar la evidencia balística e otras evidencias. También el gobierno de Honduras rechazo esta solicitud.
Igual a la familia de Sra. Cáceres’, yo también hice un llamado a una investigación independiente e inste que la concesión otorgada a DESA para el Proyecto Agua Zarca sea abandonado. Claramente no puede coexistir con el pueblo indígena de Rio Blanco que lo considera una amenaza a su forma de vivir. Mientras algunos bancos internacionales han retirado, a 20 meses desde el asesinato de Sra. Cáceres, DESA niega responsabilidad y rehúsa cancelar el proyecto.
Después de los arrestos de ocho sujetos, había esperanza que quienes concibieron y pagaron por el asesinato de Sra. Cáceres serian rastreados y capturados pero esto no sucedió. Por más de un año no ha habido ni una palabra más por parte del Ministerio Publico sobre el caso, con la excepción de que la investigación continua – un refrán familiar en Honduras donde investigaciones criminales o nunca comienzan o nunca terminan.
La Embajada de los Estados Unidos también aseguro repetidamente a mí e a otros que la investigación estaba siendo conducida de manera profesional y de acuerdo con los estándares más altos. Ahora parece que esto fue una ilusión sin fundamento.
Después que el gobierno Hondureño denegó permisión al CIDH para investigar, la familia de Berta Cáceres’ organizo un equipo internacional independiente de abogados de derechos humanos para conducir su propio análisis de la evidencia. Durante el plazo de un año, el grupo, conformado por cinco abogados destacados de los Estados Unidos, Colombia, y Guatemala, conocido como el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), entrevistaron testigos e analizaron datos de teléfonos celulares e otra evidencia que pudieron obtener del Ministerio Publico. Y mientras los datos que analizaron representan solamente una fracción pequeño de lo que se conoce que existe, incluyo miles de mensajes de texto que revelaron mucho.
Ahora hay pocas dudas sobre las identidades de por lo menos algunos de los autores intelectuales quienes concibieron y pagaron por el asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, el ministerio público no ha actuado a base de esta evidencia, quizás porque implica que ejecutivos de DESA con vínculos con oficiales en el Gobierno Hondureño están involucrados.
Como dije el 31 de Octubre, 2017, cuando GAIPE público el informe de su investigación,
“Este informe condenatorio corrobora lo que muchos sospecharon: que la investigación del asesinato de Berta Cáceres ha estado plagada de incompetencia, intentos de bloquear y desviar la atención para proteger a quienes concibieron y pagaron por esta conspiración, y una flagrante falta de voluntad política . El Ministerio Público debe dar acceso completamente, sin más demora, todos los testimonios, pruebas electrónicas y balísticas a los representantes legales de la familia Cáceres, y a los abogados de los acusados tal como lo exige la ley. El Ministerio también debe proteger toda la prueba y seguir la evidencia sea donde sea que esta conduzca hasta arrestar a los responsables. Es vergonzoso que a pesar de la intensa presión nacional e internacional, este caso horrible ha languidecido, mientras que los responsables han tratado de desviarlo. Por otra parte, hay cientos de activistas sociales y periodistas hondureños que han sido amenazados y asesinados de manera similar, cuyos casos no han sido investigados.”

