¿Quiénes son los responsables del asesinato de Berta Cáceres?
En los nueve años de lucha por justicia, se han identificado tres grandes grupos de responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres: el Estado de Honduras, autores materiales y empresas privadas.
Responsabilidad del Estado Miembros del Ejército hondureño participaron directamente en el asesinato de Berta Cáceres, entre ellos:
- Douglas Bustillo: trabajaba en seguridad para DESA
- Mariano Díaz: era un mayor activo del Ejército.
Además, diversas instituciones del Estado favorecieron la aprobación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que generó conflictos en la comunidad de Río Blanco. Funcionarios del Congreso Nacional, la Secretaría de Recursos Naturales y la Empresa Nacional de Energía (ENEE) incumplieron su deber de proteger a la comunidad y permitieron la expansión del proyecto. También fuerzas de seguridad hostigaron e intimidaron a la comunidad y a Berta Cáceres antes de su asesinato.
Grupos armados ilegales Una estructura criminal bajo el mando de miembros del Ejército fue responsable de la ejecución del asesinato. Este grupo operó con acciones previas de vigilancia, persecución e identificación de los movimientos de Berta Cáceres. En los juicios llevados a cabo, se condenó a integrantes de este grupo criminal, incluyendo sicarios y miembros del Ejército que participaron en la operación.
Hasta la fecha, estos ocho individuos han sido enjuiciados y condenados en Honduras. En la base de esta estructura se encuentran cuatro sicarios:
- Henri Hernández
- Oscar Torres
- Elvin Rapallo
- Edinson Duarte.
Ellos fueron quienes ingresaron a la vivienda de Berta Cáceres y ejecutaron el crimen. En un nivel intermedio, se encuentran ex-militares que coordinaron el asesinato y contrataron a los sicarios
Más arriba en la jerarquía, se ubican
- Sergio Rodríguez: realizó labores de vigilancia y seguimiento a Berta Cáceres, proporcionando información clave para el asesinato.
- David Castillo: empleado de la familia Atala Zablah, actuó como intermediario entre los autores materiales y la cúpula empresarial que ordenó el crimen.
Responsabilidad empresarial Los responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres pertenecen al sector empresarial. La empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), dirigida por la familia Atala Zablah, tomó la decisión de eliminar a la activista debido a su oposición al proyecto Agua Zarca. Entre los empresarios implicados se encuentran:
- Eduardo Atala
- Pedro Atala
- Jacobo Atala.
Además, instituciones financieras internacionales que financiaron el proyecto, permitiendo la expansión del conflicto y la violencia contra la comunidad de Río Blanco y el COPINH:
- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
- Banco Mundial
- FMO de Holanda
Actualmente, está pendiente el enjuiciamiento de la estructura de mando superior. Un personaje clave es:
- Daniel Atala Midence: gerente financiero de DESA, sobre quien pesa una orden de captura. Su papel en el crimen incluye el financiamiento de acciones previas al asesinato y la comunicación con otros implicados. La investigación debe determinar si él también participó en la toma de la decisión de asesinar a Berta Cáceres.
Proceso judicial y condenas
Hasta 2024, se han llevado a cabo dos juicios clave en Honduras por el asesinato de Berta Cáceres. En el primer juicio, celebrado en 2018, fueron condenados siete autores materiales e intermediarios del crimen, incluyendo a los sicarios Henri Hernández, Oscar Torres, Elvin Rapallo y Edinson Duarte, así como a los exmilitares Douglas Bustillo y Mariano Díaz, y al ejecutivo de DESA Sergio Rodríguez. En 2022, David Castillo, gerente de DESA y principal intermediario entre los sicarios y la cúpula empresarial, también fue sentenciado.
Además, se han abierto investigaciones y procesos legales contra funcionarios del Estado hondureño por corrupción y abuso de autoridad, debido a su papel en la aprobación irregular del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y la omisión de medidas de protección para Berta Cáceres, pese a las amenazas en su contra.
A nivel internacional, en Holanda, el Banco FMO enfrenta acciones legales por su responsabilidad en la financiación de DESA, dado que mantuvo su apoyo económico al proyecto a pesar de las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la violencia ejercida contra la comunidad Lenca. Estas acciones han abierto un precedente sobre la responsabilidad de las instituciones financieras en conflictos socioambientales.
El asesinato de Berta Cáceres fue una decisión tomada desde el sector empresarial, con la colaboración de estructuras del Estado y grupos armados ilegales. La oposición de Berta y del COPINH al proyecto Agua Zarca afectaba intereses económicos, lo que llevó a su asesinato. La lucha por justicia sigue, exigiendo la identificación y condena de todos los responsables, incluyendo a los autores intelectuales que aún no han sido juzgados.