Del golpe de Estado del 2009 a la corrupta concesión del Río Gualcarque: ¿Cómo la impunidad permitió el asesinato de Berta Cáceres.?
La reciente detención de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras: Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Puerto Fúnez, acusados de la muerte de Isy Obed Murillo y las lesiones graves a Alex Zavala Licona durante el golpe de Estado de 2009, marca un hito en la lucha contra la impunidad en el país.
Este hecho nos recuerda el contexto de violencia y represión que prevaleció durante aquellos oscuros días de la historia reciente de Honduras, donde la impunidad y corrupción estuvo a la orden del día.
Más de 15 años después del horrendo golpe de Estado recordamos uno de los crímenes más atroces contra el pueblo Lenca: la concesión ilegal para explotar el Río Gualcarque, perteneciente a la familia Atala.
En enero de 2010, en medio de la inestabilidad política generada por el golpe, el régimen de facto otorgó permisos a empresas privadas DESA para la construcción de una hidroeléctrica en el Gualcarque, sin respetar el consenso ni el derecho a la consulta previa del pueblo Lenca.
A raíz del golpe de Estado de 2009 en Honduras, se profundizó el modelo de extractivismo, con graves consecuencias para las comunidades indígenas. Un sistema que trajo la explotación de recursos naturales, el despojo de tierras y la violación de los derechos de los pueblos indígenas.
La concesión ilegal no solo provocó la destrucción ambiental, sino que también desató un ciclo de violencia, criminalización y asesinatos de defensores indígenas. Entre las víctimas de este sistema de opresión se encuentra Berta Cáceres, líder del COPINH, quien se opuso valientemente a este proyecto. Su asesinato no fue un acto aislado, sino el resultado de un entramado de corrupción y violencia consolidado tras el golpe de Estado.
El 15 de noviembre de 2024, en el marco del caso del Fraude sobre el Gualcarque, ex funcionarios públicos fueron condenados, confirmando que la familia Atala se benefició directamente de este proyecto mediante corrupción, falsificación de documentos y usurpación de tierras de las comunidades indígenas.
Además, el 25 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó las sentencias para siete de los ocho acusados del asesinato de Berta Cáceres, dejando en evidencia que una estructura criminal, vinculada a la familia Atala Zablah y fuerzas de seguridad estatales, estuvo detrás de su asesinato.
A pesar de estos avances, la familia Atala, principal responsable intelectual, sigue sin ser juzgada.
La lucha por la defensa del Río Gualcarque y por justicia para Berta sigue siendo una causa central en nuestra resistencia. La impunidad aún prevalece, pero la lucha no se detiene.
¡Captura a los autores intelectuales! ¡Faltan los Atalas!