Coalición de Organizaciones Nacionales e Internacionales instan al FMO a no financiar a Banco FICOHSA
07 de julio de 2020
Linda Broekhuizen
Jefe de Inversiones
Fatoumata Bouaré
Oficial Jefe de Riesgo y Finanzas
FMO – Corporación Financiera de Desarrollo de los Países Bajos
Anna van Saksenlaan 71
2593 HW Den Haag, Países Bajos
RE: Carta pública para instar a FMO a no conceder un nuevo préstamo a la Financiera Comercial SA. FICOHSA.
Estimadas Sra. Broekhuizen y Sra. Bouaré,
El 9 de junio de 2020, el FMO reveló una inversión ex-ante para el Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) de Honduras[1]. Las organizaciones firmantes le escribimos para instarle a que no apruebe el préstamo del FMO a FICOHSA.
Lejos de contribuir al desarrollo que necesita el pueblo de Honduras, al otorgar un préstamo a FICOHSA, el FMO estaría, en cambio, prestando apoyo a la red de empresas políticamente influyentes involucradas en escándalos de corrupción y violencia, que forman parte de la cartera de inversiones de FICOHSA. Hay formas de estimular el desarrollo que son muy necesarias en Honduras, como el apoyo a los modelos de desarrollo de las comunidades indígenas que existen en abundancia en todo el país.
FICOHSA es parte de una poderosa red de inversiones y negocios[2] que opera en Honduras, promueve políticas económicas y programas políticos que afectan negativamente a la mayoría de los hondureños y las hondureñas. El presidente de FICOHSA, Camilo Atala Faraj, es uno de los hombres más ricos de Honduras, su nombre apareció en la lista de los multimillonarios de Bloomberg en 2015. Se cree que la mayoría de las familias empresariales hondureñas más ricas, de las que forma parte la familia Atala, en Honduras, hacen un uso indebido de su influencia en los organismos gubernamentales, el ejército, las estructuras paramilitares, los medios de comunicación y las empresas proveedoras de servicios para aumentar su propia riqueza. La existencia y las prácticas de las redes abusivas, y a menudo delictivas, a través de las cuales operan estas poderosas familias, han sido ampliamente documentadas[3][4][5][6]. Las familias de estas redes son las principales beneficiarias de las políticas de privatización aplicadas por el Gobierno de Honduras, mientras que la gran mayoría de la población hondureña se enfrenta a las crecientes dificultades de la pobreza extrema, la falta de atención sanitaria y de educación y la violación generalizada de los derechos humanos. Como escribe Sandra Chayes, la autora del informe “Cuando la corrupción es el sistema operativo”[7]: “La cleptocracia se beneficia de un importante refuerzo externo, consciente o inconscientemente, que incluye no sólo la asistencia militar, sino también gran parte de la financiación internacional para el desarrollo” (p. 2).
Por ejemplo, FICOHSA ha estado bajo escrutinio durante mucho tiempo por su financiación de la corporación Dinant. Dinant es una empresa de aceite de palma que opera en la costa caribeña de Honduras y que ha empleado fuerzas de seguridad privadas que han estado ciertamente implicadas en actos de extrema violencia, incluidos asesinatos. La propia Dinant ha sido acusada de promover grupos paramilitares violentos, de beneficiarse de adquisiciones de tierras fraudulentas[8] y de albergar operaciones de narcotráfico en sus terrenos agrícolas. Tan graves son las preocupaciones que el vicepresidente de la CAO, del Banco Mundial, dio el paso sin precedentes de solicitar que la CAO realizara una auditoría de la inversión directa de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en Dinant, y luego una segunda auditoría de la inversión de la CFI en la FICOHSA, que en su calidad de intermediario financiero de la CFI, también facilitó la financiación a Dinant. En la auditoría de FICOHSA la CAO documentó el incumplimiento por parte de FICOHSA de las normas de desempeño de la CFI[9]. En 2017 las comunidades, junto con Earth Rights International, presentaron una demanda civil en los tribunales de los Estados Unidos contra el Banco Mundial por negligencia y enriquecimiento injusto en relación con las inversiones de la CFI en Dinant, tanto directamente como a través de FICOHSA. El 27 de febrero de 2019 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la CFI no goza de inmunidad soberana para las actividades comerciales, lo que permite que la demanda siga adelante. Dinant ha sido uno de los mayores clientes de FICOHSA.
Las pruebas del juicio contra Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Henrry Hernández y otros como autores materiales del asesinato de Berta Cáceres[10], fueron revisadas en un informe de una coalición internacional de organizaciones de derechos humanos[11]. Estas pruebas revelaron que FICOHSA proporcionó financiación a los accionistas de la empresa DESA que se utilizó en el desarrollo y la construcción del proyecto Agua Zarca. Este proyecto Agua Zarca se desarrolló en violación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, por lo que cuatro funcionarios públicos han sido procesados penalmente. Además, 16 funcionarios públicos están siendo juzgados actualmente por aprobar fraudulentamente licencias y permisos a DESA para el desarrollo de este proyecto.
Al menos seis personas han sido asesinadas por este proyecto, incluyendo a Berta Cáceres y cinco miembros de la comunidad lenca de Río Blanco.
