17 congresistas y senadores de EEUU se pronuncian sobre demora de la justicia para Berta Cáceres: las condenas y las investigaciones están en peligro
Honorable Antony Blinken Secretario de Estado Departamento de Estado Washington, DC 20520
Estimado Sr. Secretario,
Hemos observado con interés la investigación y la judicialización de algunos de los responsables de ordenar y llevar a cabo el asesinato de la defensora de los derechos de los indígenas hondureños Berta Cáceres el día 2 de marzo de 2016.
La familia de Berta y la organización que ella fundó, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), han trabajado incansablemente durante los últimos ocho años para llevar a los responsables ante la justicia. En dos juicios penales se ha condenado a ocho hombres, entre ellos tres ejecutivos de la empresa hidroeléctrica DESA, un militar hondureño y sicarios a sueldo. Hemos sabido que la banda de sicarios que derribó la puerta de la casa de Berta para asesinarla fue contratada por ejecutivos de DESA en respuesta al apoyo de Berta a las comunidades lencas de Río Blanco, cuyos derechos sobre la tierra y el agua se vieron perjudicados por la presa.
Berta fue sólo una de los cientos de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que han sido asesinados en Honduras, pero su caso destaca por ser uno de los pocos que han sido objeto de investigación y enjuiciamiento. Ha abierto una grieta en el muro de la impunidad que permite conocer las estructuras criminales que alimentan la corrupción y la violencia generalizadas que han provocado la crisis que está obligando a tantos centroamericanos a emigrar a Estados Unidos.
Hoy las condenas, y el seguimiento de las investigaciones, están en peligro. Los ocho hombres condenados por el asesinato de Berta han apelado. Las resoluciones de estas apelaciones están atrasadas y el COPINH ha informado que los jueces han recibido presiones indebidas. Al mismo tiempo, los abogados que representan a los ejecutivos de las empresas condenados por ordenar el asesinato de Berta están promoviendo una campaña en los medios de comunicación destinada a poner en duda la base de las condenas, a través de información falsa, a la que la familia de Berta y el COPINH no se les ha concedido una oportunidad comparable para responder.
También preocupan las acusaciones espurias presentadas en 2019 por el director de DESA, condenado por el asesinato, contra la experta en tecnología que aportó pruebas a la fiscalía. Estos cargos siguen siendo objeto de investigación y han sido destacados por el equipo de la defensa en los medios de comunicación.
Es vital que continúen las investigaciones sobre los implicados en el caso de Berta, así como sobre los delitos relacionados, como los delitos financieros y el fraude relacionados con el proyecto hidroeléctrico y la violencia contra los habitantes de Río Blanco, que incluye muchos más asesinatos. La comunidad internacional también es culpable, ya que los juicios sacaron a la luz la connivencia entre redes de crimen organizada y el sector privado en un proyecto que recibió financiación de organizaciones financieras internacionales. Según la información que hemos recibido, el proyecto contó con el financiamiento del Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO), FinnFund, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco comercial regional FICOHSA.
También nos preocupa que entre las falsas afirmaciones hechas por los abogados que representan a los hombres condenados por el asesinato de Berta Cáceres se encuentre que las agencias de investigación asociadas con la Embajada de EE.UU. descubrieron irregularidades en las pruebas que sirvieron de base para las condenas. Por lo tanto, le solicitamos que monitoree de cerca las apelaciones pendientes de las sentencias de prisión de los autores del asesinato de Berta Cáceres, y que transmita el apoyo del Departamento de Estado para que se continúe investigando su asesinato. Asimismo, instamos a la Embajada de Estados Unidos a repudiar públicamente las falsas declaraciones aparecidas de comunicación.
Es vital que continúen las investigaciones sobre los implicados en el caso de Berta, así como sobre los delitos relacionados, como los delitos financieros y el fraude relacionados con el proyecto hidroeléctrico y la violencia contra los habitantes de Río Blanco, que incluye muchos más asesinatos. La comunidad internacional también es culpable, ya que los juicios sacaron a la luz la connivencia entre redes de crimen organizada y el sector privado en un proyecto que recibió financiación de organizaciones financieras internacionales. Según la información que hemos recibido, el proyecto contó con el financiamiento del Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO), FinnFund, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco comercial regional FICOHSA.
También nos preocupa que entre las falsas afirmaciones hechas por los abogados que representan a los hombres condenados por el asesinato de Berta Cáceres se encuentre que las agencias de investigación asociadas con la Embajada de EE.UU. descubrieron irregularidades en las pruebas que sirvieron de base para las condenas.
Por lo tanto, le solicitamos que monitoree de cerca las apelaciones pendientes de las sentencias de prisión de los autores del asesinato de Berta Cáceres, y que transmita el apoyo del Departamento de Estado para que se continúe investigando su asesinato. Asimismo, instamos a la Embajada de Estados Unidos a repudiar públicamente las falsas declaraciones aparecidas en los medios de comunicación en el sentido de que las agencias estadounidenses encontraron irregularidades en las pruebas contra los acusados.
Gracias por su consideración. Esperamos su respuesta.