Tercera audiencia de juicio oral y público sobre la inutilización de pruebas y falsificación de documentos en el caso de Berta Cáceres.
En la ciudad de Siguatepeque se llevó a cabo la tercera audiencia del juicio oral y público contra los agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) Miguel Arcángel Rosales y Juan Carlos Cruz, acusados de manipular medios de prueba en el marco de la investigación por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
El Ministerio Público presentó en 2017 la acusación por los delitos de inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos, ambos tipificados en el antiguo Código Penal hondureño, con penas que oscilan entre tres y nueve años de prisión.
De acuerdo con las investigaciones, los agentes alteraron información contenida en un teléfono celular y crearon una línea de investigación falsa que pretendía desviar la atención del verdadero objetivo de la investigación, que apuntaba hacia personas vinculadas con la empresa DESA y la familia Atala. El informe manipulado fue presentado al Ministerio Público, buscando generar confusión y obstaculizar la búsqueda de los autores intelectuales del crimen.
Durante las tres sesiones del juicio, se han evacuado pruebas testimoniales, documentales y periciales que respaldan la acusación del Ministerio Público y de la acusación privada, en representación de la familia de Berta Cáceres y del COPINH.
Según los abogados, ha quedado comprobado que los acusados manipularon evidencias clave entre el 15 y el 31 de marzo de 2016, días posteriores al asesinato de Berta, con el objetivo de encubrir a los verdaderos responsables.
La audiencia de este 6 de noviembre se suspendió luego de que la defensa iniciara la presentación de sus testigos. El proceso continuará el miércoles 12 de noviembre a las 9:00 a.m., cuando se espera la evacuación final de pruebas y la presentación de conclusiones de las partes.
Posteriormente, el Tribunal de Sentencia emitirá su resolución, la cual el COPINH y la familia Cáceres esperan que reconozca la responsabilidad penal de los acusados y avance en el camino hacia la verdad y la justicia para Berta.
Desde el COPINH reafirmamos que la manipulación de pruebas en este caso fue una acción directa para garantizar la impunidad de los autores intelectuales.
Exigimos al sistema judicial hondureño que actúe con independencia, transparencia y compromiso con la justicia y la memoria de nuestra compañera Berta Cáceres.