Es importante notar que el informe de GAIPE indica que la evidencia no solo implica a los ejecutivos de DESA y sus empleados, tanto como agentes del estado Hondureño, en la vigilancia, diseminación de información falsa, y el complot para asesinar a Berta Cáceres; la evidencia también revela otros crimines incluyendo obstrucción de la justicia, abuso de autoridad, y asociación ilegal. El informe documenta los extremos impactantes a los cuales la empresa estaba dispuesta en búsqueda de sus objetivos financieros, incluyendo la contratación de un asesinato.
En adición de divulgar inmediatamente la evidencia a la familia Cáceres y a otros quienes tienen el derecho de accederlo bajo la ley Hondureña, el Ministerio Público debe actuar sobre la petición de los representantes legales de la familia Cáceres de arrestar a los autores intelectuales.
El Ministerio Público debe asegurar inmediatamente que todas las pruebas electrónicas y otra evidencia esta adecuadamente protegido para eliminar el riesgo de manipulación. Por cualquier razón, mucha de la evidencia, según lo que informan, está en la posesión de La Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia, y dado la historia en Honduras de la desaparición, destrucción o robo de evidencia e intimidación y el asesinato de testigos, asegurando la evidencia en este caso es imperativo.
El Gobierno Hondureño debe tomar todos los pasos necesarios para proteger los líderes de COPINH, quienes vidas aún permanecen en peligro. En el pasado, las respuestas por parte del gobierno a peticiones para protección han variado entre inacción e ineficaz.
La concesión de Agua Zarca, y otros concesiones hidros o extractivos que fueron obtenidos sin consentimiento de la comunidad local, quienes vidas o territorios serian afectados negativamente, deben ser cancelados. El Gobierno de Honduras necesita reformar sustancialmente la manera en que revisa y otorga estas concesiones, cuales con mucha frecuencia han sido el producto de tratos corruptos que resultan en degradación ambiental, conflicto social, y violencia.
Sr. Presidente, el asesinato de Berta Cáceres, tan escandaloso y trágico que era, presento al Gobierno Hondureño con una oportunidad para mostrar que la justicia es posible en casos como este, y que las personas en posiciones de privilegio y poder económico y político también son sujetos a la justicia. Sin embargo, hemos visto más de lo mismo. Evidencia importante mal manejado y posiblemente ignorado, y retenido de personas quienes tienen el derecho de accederlo. Una investigación parcial que resultó en el arresto de los quienes, según se informa, cometieron el crimen, seguido por meses de silencio sin identificar quienes están detrás de esto. Esto no es aceptable.
En los últimos dos años, Presidente Hernández y otros oficiales Hondureños han viajado a Washington haciendo cabildeo para que Honduras reciba su porción de fondos Estadunidenses para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del triángulo norte de América Central. Entre otras cosas, han expresado su compromiso a los derechos humanos y respecto hacia sociedad civil. Van a darse cuenta que la acción, no palabras, es lo que importa.
En los últimos dos años, el Congreso de los Estados Unidos ha proporcionado U.S $1.4 billones de dólares para apoyar el Plan, de lo cual una porción significante es para Honduras. Yo apoye esos fondos, porque reconozco los inmensos desafíos que la pobreza, corrupción, tráfico de drogas, violencia de pandillas, y la impunidad significan en esos países. Estos problemas no serán resueltos con la construcción de un muro en nuestra frontera sur, o deportando miles de Centro Americanos quienes viven en los Estados Unidos.
Menciono esto porque el asesinato de Berta Cáceres coloca el apoyo de los Estados Unidos para el Plan bajo intenso escrutinio. Hoy ese apoyo está en peligro.
Por esta razón, los responsables por su muerte, y los asesinos de otros activistas sociales Hondureños y periodistas tienen que ser llevado ante la justicia.
Por esta razón Agua Zarca, y otros proyectos parecidos que no tienen el apoyo de la población local, tienen que ser abandonados y reemplazados con un proceso participativo incluyente y transparente que cumple con protecciones internacionales ambientales y sociales.
Por esta razón el Gobierno de Honduras tiene que cesar sus intentos a socavar el trabajo del Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que ha comenzado a investigar el vínculo entre la asesinato de Berta Cáceres y practicas corruptos entre DESA y agentes del estado Hondureño.
Y por esta razón el Gobierno Hondureño finalmente tiene que tomar en serio su responsabilidad de proteger los derechos de los periodistas, defensores de derechos humanos, otros activistas sociales, COPINH, y organizaciones de la sociedad civil que abogan pacíficamente para el desarrollo económico equitativo y acceso a la justicia.
Solo entonces debemos confiar que el Gobierno Hondureño es un socio con lo cual los Estados Unidos puede trabajar en respondiendo a las necesidades y protegiendo los derechos del pueblo Hondureña, particularmente aquellos quienes han sufrido el mayor parte del impacto de la negligencia oficial, corrupción, y violencia por tantos años.
Hoy, cualquier esperanza que el Gobierno Hondureño pueda tener para la continuación de asistencia de los Estados Unidos bajo el Plan de la Alianza para la Prosperidad depende en parte, en el resultado del caso de Berta Cáceres, acciones concretas que demuestran apoyo para el papel legítimo de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, y reforma real del sistema de justicia.

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Última modificación: 16 de noviembre de 2017 a las 20:54

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