A seis meses del último desalojo forzado en Nueva Esperanza, la comunidad sigue organizada y las respuestas del Estado no llegan. ¡Exigimos justicia ya!
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) alerta sobre la grave situación que enfrenta la comunidad campesina de Nueva Esperanza en Comayagua, tras seis meses de desalojo forzado y sin respuestas concretas del gobierno.
Recordamos que el 31 de julio de 2024, las familias de Nueva Esperanza fueron expulsadas violentamente del terreno donde vivían y cultivaban alimentos para su subsistencia, quedando en condiciones de extrema precariedad. A pesar de la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos y del Instituto Nacional Agrario (INA), la comunidad sigue sin una solución tangible que les garantice el derecho a la tierra y a una vida digna.
La comunidad de Nueva Esperanza ha sufrido constantes desalojos a lo largo de los últimos años. Durante el desalojo de julio, los cultivos comunitarios fueron destruidos y las viviendas arrasadas, dejando a las familias a la intemperie. Hoy, viven al borde de la carretera, sufriendo el constante acoso de la seguridad privada de la Escuela Nacional de Agricultura.
Actualmente, las familias permanecen acampando al costado de la carretera en condiciones de inseguridad y riesgo. La presencia de la Policía Militar y la seguridad privada de la Universidad Agrícola, quienes usufructúan el terreno, ha generado un ambiente de hostigamiento e intimidación, llegando al extremo de amenazas contra niñas y niños de la comunidad.
El COPINH ha mantenido un acompañamiento constante, denunciando la criminalización de al menos 13 compañeros de la comunidad, quienes enfrentan procesos judiciales injustos por su lucha por la tierra. La organización también ha impulsado gestiones ante el gobierno para garantizar una solución definitiva, incluyendo la presentación de un posible decreto presidencial (PCM) que reconozca el derecho de estas familias a la tierra.
Sin embargo, la falta de voluntad política sigue siendo el principal obstáculo para resolver esta crisis humanitaria. A pesar de compromisos por parte del INA y otras instituciones, no se han materializado acciones concretas para regularizar la situación de Nueva Esperanza, dejando a estas familias en un limbo de vulnerabilidad y desprotección.
Hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con la lucha de Nueva Esperanza y exigir al gobierno hondureño que garantice los derechos fundamentales de estas familias campesinas. La tierra es vida y no se puede seguir postergando una solución para quienes han dedicado su vida a trabajarla.
Exigimos que se garantice la titulación de tierras para la comunidad de Nueva Esperanza y se detenga el proceso de criminalización contra sus miembros. El campamento de protesta permanecerá activo hasta que se obtengan respuestas concretas y se aseguren los derechos de las familias desalojadas.