¡Para Berta toda la verdad y toda la justicia!
La causa por el asesinato de Berta Cáceres, sigue siendo un emblema de la lucha por la justicia en Honduras y el pueblo Lenca. A pesar de los avances significativos en el caso, como la condena de parte de la estructura criminal, grandes desafíos demoran el cierre definitivo de este capítulo doloroso para el pueblo lenca y para quienes defienden los derechos humanos en todo el mundo.
Para el COPINH y las comunidades Lencas, la búsqueda de justicia no es sólo una exigencia hacia el Estado, sino también un proceso que fortalece la organización comunitaria, los consejos indígenas y los proyectos de vida. Esta construcción de alternativas desde las comunidades es en sí misma una forma de hacer justicia y seguir el legado de Berta Cáceres, quien luchó por la autodeterminación y soberanía de los pueblos.
Sentencias pendientes y lucha por la justicia
A más de ocho años del asesinato de Berta, las sentencias contra los primeros 8 condenados no han sido ratificadas por la Corte Suprema de Justicia. Este retraso es inaceptable y una muestra clara de las falencias del sistema judicial hondureño. La familia de Berta Cáceres, junto al COPINH, comunidades organizadas y organizaciones internacionales continuamos exigiendo que se complete el proceso legal y que se dicten las sentencias correspondientes para todos los involucrados en el crimen. El cambio de autoridades en la Corte Suprema de Justicia de Honduras abrió una esperanza sobre el proceso, sin embargo, hoy en día se desvanece esa confianza.
¿Quiénes fueron condenados por su crimen?
- David Castillo: actuó como mediador entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios, participó de la planificación y pago del crimen.
- Sergio Rodríguez: identificó a Berta como objetivo y proporcionó la información vital para ejecutar el asesinato.
- Douglas Bustillo: planificó y coordinó directamente con los sicarios y con David Castillo la ejecución del asesinato.
- Mariano Díaz Chávez: planificó y coordinó las acciones para llevar a cabo el atentado.
Además, el grupo sicarial bajo el mando de Douglas Bustillo y el Mayor del ejército, Mariano Díaz, contratado por directivos de DESA:
- Henry Javier Hernández Rodríguez (militar)
- Elvin Heliberto Rapalo Orellana
- Edilson Atilio Duarte
- Óscar Aroldo Torres Velásquez
Movilizaciones hacia Tegucigalpa: La voz del pueblo en las calles
A lo largo del año 2024, hemos sido testigos de numerosas movilizaciones hacia la Corte Suprema de Justicia, en donde el pueblo Lenca, organizado en el COPINH, ha alzado su voz de manera incansable para exigir que la justicia se haga efectiva contra los autores del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. La movilización masiva de comunidades enteras tuvo un pedido claro y contundente, confirmar las sentencias contra los asesinos de Berta que ya han sido condenados.
En el mes de julio, cientos de personas de distintas comunidades Lencas organizadas al COPINH, nos movilizamos nuevamente a la Corte Suprema de Justicia en la capital hondureña para exigir respuestas con celeridad a la ratificación de las sentencias de los condenados por el crimen.
En el mes de julio, en el marco de una gran movilización frente a la Corte Suprema de Justicia, ante la presión popular, uno de los Magistrados se acercó y expresó que la resolución no tardaría en llegar, garantizando que la decisión se estaba tomando conforme a la ley hondureña.
En septiembre, ante la inacción de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, y tras el cruel asesinato de nuestro hermano y compañero Juan López, realizamos una acción de protesta en el kilómetro 15 de la CA5. La exigencia de justicia no puede seguir siendo postergada, y nuestras acciones seguirán escalando hasta obtener una resolución definitiva. No puede haber más impunidad para quienes defendemos nuestros territorios.
Solidaridad internacional: Apoyo global a la causa de Berta
La comunidad internacional ha seguido de cerca el desarrollo del caso de Berta Cáceres. Desde que se cometió el crimen, diversas organizaciones han condenado el asesinato y exigido justicia. En los últimos meses, esta presión internacional ha vuelto a intensificarse, especialmente ante la falta de avances en las sentencias pendientes.
Organizaciones populares, de derechos humanos, ambientalistas, y colectivos feministas han alzado su voz en defensa del legado de Berta y en apoyo al COPINH. Entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), que junto con más de 100 organizaciones internacionales han liderado campañas para exigir al gobierno hondureño que se haga justicia.