El Sr. José Eduardo Atala, miembro de la junta de la corporación Las Jacarandas y el mayor accionista de la compañía DESA, es primo del Sr. Camilo Atala Faraj. Su hijo, Daniel Atala, es el gerente financiero de DESA. Los mensajes intercambiados en 2014 entre el presidente de DESA David Castillo, actualmente en prisión debido a su participación en el asesinato de Berta Cáceres, y Daniel Atala indican que la financiación de FICOHSA fue a DESA[12]. Aunque FICHOSA ha negado cualquier participación en el proyecto de Agua Zarca[13], hasta la fecha no ha proporcionado ninguna documentación que demuestre lo contrario. El Sr. Daniel Atala está siendo investigado formalmente por el Ministerio Público de Honduras en relación con el asesinato de Berta Cáceres.
El estudio de la Sra. Chayes sobre la corrupción en Honduras también se describe la relación entre el banco FICOHSA y el escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el que FICOHSA, según se informa, participó en una transferencia ilegal de fondos del IHSS[14].
Si bien la inversión del FMO en FICHOSA como intermediario financiero tiene como objetivo fortalecer a la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) hondureña, la evidencia muestra que los préstamos a los intermediarios financieros por parte de las instituciones de desarrollo no están suficientemente monitoreados y responsabilizados[15]. Además, la definición de PYME de los organismos de microfinanciación podría incluir las actividades que causan daños importantes a las comunidades; por ejemplo, la empresa DESA podría considerarse una PYME. Las IF, y en este caso FICOHSA, no están obligadas a revelar información sobre sus inversiones con los préstamos de las IF. Esto es problemático, ya que las comunidades no pueden participar en la toma de decisiones sobre los proyectos. También, impide la posibilidad de pedir cuentas a los financiadores de proyectos perjudiciales. Hace falta un análisis minucioso sobre la medida en que el apoyo del FMO a FICOHSA habilita a las estructuras cleptocráticas de Honduras.
Reiteramos que no creemos que el apoyo del FMO a FICOHSA contribuya en modo alguno al desarrollo de Honduras y le instamos una vez más a no aprobar el préstamo del FMO al banco.
Atentamente,
Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Colectivo Comunicaciones La Insurrecta
Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Fundación San Alonso Rodríguez
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
Organización Política Feminista Luchemos
Programa Paso a Paso
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH)
Somos Muchas
Accountability Counsel
Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS Mesoamérica)
Association for Women’s Rights in Development
Bank Information Center (BIC)
BankTrack
Both ENDS
Bufete de Derechos Humanos: Estudios para la Dignidad
Bufete Justicia para Los Pueblos
Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC)
Center for International Environmental Law (CIEL)
Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Coelctivo de Derechos Humanos Honduras (CADEHO)
Comisión Internacional de Juristas
Confederación General del trabajo
COOPERACCIÓN
Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR)
Count Me In! Alliance (CMI!)
DIAKONIA
Entrepueblos
Environics Trust
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH)
Feministas Madrid X Nicaragua
FIDH, in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL)
Freedom House
Gender Action
Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA)
Guatemala Human Rights Commission USA (GHRC)
Guatemalagruppe Nürnberg e. V.
Het Actiefonds (XY)
Honduras Solidarity Network in North America
Honduras Delegation (HNDDEL)
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)
Instituto Amaq’
International Accountability Project (IAP)
Just Associates JASS
Latin America Working Group (LAWG)
Mama Cash
Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V. Ökubüro
OYU TOLGOI WATCH (OT WATCH)
Plataforma Por Honduras en Madrid España
Recourse
Red de Hondureñas Migradas (REDHMI)
Red de Mujeres de Matagalpa
RED EUROPEA DE COMITES OSCAR ROMERO (REDCOR)
Urgewald
Witness Radio – Uganda Witnessradio.org
World Organisation Against Torture (OMCT), in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
[1] https://www.fmo.nl/project-detail/58148
[2] https://carnegieendowment.org/files/Chayes_Corruption_Final_updated.pdf
[3] https://carnegieendowment.org/files/Chayes_Corruption_Final_updated.pdf
[4] https://www.globalwitness.org/en/countries/honduras/
[5] https://www.meneame.net/story/conozca-diez-familias-financiaron-golpe-estado-honduras
[6] https://fpif.org/behind_the_honduran_coup/
[7] https://carnegieendowment.org/files/Chayes_Corruption_Final_updated.pdf
[8] https://carnegieendowment.org/files/Chayes_Corruption_Final_updated.pdf
[9] http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=209
[10] Tribunal de Sentencia en Materia Penal Jurisdicción Nacional, Sala 1, Expediente judicial 388-2017 acu. 4-14. Asesinato en perjuicio de Berta Cáceres.
[11] http://www.ghrc-usa.org/2019/08/davidcastilloreport/
[12] https://soaw.org/wp-content/uploads/2019/08/Violence-Corruption-Impunity-A-Profile-of-Roberto-David-Castillo.pdf
[13] https://www.businesswire.com/news/home/20190306005625/en/FICOHSA-Denies-Links-DESA-Agua-Zarca-Project/
[14] https://carnegieendowment.org/files/Chayes_Corruption_Final_updated.pdf
[15] https://www.inclusivedevelopment.net/campaign/campaign-to-reform-development-lending-through-financial-intermediaries/