REINA FUE CONDENADA POR MUJER, POBRE, INDÍGENA Y MIGRANTE QUE NO HABLA CASTELLANO
“Este es un fallo racista. Reina estaba condenada de antemano por la Justicia por ser una mujer pobre e indígena”, denuncia Eugenia Lara, integrante de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, al referirse a la sentencia dictada por las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Alejandra Vissio y
María Florencia Butiérrez y cuyos fundamentos se conocerán el próximo 11 de noviembre.
Reina Maraz Bejarano estuvo en prisión un año y medio sin poder comunicarse con su defensor ni con ninguna autoridad, porque sólo habla quechua. La encerraron sin haberse asegurado de que ella comprendiera lo que estaba sucediendo. Límber Santos, el marido de Reina Maraz, la entregaba como forma de pago para ser violada por su vecino “Tito” Vilca Ortiz cuando contraía deudas y con quien fue visto Límber con vida por última vez”. Vilca, principal acusado, murió antes del juicio en la Unidad 23 de Florencio Varela.
La Campaña contra las Violencias relevó al menos cinco tipos de violencias prohibidas por la ley 26.485 que se ejercieron sobre Reina Maraz:
1.-Violencia física y psicológica: ya que su marido Límber Santos obligó a Reina a migrar a la Argentina en 2009 desde la localidad rural de Avichuca, en Bolivia, bajo golpes y amenazas de quitarle a sus dos pequeños hijos. Además, su familia política le sustrajo los documentos para que no pudiera volver a su país. Ya en la Argentina, la única forma de comunicarse con el resto era a través de Límber, quien hablaba castellano, por lo cual la dependencia de su marido era aún mayor.
2.-Violencia sexual: Límber Santos la entregaba para ser violada como forma de pago de sus deudas con su vecino Tito Vilca.
3.-Violencia institucional: fue detenida embarazada y la mantuvieron en una comisaría, sin aire ni luz ni posibilidades de cuidado durante siete meses. Todo ese tiempo no pudo hablar con nadie en su idioma para que le explicaran qué sucedía. Luego fue trasladada a la Unidad 33 de Los Hornos, donde siguió sin que se ejerciera su defensa hasta la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria, que con muchas dificultades logró que pusieran un intérprete. Y durante todo este tiempo fue desvinculada de sus dos hijos mayores.
4.-Violencia económica: por su condición de mujer pobre e indígena sólo podía contar con los recursos públicos para su defensa, que demoraron casi tres años en llegar.
5.-Violencias simbólica: es colocada como victimaria en un proceso judicial plagado de irregularidades que, sin perspectiva de género, reproduce sólo la versión del fiscal basada en una endeble prueba, obtenida con una cámara gesell al hijo mayor. Esta prueba es cuestionada por las tres psicólogas peritos intervinientes, ya que el niño de cinco años de edad sólo hablaba en quechua y balbuceaba muy poco castellano mientras la entrevistadora completaba e interpretaba sus frases sin conocer el idioma.
La Dirección de Litigio Estratégico y el Programa de Pueblos Originarios de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) indicaron en el Amicus Curiae presentado que “la situación de vulnerabilidad en que se encuentra Reina Maraz debería acarrear una mayor protección y un plus de cuidados y garantías de parte de los actores estatales intervinientes, según se desprende de numerosos pactos y tratados internacionales”.
A pesar de todo esto, Reina Maraz fue condenada a prisión perpetua. “¿Por qué me condenan, si yo no he hecho nada?”, preguntó Reina a su intérprete, en quechua, al conocer el fallo. El próximo martes 11 de noviembre se conocerán los fundamentos de las juezas. El defensor oficial Jose María Mastronardi aseguró que apelará la sentencia.
“Desde la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres denunciamos lo racista e injusto de este fallo, donde una vez más una mujer víctima de violencia es colocada en el lugar de culpable – señaló Eugenia Lara-. Seguiremos luchando hasta lograr la absolución de Reina Maraz”, concluyó.
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LA CAMPAÑA MOVILIZO EN APOYO A REINA
“Nosotras somos humildes pero estamos unidas”
El pasado martes 11 de Noviembre alrededor de 250 personas de la Campaña Nacional Contra las Violencias hacia las Mujeres junto a organizaciones feministas, indígenas, comunidad boliviana y movimientos sociales se acercaron al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes para conocer los fundamentos de la sentencia y expresar su solidaridad a Reina Maraz. Pero a 14 días de haber sentenciado la cadena perpetua, las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Alejandra Vissio y María Florencia Butiérrez no respetaron los plazos y negaron la entrega de los fundamentos.
Durante la jornada se realizó una asamblea en quechua donde mujeres denunciaron que “Reina fue pisoteada por las juezas que la condenaron, la culparon por algo que no hizo y le dieron cadena perpetua sin pruebas. ¿por qué personas que estudian no tienen en cuenta que la separaron de sus hijos? Las juezas saben bien que no hicieron lo justo.” Y dirigiendose a Flora Maraz Bejarano, hermana de Reina, afirmaron también en quechua “Nosotras somos humildes pero estamos unidas”.
La Campaña por su parte repudio que las juezas convalidaran el pedido del fiscal reproduciendo una justicia machista, además de violar la ley 26.485, de protección integral contra las violencias hacia las mujeres. “En este proceso hubo discriminación hacia Reina y toda la comunidad migrante” declaró Eugenia Lara.
IMATA MUNANCHEK? JUSTICIA MAYK’ AY? KUNAN
¿qué queremos? Justicia ¿cuándo? Ahora
NO ESTAMOS SOLAS, ESTAMOS ORGANIZADAS
Campaña Nacional Contra las Violencias Hacia las Mujeres
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