Comunicado: Amenazas por fiscal de medioambiente y presencia policial y militar para intimidar y destrozar cultivos de comunidad del COPINH El Achiotal, Siguatepeque.

El hecho sucedió a partir de las 8 de la mañana mientras miembros de la comunidad del Achiotal, integrante activa de COPINH, se encontraban en el trabajadero cultivando frijoles que son la base del consumo alimenticio de alrededor de 45 familias.
A esta hora se hicieron presentes diecinueve (19) efectivos del Primer Batallón de Ingenieros de Siguatepeque, acompañando al señor Tiburcio Aguilar Donaire y su hijo Walter Aguilar Cedillo quienes se encuentran en disputa de la tierra con la comunidad. Momentos después se incorporaron seis (6) efectivos de la Policía Nacional Preventiva y en horas de la tarde veinticinco (25) miembros de la Policía Militar.

Portando una orden de reforestar del terreno que fue acechado por el gorgojo y talado por la mimas autoridades, alegaban de manera abusiva tener una orden de desalojo que no existía. De esta manera procedieron a cortar y envenenar aproximadamente 4 manzanas de frijoles que son producto de largas jornadas de trabajo. A pesar de los reiterados intentos de la comunidad por buscar un diálogo y acuerdos, entre lo que se propuso que la misma comunidad realizara las labores de reforestación, se exacerbó la actitud agresiva de los señores Tiburcio y Walter y la del fiscal del ambiente del área de Siguatepeque, señor Maximiliano Rubí Jiménez. Este último incluso amenazó con arma de fuego en mano al compañero Ever Alvarado y este es un acto repudiable y que tiene como antecedente haber amenazado con arma de fuego a un niño de 14 años de otra comunidad indígena vecina de la zona.

El COPINH rechaza la labor de agresión y abuso de las autoridades estatales contra comunidades pacíficas e indefensas que solo buscan el sustento diario en niveles de marginamiento altos en los que viven. El salvaguardar la vida, la alimentación y el derecho a la tierra son las funciones del Estado y no de confabulación con terratenientes de la tierra que violentan los derechos de las comunidades al territorio. Por el contrario el COPINH insta a que las autoridades hondureñas actúen de la misma forma con los directivos de empresas asesinas y violadoras de DDHH frente a los que el Estado se queda inmovilizado y no hace ninguna diligencia.
Exigencias:
1.El requerimiento inmediato al fiscal de ambiente, señor Maximiliano Rubí Jiménez por amenazas con arma de fuego a la comunidad indígena.

2.La detención de la intermediación de fuerzas militares en la labor de “reforestación” y de presencia en la zona que evite el enfrentamiento de fuerzas represivas con comunidades indefensas.

3.Al Instituto Nacional Agrario que actúe de manera diligente resolviendo el tema de tierra para la comunidad del Achiotal en favor de los más necesitados y necesitadas.

4.La reparación de las autoridades estatales a la comunidad por las pérdidas de cultivos.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 21 días del mes de noviembre del año 2017.

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