Causa Berta Cáceres: avances y desafíos en la justicia hondureña
Ratificación de sentencias: un avance parcial
El 25 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias de siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres, líder emblemática de los derechos indígenas y ambientales en Honduras. Entre los sentenciados se encuentran David Castillo, expresidente ejecutivo de DESA, y los militares Mariano Díaz y Henry Hernández. Este paso marca un avance importante en la lucha contra la impunidad.
Sin embargo, la modificación de las penas de dos condenados generó inquietud. Mariano Díaz vio reducida su condena de 30 años a 20 años y 10 meses, mientras que David Castillo pasó de 22 años y medio a 20 años. Esta decisión fue tomada por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz y Nelson Danilo Mairena Franco, quienes modificaron la clasificación del crimen, eliminando agravantes que se habían considerado inicialmente, como el abuso de confianza y las motivaciones racistas o ideológicas.
Irregularidades y manipulación judicial
La reducción de penas ha sido atribuida a cambios recientes en el código penal que favorecen a los condenados, a pesar de que ni la defensa de Castillo ni la de Díaz solicitaron tales modificaciones. Esto resalta irregularidades en el proceso judicial y evidencia las dificultades para garantizar justicia en casos emblemáticos.
Además, el caso de Sergio Rodríguez, otro implicado, sigue sin resolución debido a tácticas dilatorias. Estas maniobras perpetúan la impunidad y socavan la confianza en el sistema judicial, especialmente en contextos de derechos humanos.
Impunidad y poder económico
El contexto político y económico también juega un papel central. La influencia de grupos económicos poderosos, como la familia Atala, dueña de DESA, afecta los procesos judiciales. A pesar de que las investigaciones señalan su participación en la planificación del crimen, no se han logrado avances significativos para juzgar a los autores intelectuales.
La impunidad y la debilidad institucional en Honduras juegan un papel central en estos asesinatos. El hecho de que los perpetradores de graves crímenes no enfrenten castigo envía un mensaje de que no existen consecuencias por las violaciones a los derechos humanos. Esta impunidad, junto con los grandes intereses económicos relacionados con los territorios de las comunidades indígenas y campesinas, sigue alimentando la violencia y la vulnerabilidad de quienes defienden estos territorios. La falta de un marco claro de justicia ha permitido que las estructuras criminales que atacan a las comunidades continúen operando sin temor a ser llevadas ante los tribunales.
Resistencia y lecciones del proceso
A pesar de los desafíos, la ratificación de las sentencias representa un símbolo de esperanza. La lucha incansable de la familia de Berta Cáceres, las comunidades indígenas y las organizaciones defensoras de derechos humanos ha sido clave para alcanzar este primer ciclo de justicia.
El proceso judicial ha dejado lecciones importantes: la organización comunitaria y la solidaridad nacional e internacional son esenciales para enfrentar la impunidad. Sin movilización social, las víctimas no tendrían voz ni justicia.
Repensar la justicia: más allá de los tribunales
La experiencia ha demostrado la necesidad de replantear lo que entendemos por justicia. La justicia no solo debe ser buscada dentro de los tribunales estatales, sino también a través de la construcción de alternativas comunitarias, con la participación activa de los pueblos indígenas, campesinos y defensores de los derechos humanos. La movilización, la protesta y la visibilidad internacional de estos casos son componentes esenciales para que la justicia avance en un país donde la impunidad y el poder económico siguen ejerciendo un control dominante sobre los territorios y las vidas de las comunidades más vulnerables.
Un símbolo de resistencia
El caso de Berta Cáceres es un ejemplo de la violencia sistemática contra quienes defienden el medio ambiente y los territorios, pero también es un recordatorio de la resistencia colectiva. La demanda de justicia trasciende los tribunales y se convierte en un acto de lucha por la dignidad, los derechos humanos y el territorio.