Organizaciones de la sociedad civil expresan preocupación por obstáculos en el juicio de los acusados del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres que ponen en riesgo la justicia para Berta

Las organizaciones firmantes estamos profundamente preocupadas por las decisiones judiciales en Honduras que limitan los derechos de las víctimas a participar en el juicio por el asesinato en 2016 de la activista ambiental indígena Berta Cáceres. El pasado 19 de octubre, los jueces que supervisan el juicio de los hombres acusados de asesinar a Berta Cáceres retiraron del caso a los tres equipos de abogados que representan a las víctimas—la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro, quien resultó herido en el mismo incidente.

En el sistema penal de los Estados Unidos, la medida sería similar a excluir a los abogados
defensores del juicio. La ley hondureña ofrece a las víctimas el derecho de representación a
través de abogados privados que se llaman “fiscales privados”. El 17 de septiembre, los fiscales
privados solicitaron la recusación de los jueces con base en una queja que describe sesgos en
la decisión de los jueces de limitar el ámbito de la evidencia a ser revisada hasta tal punto que
pudiese resultar en la impunidad. Por lo anterior, los abogados de las víctimas notificaron al
tribunal que no podían asistir a una audiencia programada para el 19 de octubre porque los
jueces aún estaban sujetos a la recusación sin resolver, la cual actualmente está siendo
examinada por el Corte Suprema de Justicia de Honduras.

“Esta decisión fraudulenta del Tribunal deja a las víctimas del caso en completa indefensión,
pues, por dos años y medio, el Ministerio Público ha demostrado su incapacidad y falta de
voluntad para impulsar de manera diligente el proceso judicial. … su decisión arbitraria
establece, de manera contundente, el compromiso de las autoridades hondureñas de mantener
en total impunidad a la estructura criminal responsable de los ataques sistemáticos al COPINH
y del asesinato de Berta Cáceres”, expresó el COPINH en un comunicado.

Actualmente, cinco de los acusados están programados para ser liberados de la detención
preventiva el 2 de noviembre. El 15 de octubre, los abogados de las víctimas solicitaron que
además del asesinato, delito por el cual están acusados actualmente, también sean acusados
de “asociación ilícita”.

Instamos a la judicatura hondureña a que garantice la plena representación de la familia de la
víctima y el COPINH en el procedimiento judicial. Instamos al Ministerio Público a garantizar un
proceso independiente, imparcial y transparente que aborde a los autores intelectuales y
materiales de este terrible crimen y asegure la justicia para Berta.

HERE IN ENGLISH

Atentamente,

Alianza Americas
Amazon Watch
Amnesty International
Central American Legal Assistance
Central American Resource Center (CARECEN) – DC
Central American Resource Center (CARECEN) – Northern California
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)
Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH)
Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, US Provinces
COPAL
CRECEN
Federación Sindical Agrícola (FESTAGRO), Honduras
Florida Immigrant Coalition
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
International Labor Rights Forum (ILRF)
Latin America Working Group
Maryknoll Office for Global Concerns
National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd
Oxfam America
Presbyterian Peace Fellowship
Quixote Center
Red Contra La Violencia Antisindical – Honduras
Robert F. Kennedy Human Rights
Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team, Washington, DC
Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS)
United Methodist Church, General Board of Church and Society
Washington Office on Latin America (WOLA)