Washington, DC/Ginebra; presentación informe “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía.”
30 de agosto de 2019
Washington, DC/Ginebra
Hoy, un grupo de organizaciones expertas en derechos humanos que han estado monitoreando la Causa de Berta Cáceres en Honduras publicó, “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía.”
El informe, resultado de una cuidadosa investigación, reúne información que implica a Castillo, gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en un patrón de violencia, violaciones a los derechos humanos y corrupción que beneficia a las empresas con las que ha estado asociado. Castillo ha estado involucrado con al menos ocho empresas, registradas en Honduras y Panamá, como se describe en el informe.
El asesinato de Berta Cáceres en 2016 fue parte de una serie de ataques contra miembros de la organización Lenca COPINH que ella dirigía y contra la comunidad indígena de Río Blanco que nunca fue consultada sobre el proyecto hidroeléctrico que se está implementando en su territorio. La evidencia muestra que cuando las comunidades denunciaron los abusos, DESA desató una campaña de estigmatización y violencia con el apoyo de contactos claves en el Estado para asegurar la impunidad. En el veredicto de dado en noviembre de 2018, en el que se condenó a siete hombres por el asesinato de Cáceres, incluyendo a dos ex empleados de DESA, el tribunal llegó a la conclusión de que otros ejecutivos de DESA conocían y consintieron el asesinato, sin embargo no han habido más detenciones.
Castillo fue arrestado en marzo de 2018, actualmente se encuentra en prisión preventiva, a la espera de la continuación de la audiencia que decidirá si va a juicio por su presunto papel en el asesinato de Berta Cáceres, sin embargo, las acusaciones de su actividad criminal van más allá del asesinato. “Un perfil de Roberto David Castillo Mejía” documenta los procesos judiciales, investigaciones abiertas y sanciones administrativas en Honduras que sugieren que Castillo, un ex funcionario público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), graduado de la academia militar estadounidense West Point y oficial de inteligencia militar hondureño en condición de retiro, influyó ilegalmente en los contratos del gobierno y reclutó la ayuda de las fuerzas de seguridad del estado para cometer violaciones a los derechos humanos.
El informe también revela las posibles conexiones de Castillo con la red de narcotráfico más notoria de Honduras, Los Cachiros. La información muestra que Castillo actuó como representante legal de PEMSA, una sociedad de cartera (holding company) panameña de la cual no se tiene claridad sobre sus dueños. PEMSA posee acciones significativas en DESA. En 2014, PEMSA también asumió la propiedad de otra empresa generadora de energía en Honduras, PRODERSSA, empresa creada, según los fiscales hondureños, por abogados que administraban los activos del grupo Los Cachiros. La propiedad de PRODERSSA fue transferida a PEMSA unos meses antes de que los líderes de Los Cachiros se rindieran a la DEA.
Los fiscales de los Estados Unidos y Honduras deben investigar más a fondo las actividades del holding panameño PEMSA, en el cual David Castillo actuó como representante legal. El gobierno de los EE.UU. tiene la capacidad de sancionar a quienes violan los derechos humanos congelando sus activos y prohibiéndoles ingresar a los EE. UU.
Si las instituciones financieras internacionales y los bancos de desarrollo, incluido el Banco Mundial, se están asociando en inversiones con redes criminales, como sugiere la evidencia presentada en este informe, se deben adoptar medidas inmediatas para poner fin a estas prácticas. Tanto DESA como PRODERSSA han recibido financiación de instituciones financieras internacionales.
El informe se produce inmediatamente después de una visita a Honduras por parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en el que concluyeron que, “Con demasiada frecuencia, las empresas y los inversores se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.
El informe insta a la comunidad internacional a pedir al gobierno hondureño que proteja a los defensores de los derechos humanos, combata la corrupción y la impunidad, y evite la participación de los actores estatales en las violaciones de los derechos humanos. Se puede acceder en línea en http://bit.ly/DavidCastilloProfile
Para consultas de medios de comunicación:
Correo electrónico: media@ghrc-usa.org // Teléfono: (202) 529-6599
“Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña: un perfil de Roberto David Castillo Mejía” es una colaboración entre la Fundación Debido Proceso de Derecho, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, Robert F. Kennedy Derechos Humanos y la Escuela del Americas Watch.
El informe completo se puede descargar en: http://bit.ly/DavidCastilloProfile
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Resumen del informe
Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, ex funcionario público, graduado de la academia militar estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro. “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía”, reúne información sobre sus actividades comerciales y casos legales relacionados, incluyendo acusaciones por el asesinato de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas, internacionalmente reconocida, Berta Cáceres, y acusaciones de corrupción. En el informe se describen actividades delictivas, incluyendo graves violaciones de derechos humanos y actos significativos de corrupción mientras servía como funcionario público.
Las actividades delictivas descritas en Un Perfil de David Castillo se llevaron a cabo presumiblemente para promover los intereses de las empresas con las que Castillo estaba asociado. Por lo menos seis compañías fueron constituidas en Honduras, donde los registros corporativos se encuentran repartidos por todo el país en aproximadamente 30 registros distintos. Y al menos dos compañías asociadas con Castillo fueron registradas en Panamá, donde el anonimato de sus accionistas está protegido. Las dificultades para obtener acceso a los archivos de algunas de las corporaciones, y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad en Panamá, hacen extremadamente difícil identificar a los propietarios. Esto contribuye a que la impunidad sea un obstáculo para la investigación de la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.
