Las comunidades organizadas en el COPINH se movilizan hasta la Corte Suprema de justicia, para exigir la cancelación inmediata de la concesión en el rio Gualcarque.
Las condenas de empleados y directivos de DESA por el asesinato de Berta Cáceres demuestran que es una empresa criminal y sus acciones son ilegales, además de violatorias a los derechos del pueblo Lenca.
¡Libertad para el río Gualcarque!
#JusticiaParaBerta
