Nueva Esperanza: ¡Basta de persecución contra quienes defendemos la tierra y la vida!
Este 13 de octubre se realizó en la ciudad de Comayagua la audiencia preliminar en el caso judicial que el Ministerio Público impulsa contra 8 compañeros y compañeras de la comunidad de Nueva Esperanza, criminalizados por defender su derecho a la tierra.
El proceso, iniciado a partir de una denuncia presentada en 2021 por la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), ha estado lleno de irregularidades y violaciones al debido proceso. Durante la audiencia, la defensa legal señaló que el Ministerio Público presentó la acusación sin contar con una investigación catastral que demostrara la pertenencia del terreno, ni identificó con precisión el bien inmueble en disputa.
Además, el Instituto Nacional Agrario (INA) determinó recientemente, mediante un informe del mes de septiembre de 2025, que los lotes descritos en las escrituras públicas presentadas por la UNAG no corresponden al terreno de la comunidad de Nueva Esperanza.
La autorización para iniciar la acusación fue firmada de forma irregular por una asesora legal de la Secretaría Departamental de Educación, y no por el Secretario de Estado, como exige la ley, constituyendo así una usurpación de funciones.
Por estas razones, la defensa presentó dos excepciones por falta de acción, señalando que no existe delito de usurpación, ya que los terrenos en disputa no pertenecen a la UNAG, y que el Ministerio Público no tiene legitimidad para mantener la acusación. Además, se solicitó la nulidad de las resoluciones judiciales que ordenaron los desalojos ejecutados porque violaron derechos fundamentales y se dictaron sin la debida justificación legal.
Los desalojos forzados provocaron la destrucción de cultivos, daños a las viviendas y el desplazamiento forzado de las familias campesinas, sin que el Estado haya brindado atención alguna ante esta situación.
El juez del caso suspendió la audiencia y deberá emitir resolución en los próximos días, donde se espera que declare el sobreseimiento definitivo y la restitución de las tierras a la comunidad de Nueva Esperanza.
Desde el COPINH, acompañamos este proceso y reafirmamos nuestro compromiso con las familias campesinas que luchan por el acceso a la tierra y la defensa de sus derechos frente a los abusos del poder y la criminalización de la lucha social.