Aunque múltiples corporaciones aparentemente se han beneficiado de supuestos delitos, aquellos que habrían beneficiado a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y a empresas relacionadas, son particularmente graves. Antes de su asesinato el 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres dirigió el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y apoyó a las comunidades indígenas que denunciaron la implementación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA en su territorio. Castillo fue gerente general de la empresa DESA en el momento del asesinato y aparentemente continúa en ese cargo a la fecha.
El 2 de marzo de 2018, Castillo fue capturado por el asesinato de Cáceres. Las pruebas presentadas por los fiscales ante los tribunales hondureños sugieren que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales y con el fin de llevar a cabo el asesinato. Castillo ha sido acusado y el caso sigue en la fase preliminar del proceso; no se ha detenido a ningún otro autor intelectual del crimen.
La evidencia sugiere que el asesinato de Berta Cáceres fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso e impunidad orquestado por Castillo junto a otros en DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal. La evidencia admitida en Honduras vs. Douglas Bustillo y otros sugiere que Castillo, sus asociados y empleados en DESA obtuvieron el apoyo de instituciones clave del gobierno hondureño, utilizando influencias indebidas en el Ministerio de Seguridad, la policía, las fuerzas armadas y el poder judicial hondureño, aparentemente para avanzar en los esfuerzos de intimidar, perseguir y neutralizar a Berta Cáceres y a la oposición del COPINH al proyecto Agua Zarca.
Un Perfil de David Castillo destaca la preocupación por las aparentes conexiones entre Producción de Energía Solar y Demás Renovables S.A. de C.V. (PRODERSSA) y la organización narcotraficante y violenta conocida como Los Cachiros. Aunque es imposible determinar quién es el propietario de PEMSA (Panamá), PEMSA asumió la propiedad de una compañía de energía hondureña, PRODERSSA, fundada por abogados que según los fiscales hondureños, administraban los activos de Los Cachiro en ese momento. La transferencia de la propiedad de PRODERSSA a PEMSA ocurrió pocos meses antes de que los líderes de Los Cachiros se rindieran a la DEA, lo que despierta la preocupación de que PEMSA pudiera actuar como un holding para ocultar los activos de Los Cachiro. Castillo era el representante legal de PEMSA,empresa propietaria de una gran parte de DESA.
El Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de PRODERSSA con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue adjudicado apenas 12 días antes de que el presidente hondureño Porfirio Lobo dejara su cargo. Un líder de los Cachiros testificó ante cortes de los Estados Unidos que sobornó a Lobo a cambio de contratos favorables a las compañías que poseía. Esto eleva la preocupación de que el PPA de PRODERSSA pueda haber sido otorgado mediante actos de corrupción.
Las empresas de reciente creación vinculadas con Castillo recibieron contratos de instituciones estatales para las que Castillo trabajó. Al parecer, estas empresas tenían poca o ninguna experiencia pertinente o capital de origen transparente. Esto incluye un PPA en poder de DESA que según los fiscales hondureños, fue negociado fraudulentamente con la ENEE para proporcionar condiciones indebidamente favorables para DESA.
Instituciones financieras internacionales parcialmente propiedad de gobiernos extranjeros como Noruega, Holanda y Finlandia, así como bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial, en el que Estados Unidos tiene una participación significativa han financiado estos proyectos. Algunos de estos bancos e inversionistas internacionales continúan beneficiándose de inversiones en compañías con licencias y contratos estatales cuestionables. En el caso de DESA, algunos bancos de desarrollo cancelaron el financiamiento, sin embargo, DESA aparentemente sigue teniendo licencias y contratos para el desarrollo del Proyecto Agua Zarca.
Castillo ha sido objeto de sanciones administrativas por acciones que podrían ser consideradas corrupción criminal. El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras determinó que la empresa de informática propiedad de Castillo vendía equipos a las Fuerzas Armadas a precios inflados y que Castillo también recibía ilegalmente un doble salario del gobierno mientras era oficial militar y empleado de la ENEE.
La Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha iniciado una investigación sobre posibles sobornos vinculados a las negociaciones de la ENEE con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht. La prensa hondureña informa que Castillo formó parte del equipo que negoció los contratos con Odebrecht, incluso viajando a Brasil, en representación del estado hondureño.
Las investigaciones detalladas en Un Perfil de David Castillo abren una ventana sobre las actividades de personas presuntamente involucradas en actividades delictivas y violaciones de los derechos humanos que benefician a las empresas, que al parecer han recibido apoyo de inversores internacionales y bancos multilaterales de desarrollo.
El informe destaca la precaria situación de los derechos humanos en Honduras y muestra cómo las concesiones para explotar los recursos naturales – especialmente cuando se hacen a empresas con conexiones a redes criminales peligrosas – a menudo impactan profunda y negativamente a las comunidades circundantes. Esto a menudo conduce a conflictos que ponen a los defensores comunitarios de los derechos humanos en un riesgo extremo.
El Perfil de David Castillo insta a la comunidad internacional a hacer un llamado al gobierno hondureño para que proteja a los defensores de los derechos humanos, luchar contra la corrupción y la impunidad, e insta a que se impida la participación de actores estatales en violaciones de derechos humanos. También establece una serie de recomendaciones relativas a la financiación internacional para el desarrollo.