Amnistía Internacional, la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC), y la organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) también han sido claves en mantener la atención sobre el caso, denunciando las irregularidades y la falta de avances en las sentencias pendientes. El prestigioso Goldman Environmental Prize, que Berta recibió en vida, también alzó la voz para que la Corte Suprema de Justicia actúe con celeridad.
Asimismo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Consejo de Pueblos Maya (CPO) han expresado su solidaridad, reafirmando que la lucha de Berta es la lucha de todos los pueblos por la defensa de la tierra y la vida. Esta red de apoyo global no solo demanda justicia para Berta, sino que también refuerza la resistencia de las comunidades indígenas en Honduras, asegurando que su voz no sea silenciada.
El fallo en el caso Fraude: Justicia para el pueblo lenca de Río Blanco
En un paso significativo hacia la justicia, 3 personas fueron declaradas culpables en el caso conocido como ‘Fraude sobre el Gualcarque’, relacionado con la concesión ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Un proyecto de la familia Atala al que Berta Cáceres y las comunidades lencas de Río Blanco resistieron ferozmente. Este fallo demuestra la corrupción perpetrada por funcionarios del Estado en beneficio de los empresarios Atala para robar los bienes de los pueblos indígenas de Honduras.
Entre los condenados se encuentra Roberto David Castillo Mejía, gerente de la empresa DESA, quien fue declarado culpable de fraude. Castillo Mejía ya había sido condenado anteriormente como coautor del asesinato de Berta Cáceres, y esta nueva condena refuerza su responsabilidad en los abusos cometidos en torno al proyecto Agua Zarca. Junto a él, Carolina Lizeth Castillo Argueta, ex-funcionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), también fue declarada culpable de fraude, demostrando cómo funcionarios públicos facilitaron estos actos ilegales. Finalmente, Raúl Pineda Pineda, ex-alcalde de San Francisco de Ojuera, fue encontrado culpable de usurpación de funciones y falsificación de documentos, cargos que reflejan la complicidad a nivel local en la implementación ilegal de este proyecto.
El pasado 15 de noviembre el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción ha emitido las condenas para los imputados en ese emblemático caso.
Las condenas son las siguientes:
– Roberto David Castillo Mejía, gerente de DESA:
5 años de prisión
Inhabilitación absoluta por el doble de la pena
Multa de 380,000 Lempiras
-Carolina Lizeth Castillo Argueta, exfuncionaria de la ENEE:
5 años de prisión
Inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena
Multa de 380,000 lempiras
– Raúl Pineda Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, fue condenado por dos delitos:
Falsificación de documentos públicos:
2 años de prisión y multa de trabajo social
Usurpación de funciones:
1 año y 1 mes de prisión, además de inhabilitación para cargos municipales por 6 años
Este fallo es un paso importante, pero queda claro que la lucha no ha terminado. La justicia completa para Berta Cáceres y para las comunidades afectadas por el proyecto Agua Zarca solo se logrará cuando todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, sean llevados ante la justicia y se restablezca el respeto por los derechos de los pueblos indígenas.
Una lucha que no se detendrá
El caso de Berta Cáceres sigue siendo un símbolo de la resistencia y la dignidad de los pueblos indígenas en Honduras. Aunque se han logrado importantes victorias, la justicia completa aún está por alcanzarse. Las sentencias pendientes, las movilizaciones continuas y el apoyo internacional son prueba de que la lucha por la verdad y la justicia para Berta no se detendrá hasta que todos los responsables paguen por sus crímenes.
COPINH, junto con las hijas de Berta y la comunidad internacional, sigue firme en su demanda de justicia. La memoria de Berta Cáceres vive en cada acción, en cada marcha, y en cada palabra que exige un mundo más justo y respetuoso de los derechos humanos y ambientales. La lucha continúa, y el legado de Berta seguirá siendo una luz que guía el camino hacia un futuro en el que la justicia prevalezca.
Faltan los ATALA
El asesinato de Berta Cáceres fue el resultado de la complicidad entre sectores empresariales, estructuras criminales, funcionarios públicos y fuerzas del Estado de Honduras, que buscan acallar las voces que defienden los derechos humanos y el medio ambiente. La captura y enjuiciamiento de todos los miembros de la familia Atala Zablah vinculados con el crimen sigue pendiente por parte del Ministerio Público de Honduras.
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