Activistas por derecho a tierras sufren más agresiones en A. Latina
El informe “El riesgo de defender” de la Oxfam arrojó que 185 activistas fueron asesinados en 2015, 122 eran latinoamericanos. El director de la organización aseguró que la “violencia contra defensores sigue impune” en América Latina.
La defensa por el respeto de las tierras ancestrales de las comunidades indígenas, la defensa de los derechos humanos de los estudiantes y la comunidad LGBTI y la lucha por la tierra parece convertirse en una prueba de fuego para muchos activistas que son neutralizados e incluso asesinados por los Gobiernos de derecha latinoamericanos a través de distintos mecanismos.
En Honduras, por ejemplo, “el Gobierno culpa a la delincuencia común por el asesinato de 500 activistas en los últimos cinco años”, dijo el activista hondureño, Wilfredo Méndez, defensor de los Derechos Humanos (DD.HH.)
Prueba de esta realidad son hechos como el asesinato el pasado marzo de Berta Cáceres, líder hondureña del pueblo indígena Lenca, quien dirigió la resistencia hacia la construcción de la represa de Agua Zarca y la crisis financiera superada hace poco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual evidencia la falta de acuerdos sólidos que tienen los Estados para fortalecer los instrumentos locales e internacionales en Derechos Humanos, según el informe “El riesgo de defender”, publicado por la Oxfam, una ONG con más de 50 años establecida en Latinoamérica.
Según el informe, la mayor causa de violencia es la desigualdad en la región sumado al irrespeto que muestran los Gobiernos, defensores estos de los intereses de grandes compañías que socavan la tierra y el medioambiente.
Igualmente, un reporte de Front Line Defenders arrojó que en Honduras activistas por los derechos humanos de la comunidad de lesbianas, gay, bisexual, transgénero e intersex (LGBTI) representan el 15 por ciento de los 87 asesinatos contra activistas en América Latina, siendo el segundo grupo más afectado en la región luego de los activistas por el medioambiente y la tierra.
Los activistas de América Central, Colombia, México, Perú y Ecuador, que defienden los derechos de la tierra ante grandes proyectos mineros y de tala de árboles en zonas pertenecientes a comunidades indígenas, eran los que más riesgo corrían, informó el reporte publicado el pasado 6 de enero de 2016 en el portal web Expansión.
En Brasil, los defensores de derechos humanos y líderes indígenas de las comunidades Ka’apor y guaraníes- kaiowas son objetivos de compañías de tala que operan en la selva amazónica y de agricultores locales que reclaman derechos sobre áreas reconocidas como tierra ancestral indígena, según el reporte.
América Latina es una “región que ha entrado en una espiral de violencia inconcebible y debe parar ya. Se han perdido demasiadas vidas y el acoso a defensoras y defensoras continúa impunemente. Es hora de que los gobiernos actúen, sin más excusas y demoras”, dijo el subdirector regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, Asier Hernando.
“Es indudable que las dinámicas del negocio extractivista que no respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada y construye proyectos a gran escala sin autorización de las comunidades, generó un clima de violencia generalizada en contra de los ciudadanos que se oponen a estas obras en sus territorios. Lo más grave, es que en la mayoría de los casos todo esto ocurre con el apoyo de los Gobiernos, quienes conceden licencias sin tener en cuenta los protocolos internacionales”, culminó Hernando.
El incremento de la violencia contra activistas tiene tres factores que son necesarios mencionar, según la Oxfam, primero existe una particular agresión hacia las mujeres defensoras debido al modelo patriarcal, segundo hay una “vinculación de expansión de los proyectos y actividades extractivas” acelerando las violaciones a los Derechos Humanos en esas zonas y por último, la subordinación del Estado a poderes externos que tienen fortaleza por su concentración de riquezas y pueden neutralizar la función del Estado como protector de los ciudadanos.
En Argentina, la activista y líder de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala, quien carga con cuatro órdenes de detención, está aislada a causa de un procedimiento “irregular” como lo calificó la abogada defensora, Elizabeth Gómez Alcorta.
Sala fue detenida el pasado 16 de enero en su residencia en la provincia argentina de Jujuy por “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el pasado 2 de diciembre de 2016 al Gobierno argentino a dar pronta respuesta ante la detención arbitraria, así la han llamado, e instaron a su liberación inmediata.
Como el caso de Sala, existen cientos de activistas, como lo reseña el portal web Frontlinedefenders.org, que caen víctimas de trucos judiciales elaborados por Gobiernos que ven tambalearse sus intereses por los reclamos de estos valientes soldados desarmados que abogan por la consolidación de un mundo mejor.
El Día Mundial de los Derechos Humanos es celebrado los 10 de diciembre de cada año, en el 2016 las Naciones Unidas hicieron un llamado a defender los derechos humanos de “un refugiado o migrantes, una persona con discapacidad, una persona LGBTI, una mujer, un indígena, un niño y un afrodescendiente”.
