MADJ-COPINH: Exigimos romper con la impunidad; reacciones ante informe del Estado en el examen del Comité de DDHH de la ONU

Diversos representantes del Estado de Honduras, como parte de la decisión de provocar impunidad en el asesinato, de forma inmediata a la presentación del informe alternativo presentado por diversas organizaciones de sociedad civil de Honduras en el marco del examen, realizaron intervenciones públicas afirmando que la ONU ha sido objeto de desinformación por parte de “malos hondureños” que pretenden que se condene al Estado de Honduras por violaciones de derechos humanos y que este ente ha estado recibiendo información equivocada respecto de los avances en la investigación del caso.

El Estado pretendió y pretende instalar en la opinión pública nacional e internacional que se han provocado avances sustanciales y que, hasta la fecha se han identificado dos autores intelectuales del asesinato, entendiendo que la apertura a juicio oral y público en contra de cuatro de los imputados es también un logro. Sin embargo, desconoce en sus intervenciones y en su accionar desde el sistema de justicia la reiterada y oportuna solicitud planteada por el equipo legal, las víctimas y diversos países y pueblos del mundo de abrir las líneas investigativas hacia personalidades públicas del país y altos mandos del gobierno en curso los cuales han sido evidenciados en sus múltiples vinculaciones con los actos de corrupción mediante los cuales se aprueban e instalan los proyectos extractivos en el país.

En ese marco, oportunamente el equipo legal de la causa y el COPINH han hecho públicas sus consideraciones y valoraciones frontales a fin de evidenciar una vez más las falacias del Estado de Honduras a través de sus representantes y denunciar todo su accionar como parte de la procura de dilación e impunidad en el asesinato de mayor impacto de este tiempo.

A continuación, compartimos el posicionamiento íntegro.

Exigimos romper el pacto de impunidad que goza la élite política, económica y gubernamental que asesinó a Berta Cáceres

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), a través del equipo de abogados que participa en el proceso administrativo y judicial, en relación al crimen en contra de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro, a la sociedad hondureña, al Estado y gobierno de Honduras y la comunidad internacional, nos dirigimos para expresar y exigir lo siguiente:
Como consecuencia del examen realizado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado de Honduras, el pasado 5 y 6 de julio, 2017 y luego de 16 meses del crimen contra Berta Cáceres y la tentativa en contra de Gustavo Castro, el gobierno hondureño ha reaccionado, acusando a las organizaciones de derechos humanos de brindar informes falsos y tergiversados sobre el caso y anunció sanciones en contra de sus “críticos”.
La virulenta reacción gubernamental ha sido acompañada por publicaciones desde varios espacios en las redes sociales en los que se estigmatiza y criminaliza a Bertha Zúniga Cáceres, al COPINH y otras organizaciones sociales que hacemos denuncias reales, una oposición digna y demandamos justicia integral ante este crimen.
A pesar de la agresiva reacción del gobierno hondureño, hoy con mayor certeza reafirmamos que quienes idearon y decidieron asesinar a Berta Cáceres siguen gozando de total impunidad y mantienen, hasta ahora, bajo su control la investigación del crimen. Las recientes actuaciones así lo demuestran.
El mismo Ministerio Público reconoció que a Berta Cáceres la mataron por su lucha en la defensa de los bienes naturales y de los derechos de los pueblos indígenas y el mismo Ministro de Seguridad reconoció que ellos no protegieron su vida como era su deber, sobre todo porque ella era objeto de medidas cautelares emanadas por la CIDH.
Pese al proceso legal que se les sigue a 8 personas en relación a este caso, la impunidad se mantiene y se agrava. Un dato que lo prueba es que aunque DESA, que es la principal corporación vinculada al crimen, ninguno de sus socios o accionistas está sometido al proceso judicial. Es tanta la impunidad que, a pesar de los vínculos con el crimen, DESA sigue siendo dueña de la concesión del río Gualcarque, incluso la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no admitió una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra ese proyecto, siendo notoria la violación a los derechos del pueblo Lenca establecidos en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.
Es vergonzosa la posición del Ministerio Público que ante el Comité de DDHH de la ONU dice que ya se han capturado a autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres, cuando en Honduras no son capaces de desarrollar un proceso objetivo y de detener a los ejecutivos de DESA. Y luego tilda de mentirosas las fundadas críticas contra el irregular proceso que desarrolla.
La misma empresa DESA y los bancos FMO, Finn Fund y BCIE que han financiado el criminal proyecto de Agua Zarca han anunciado su salida o suspensión de actividades debido a la resistencia que hace el Pueblo Lenca, el COPINH y las organizaciones nacionales e internacionales, nunca por una decisión del Estado o del gobierno hondureño, extremo que reitera la colusión institucionalizada entre gobierno y DESA.
Los operadores de justicia que criminalizaron a Berta Cáceres, los que crearon la falsa hipótesis de que había sido asesinada por razones “pasionales” o por conflictos internos en el COPIHN, los que hasta la fecha sostienen una ilegal secretividad de la investigación, no solo están asegurando impunidad a la estructura criminal que ejecutó el asesinato, también se están asegurando la propia, manteniendo bajo su control la investigación de la causa.
La más alta estructura del gobierno de Honduras, al continuar rechazando el apoyo de una misión internacional de expertos, auspiciada por la CIDH, que investigue el crimen, sigue dando muestra de su más alto compromiso para que este crimen quede en la impunidad.
En fin, los datos sobre la impunidad en el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro abundan y los funcionarios del gobierno y del Estado de Honduras son hasta confesos de sus responsabilidades.

Por eso resulta condenable que cuando la impunidad es expuesta en foros internacionales de derechos humanos, la reacción del gobierno y Estado de Honduras sea la descalificación, la estigmatización, la amenaza, la revictimización y las campañas para colocar en mayor indefensión a quienes decidimos luchar para defender los derechos humanos y para que en nuestro país vivamos en permanente dignidad y justicia.

COPINH y el MADJ exigimos y nos seguimos comprometiendo a romper el pacto de impunidad del que hoy goza la élite política, económica y gubernamental que asesinó a Berta Cáceres. Ningún discurso, ni las acciones de terror, viejas y nuevas, van a interrumpir la fuerza ética y moral que encarnamos para seguir demandando justicia.

Con la misma fuerza de Berta, seguiremos exigiendo verdad y justicia integral ante su crimen. La salida total y definitiva del Proyecto Agua Zarca y los demás proyectos extractivos que afectan al territorio lenca y al territorio hondureño en general.

San Pedro Sula, Cortés y La Esperanza, Intibucá– Honduras, 11 de julio, 2017.

aqui el VIDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA
https://www.youtube.com/watch?v=Z_-KW1wuFuI()