¡Investigación penal para las empresas asesinas!
El COPINH, la Plataforma Agraria del Aguán y El Movimiento de hombres y mujeres sin tierra de Yoro, rechazamos la utilización de lenguaje de Derechos Humanos para lavar la imagen de gremios empresariales como la AHER, el COHEP y la ANDI que están manchados con la sangre de defensoras y defensores de derechos humanos y del pueblo hondureño.
Hoy, el 12 de marzo, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el Consejo Hondureno de Empresa Privada (COHEP), y la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER) realizan el “Foro de Derechos Humanos y Empresas” en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) Sula con el apoyo de ProDerechos de la Unión Europea.
Empresas que forman parte de COHEP, AHER y ANDI durante décadas se han dedicado a atacar a personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, y al sistema de justicia de nuestro país, promoviendo golpes a la institucionalidad del Estado, corrupción y violencia para convertir el sistema de justicia y seguridad de Honduras en un sistema de impunidad y persecución.
Estas empresas dependen de la impunidad para despojar a las comunidades indígenas y campesinas de sus territorios, su agua y tierra, con fraudes de ley y con violencia. Controlan y/o se vinculan con redes violentas y corruptas, quienes utilizan el asesinato, la tortura, la desaparición, y otros crímenes de lesa humanidad para lucrar de los recursos de las comunidades.
Existen numerosos casos ampliamente conocidos que sirven como ejemplos de la violencia e impunidad. Uno de los mas notorios es el brutal asesinato de nuestra querida Berta Caceres, un crimen perpetuado por la estructura criminal de la empresa DESA propiedad de la familia Atala, con el apoyo explícito de AHER y el COHEP. Las empresas agroindustriales y mineras en COHEP y ANDI, contratan empresas de seguridad y grupos criminales que desplazan extrajudicialmente a comunidades campesinas con el objetivo de lucrar de tierras que por ley no pueden poseer, como lo que sufrió el 24 de diciembre la Cooperativa Camarones. Asesinan a quienes buscan hacer valer los derechos, como es el caso de Juan Lopez, Hipólito Rivas, Antonio Trejo, José Angel Flores e innumerables compañeros y compañeras. Destruyen masivamente los cultivos de organizaciones campesinas mientras el pueblo sufre el hambre.
La institucionalidad internacional de los Derechos Humanos es uno de los pocos espacios que responde en alguna medida ante los crímenes de lesa humanidad que nuestro pueblo sigue sufriendo por el irrespeto a las leyes hondureñas e internacionales. Los convenios ratificados sobre derechos humanos ya forman parte de la jurisprudencia hondureña, no son aspiracionales, son derechos que tienen que ser aplicados en contra de quienes los violen.
Saludamos la inversión responsable y respetuosa de los derechos humanos, pero las organizaciones víctimas de la violencia empresarial creemos que no es posible utilizar el lenguaje de derechos humanos para encubrir a empresas asesinas y mucho menos invertir en ellas.
Somos un pueblo productivo, solidario, con muchas alternativas para la prosperidad justa y compartida, pero para poder avanzar en un modelo de producción basado en el respeto pleno a los derechos humanos es imprescindible sancionar a los violadores de derechos humanos y hacer valer nuestras leyes, entre ellos la prohibición constitucional al latifundio, las leyes que obligan a la consulta ante megaproyectos y la multitud de leyes que respaldan los derechos de las comunidades sobre las tierras y el agua.