Este hecho no es aislado: es parte de la violencia instalada desde la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca hace más de trece años, violencia de la que ninguno de los responsables ha asumido su deber de reparar, y que el Estado de Honduras sigue sin resolver en lo que respecta a la tierra y la seguridad de nuestra comunidad.
Este crimen se suma a otros hechos de violencia ocurridos en Río Blanco en lo que va de este 2026. Ninguno de estos casos ha sido investigado a fondo por las autoridades competentes.
Exigimos al Ministerio Público que investigue a profundidad este crimen y todos los demás hechos violentos ocurridos en la comunidad indígena de Río Blanco, y al Estado de Honduras que garantice justicia y reparación para nuestras familias.
