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¡La dignidad y los derechos de Nueva Esperanza deben ser respetados!

La comunidad de Nueva Esperanza, ubicada en Comayagua, se encuentra en una lucha desesperada por el derecho a un hogar y a condiciones de vida dignas. El 31 de julio de 2024, la Policía Nacional de Honduras, en representación del Estado y el Gobierno, llevó a cabo un desalojo que destruyó cultivos y hogares, sumiendo a las familias en una situación de vulnerabilidad extrema.

El COPINH, junto a los líderes y lideresas comunitarios, ha exigido que el Estado de Honduras asuma su responsabilidad en este asunto. La comunidad de Nueva Esperanza no solo busca una solución inmediata a la crisis actual, sino también garantías para la titulación de sus tierras y el fin de la criminalización que enfrentan sus integrantes. 

Las familias desalojadas han estado viviendo en condiciones precarias desde el desalojo, en un campamento improvisado mientras esperan respuestas concretas de las autoridades.

La solidaridad de la comunidad ha sido crucial en esta crisis. Ante la destrucción de viviendas y cosechas, y con las lluvias que han exacerbado la situación, las familias desalojadas han recibido ropa, víveres y cobijas de parte de organizaciones y personas solidarias. Este apoyo ha sido fundamental para aliviar las condiciones extremas en las que se encuentran, demostrando el poder de la solidaridad en tiempos de adversidad.

En medio de este conflicto, la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, Angélica Álvarez, visitó la comunidad para evaluar la situación y escuchar las demandas de los afectados. En su declaración, se comprometió a convocar una mesa de alto nivel con el Instituto Nacional Agrario y otras autoridades pertinentes para revisar los documentos y compromisos previos. Álvarez subrayó que la comunidad no debe ser considerada como invasores o delincuentes, sino como personas con necesidades básicas que el Estado tiene la obligación de satisfacer. Según ella, el Estado debe cumplir con su deuda social y garantizar el acceso a la tierra y vivienda digna para todos los ciudadanos.

El COPINH, apoyado por las comunidades afectadas, continuará su lucha para que el Estado asuma su responsabilidad. Exigimos que se garantice la titulación de tierras para la comunidad de Nueva Esperanza y se detenga el proceso de criminalización contra sus miembros. El campamento de protesta permanecerá activo hasta que se obtengan respuestas concretas y se aseguren los derechos de las familias desalojadas.

¡La dignidad y los derechos de Nueva Esperanza deben ser respetados! La lucha por justicia y equidad continúa, y el COPINH permanecerá firme en su compromiso de defender los derechos de los pueblos indígenas.


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