COPINH denuncia a las Naciones Unidas por su intención de imponer un mecanismo de consulta previa, libre e informado en comparsa con el estado de Honduras.

A los pueblos indígenas nacional e internacional hace saber lo siguiente:

1. Actualmente hay un proceso con fuerte presión por obligar a los pueblos indígenas y negros a un proceso de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI), que por detrás busca imponer proyectos económicos que nos despojan de nuestra tierra territorios cultura, cosmovisión, espiritualidad e identidad.

2. La lógica de estos proyectos es la explotación de la riqueza indígena y negra del país con beneficio para capitales nacionales y extranjeros de personas ajenas a los pueblos y las comunidades.

3. Estos proyectos son acompañados de militarización, manipulación económica, hostigamiento, seguimiento, criminalización y operación de redes y aparatos clandestinos o legales que actúan para forzar e intimidar a los pueblos a aceptar estos proyectos. Hay muchos asesinatos vinculados a estos proyectos. Estos asesinatos son usados para promover la consulta.

4. La imposición de estos proyectos es dinamizada por empresas privadas, el Estado de Honduras y organismos financieros que les respaldan.

5. Después del asesinato de Berta Cáceres se ha sumado a este proceso de imposición de la Consulta, la Organización de las Naciones Unidas.

6. Los pueblos han propuesto en su momento la forma correcta de hacer la Consulta, con su propio mecanismo esto ha sido ignorado, no obstante, en la actualidad se tergiversa esa propuesta que está engavetada en el congreso nacional y el estado pretende hacer una fachada legal a las operaciones de los proyectos de despojo.
Por lo tanto el COPINH declara lo siguiente:

a. Antes que la Consulta, Libre, Previa e Informada debe valorarse el derecho al disenso , es decir que si una comunidad no quiere un proyecto de este tipo no debe imponerse una consulta que lo obligue a
decidir tal posibilidad. También debe otorgarse a las comunidades el derecho al veto.

b. Lo que debe consultarse, no es la implementación del proyecto empresarial, sino los impactos de éste sobre la comunidad y el hecho que como lo citan la Convención Internacional para la Prevención del Delito de Genocidio, la Convención contra el Delito de Apartheid y el artículo 319 del Código Penal, es el someter al pueblo afectado a “condiciones de existencia susceptibles de producir su destrucción física [total o parcial], o de causarle un daño moral grave”.

c. El Estado de Honduras y cualquier persona natural que participe en estos procesos de imposición de proyectos de despojo y violación de la ley se vuelve cómplice de tales hechos. Antes que el interés económico de terceros está el bienestar de las comunidades.

d. Ni las empresas ni nadie más deben prometer riqueza, prosperidad, empleos, beneficios y cosas que son obligación social de las autoridades, para agenciarse el favor electoral o político de estos proyectos en las comunidades y ante la opinión pública. Además de antiético genera divisiones y extorciones a miembro de las comunidades por las empresas para que apoyen dichos proyectos de muerte, como ha pasado en Rio Blanco por parte de la empresa DESA.

e. El COPINH denuncia a las Naciones unidas por estar apoyando económicamente y logística el mecanismo de consulta previo libre e informado preparado no de las bases comunitarias indígenas Que pretenden dar las decisiones al Gobierno, violentado la soberanía, autonomía Gobernanzas de los pueblos indígenas.

f.Exigimos justicia sobre el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres

¡No a la consulta como la quiere imponer el empresariado nacional e internacional, si a las decisiones comunitarias indígenas

Con la fuerza y la presencia de Berta, Iselaca, Lempira, Mota y Etempica
¡El COPINH VIVE¡

Intibucá, 3 de noviembre del 2016.

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