Este documento presenta los hallazgos y recomendaciones de la Delegación Independiente de Abogados Internacionales que visitó Honduras en septiembre de 2025, en respuesta a una invitación de organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil de ese país. La misión, acompañada por el Bufete Justicia para los Pueblos, DPLF y Brigadas Internacionales de Paz (PBI), tuvo como propósito evaluar el recrudecimiento de los conflictos agrarios y los patrones de criminalización que afectan a quienes defienden la tierra y el territorio.
La información recopilada durante la visita evidencia que estos conflictos tienen raíces históricas y se desarrollan en un contexto marcado por la convergencia de diversos factores, entre ellos intereses empresariales, debilidades institucionales y la actuación de actores vinculados a economías ilícitas. En este escenario, se identifican patrones recurrentes de desalojos, uso excesivo de la fuerza y procesos penales arbitrarios que impactan de manera significativa a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, así como condiciones que favorecen la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos contra líderes comunitarios y ambientales.
El informe examina esta problemática a la luz de los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado hondureño, las recomendaciones formuladas por organismos internacionales y los testimonios recabados por la delegación. Asimismo, analiza el uso del derecho penal, en particular del delito de usurpación, en el marco de disputas sobre la tierra, así como los efectos de recientes cambios normativos que inciden en las garantías procesales y en los mecanismos de resolución de estos conflictos.
Finalmente, se identifican desafíos estructurales relacionados con la propiedad de la tierra, incluyendo limitaciones en los sistemas de registro y catastro, así como en el funcionamiento de las instituciones competentes. Con base en estos elementos, la Delegación formula recomendaciones a los tres poderes del Estado de Honduras, a la comunidad internacional, a la banca multilateral y a las empresas transnacionales con inversiones en el país, orientadas a promover respuestas a las causas de los conflictos agrarios y a fortalecer la protección de los derechos de las comunidades criminalizadas.
