Militarización, sicarios, negocios y Alianza por la Prosperidad en Honduras

A raíz de la resistencia contra el proyecto de Agua Zarca por los habitantes de Rio Blanco, la región ha sido militarizada para imponer la construcción del proyecto hidroeléctrico. No es sorpresa, por tanto, que altos miembros de DESA posean influencia en la actuación de las fuerzas estatales de seguridad hondureñas. El presidente de la junta directiva, David Castillo Mejía fue ministro de gobernación durante el mandato de Ricardo Maduro, mientras el secretario de DESA, Roberto Pacheco Reyes, es un oficial de inteligencia militar. Pacheco también posee conexiones en el sector de energía pues actuó en 2008 como coordinador de desarrollo para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), institución propiedad del gobierno hondureño, la única restante controlada por el aparato estatal en la región centroamericana.

La respuesta militarizada va de la mano con la trayectoria del proyecto neoliberal promovido en 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola. Dictada por el Banco Mundial (junto a un paquete de políticas de ajustes estructurales) redujo los apoyos a los productores agrícolas locales y a su vez incrementó el respaldo al sector de exportaciones, pero sobre todo permitió vender tierras colectivas a inversores privados, lo cual ha aumentado las luchas territoriales con muestras extremas de represión por parte de empresas aliadas al estado hondureño como en la masacre de campesinos en el valle del Bajo Aguán por parte de Dinant.
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