Honduras condena por tres años de cárcel por cultivar la tierra
El 23 de mayo del presente año, tres compañeros del COPINH; Eleuterio Hernández, Nieves Hernández Domínguez y Adán Hernández (padre y dos hijos), miembros de la comunidad indígena de San Pedrito, Intibucá, Intibucá fueron detenidos por el delito de “roturación de terreno”.
El supuesto delito consiste en que los 3 compañeros estaban sembrando su milpa, su sustento de vida y la práctica ancestral del pueblo Lenca, en un área supuestamente de vocación forestal, de lo cual no había sido informada, de ninguna manera, la comunidad indígena de San Pedrito y en un terreno que ha sido trabajado por la familia de los compañeros por parte de sus abuelos y abuelas por más de medio siglo.
Las instituciones públicas y funcionarios públicos como Ovidio Carranza (técnico de la fiscalía) y Dina Marisol Reyes (técnica del ICF) junto con comisiones de la DPI, FUSINA y la Policía Nacional, rápidamente se trasladaron a realizar una inspección en el área y capturar a los tres compañeros, después de una supuesta denuncia, cosa que no sucede cuando se denuncia a un terrateniente o a una empresa como DESA que ha destruido gran parte del bosque de Río Blanco que protege y nutre al río Gualcarque. Las autoridades le dijeron a los compañeros que debían pagar, por el delito de sembrar su comida, la cantidad de Lps.10,000.00 cada uno, lo cual no fue aceptado, puesto que no disponen de tal cantidad de dinero, además de ser una agresión contra los derechos de las comunidades indígenas de realizar sus prácticas ancestrales fundamentales como lo es la cosecha de maíz.
El COPINH denuncia que después de haber sido procesados por negarse a pagar una multa desproporcionada e injusta, el juez Mario Josue Pineda Guardado del Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Intibucá sentenció a 3 años de reclusión a los compañeros por el delito de “roturación de terreno de vocación forestal en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras” por sembrar maíz en la tierra que sus padres y abuelos han sembrado para el sustento de su familia y comunidad.
Las comunidades indígenas somos las principales defensoras y protectoras de los bienes comunes de la naturaleza y el medio ambiente, en la defensa de nuestros territorios han muerto asesinados compañeros y compañeras como Tomás García y Berta Cáceres, no como el Estado de Honduras que concesiona los territorios y despoja a las comunidades para que empresas nacionales y transnacionales se lucren de la destrucción de los bosques, ríos y montañas. El Estado hondureño se arrodilla indignamente a los intereses económicos transnacionales mientras que con prisa encarcela a los pueblos indígenas por cosechar la tierra.
El Juzgado Segundo de Letras de Intibucá pretende encarcelar a los compañeros por cometer el crimen de ser indígenas, pertenecer a una comunidad empobrecida por los terratenientes y autoridades corruptas y por cosechar el maíz, sustento de sus familias.
El proceso judicial en el cual fueron condenados los compañeros obvia los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y muestra de manera descarada la ignorancia por parte los operadores de justicia de los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas, o su descarada intención de criminalizar a las comunidades Lencas.
Las comunidades indígenas tenemos derecho a que se nos consulte de manera previa y libre toda medida que afecte nuestros territorios o nuestros derechos, incluyendo las declaraciones de áreas forestales, la ausencia de dicha consulta invalida cualquier persecución que se pretenda hacer a miembros de la comunidad. El Consejo Indígena de San Pedrito reclama que desconocen del área forestal y que, además, las autoridades han cometido errores en sus investigaciones.
La persecución a estos 3 compañeros hace parte de una estrategia por parte del Estado hondureño de criminalizar a las comunidades Lencas y asediar nuestros territorios, para luego venderlos o regalarlos a cambio de favores políticos o sobornos. Y tienen que ver con la preparación del terreno para amedrentar a las comunidades y luego otorgar sus tierras ya sea para la venta de madera a Europa con los AVA FLEGT, privatizar los bosques con los Redd+ o concesionar los territorios para el saqueo extractivista, minero y energético.
Acerca del proceso judicial que condenó a nuestros compañeros, el COPINH denuncia que:
• Se obviaron y negaron los derechos fundamentales como pueblos indígenas.
• Existen inconsistencias y contradicciones en los dictámenes de Ovidio Carranza y Marisol Reyes, en los que se basa la acusación.
• Se les acusa de haber roturado un área mucho mayor al área en la que han trabajado.
• La Alcaldía de Intibucá realizó una inspección y concluyó que esta área es de cultivo y no tiene carácter forestal.
En estos momentos el caso está en manos de la Corte de Apelaciones de Comayagua a la cual el equipo de abogados del COPINH ha hecho llegar una apelación a la sentencia de 3 años de reclusión para los 3 compañeros.
Hacemos un llamado urgente al movimiento social y popular de Honduras, a las organizaciones e instituciones de DDHH, a la OACNUDH y a la solidaridad internacional para que insten a los miembros de la Corte de Apelaciones de Comayagua que no permitan que se violen los derechos fundamentales a la vida y la realización de las prácticas ancestrales del pueblo Lenca, mediante la ratificación de la condena a nuestros 3 compañeros de la comunidad de San Pedrito.
Corte de Apelaciones de Comayagua Tel: 504-2772-0176, 504-2772-0136 @COPINHHONDURAS @PJdeHonduras
¡Con la fuerza ancestral de Bertha, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
Dado en la Ciudad de La Esperanza, Intibucá a los 6 días del mes de septiembre del 2017
el hashtag #NoMásInjusticia