¿Qué es el caso “Fraude sobre el Gualcarque”?
El caso conocido como “Fraude sobre el Gualcarque” destapó una de las tramas de corrupción más escandalosas en Honduras, revelando cómo el gobierno otorgó concesiones ilegales para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah.
Este proyecto violó los derechos del pueblo Lenca, ya que fue impuesto sin la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT, lo que desató una lucha en defensa del territorio y la justicia, que terminó con el asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres.
El camino hacia la justicia
El caso judicial “Fraude sobre el Gualcarque” dejó al descubierto la corrupción detrás del proyecto Agua Zarca, donde empresarios y funcionarios hondureños se organizaron para imponer el proyecto sobre el río Gualcarque.
En este proceso, por primera vez una comunidad indígena ha sido reconocida como víctima y tuvo la oportunidad de actuar como víctima en el juicio, un hecho histórico en la defensa de los derechos del pueblo Lenca.
Hasta la fecha, tres personas han sido declaradas culpables por su rol en esta trama, sin embargo, sus sentencias aún no se han dado a conocer, prolongando la lucha por la justicia.
El 3 de mayo de 2024, tres personas fueron declaradas culpables, sin embargo, sus sentencias aún no se han dado a conocer.
Los tres culpables son:
- David Castillo Mejía: gerente de la empresa DESA y empleado clave de la familia Atala Zablah, fue declarado culpable por fraude en el caso. A su vez fue sentenciado a 22 años de prisión por ser coautor del asesinato de Berta Cáceres.
- Carolina Lizeth Castillo Argueta: ex- funcionaria de la ENEE, declarada culpable por fraude.
- Raul Pineda Pineda: ex-alcalde de San Francisco de Ojuera, encontrado culpable por usurpación de funciones y falsificación de documentos.
A pesar del fallo condenatorio el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción ha reprogramado por cuarta vez la audiencia para dictar sus sentencias. Estas sentencias tienen la posibilidad de crear un importante precedente que podría afectar a la operación de otros proyectos extractivos ilegales en el país, ya que el caso examina cómo se concedió de manera ilegal la licencia ambiental. Este retraso prolongado e injustificado solo alarga el dolor de las comunidades afectadas y obstaculiza el acceso a una justicia plena.
¡Exigimos máxima condena para los culpables!
La justicia para Río Blanco, donde el pueblo Lenca junto a Berta Cáceres, han resistido la imposición de Agua Zarca, es una lucha que sigue viva. Justicia para Río Blanco es justicia para Honduras, y no descansaremos hasta que todos los responsables de estos crímenes, tanto contra el pueblo Lenca como contra nuestra líder Berta Cáceres, enfrenten el máximo castigo de la ley.